Debate sobre los allanamientos nocturnos volvió a instalarse en la agenda política
El debate sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos volvió a instalarse en la agenda política uruguaya y comenzó a abrir un nuevo capítulo luego de la reunión que mantuvieron el presidente Yamandú Orsi y el titular del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.
El encuentro, realizado a comienzos de setiembre, permitió al dirigente nacionalista plantear directamente al mandatario la necesidad de analizar la incorporación de esta herramienta para el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Delgado propuso que la Presidencia convocara a los partidos políticos a una instancia multipartidaria para acordar un texto que habilite los allanamientos durante la noche.
Orsi respondió que no se negaba a analizar ninguna alternativa que pudiera contribuir a la seguridad y señaló que los tiempos habían cambiado y también las características del delito. Al mismo tiempo, recordó que se trata de un asunto que ya fue sometido a consideración de la ciudadanía y que existen opiniones divididas.
A partir de ese intercambio, el Partido Nacional comenzó a trabajar en una propuesta que tiene como uno de sus principales impulsores al senador Carlos Camy. El diputado nacionalista Pablo Abdala explicó a El Explorador que todavía no existe un texto definitivo, pero que se está evaluando cuál de los mecanismos previstos por la Constitución resulta más adecuado.
Entre las alternativas se encuentra la aprobación de una ley constitucional por una mayoría especial de la Asamblea General. Según Abdala, esta vía permitiría posteriormente realizar una consulta popular específica y separada de las elecciones nacionales.
El planteo nacionalista apunta precisamente a evitar que una eventual reforma quede mezclada con la competencia electoral. Abdala considera que si el tema se somete a consideración de la ciudadanía en el marco de una elección nacional existe el riesgo de que el debate específico sobre los allanamientos quede desplazado por la disputa entre partidos, candidatos y programas.
“Lo más pronto posible” es, para el legislador, el momento adecuado para avanzar. La intención es que, si existe un acuerdo político suficiente, el procedimiento pueda desarrollarse con anticipación a la próxima elección nacional.
Una herramienta que el Partido Nacional considera necesaria
Abdala sostiene que los allanamientos nocturnos constituyen una herramienta reclamada por integrantes de la Policía y que la imposibilidad de ingresar a determinadas viviendas durante la noche puede generar riesgos adicionales para los propios efectivos.
El legislador, que ocupó responsabilidades en el Ministerio del Interior, afirmó que ha recibido planteos de policías que consideran necesaria esta posibilidad y sostuvo que los procedimientos nocturnos permitirían actuar en determinadas situaciones sin tener que esperar hasta la mañana.
Su argumento se vincula especialmente con la persecución de organizaciones dedicadas al narcotráfico y con la existencia de viviendas utilizadas para actividades ilícitas.
Abdala también sostiene que Uruguay mantiene una restricción constitucional que responde a un contexto histórico diferente del actual. En su interpretación, la disposición fue establecida hace casi dos siglos, en circunstancias en las que no existían fenómenos como el narcotráfico organizado o las denominadas bocas de venta de drogas.
El dirigente nacionalista entiende que la eventual reforma debería ser decidida por la ciudadanía. “Siempre fue la gente” la que se pronunció sobre este tipo de cambios, sostuvo, y por eso considera que corresponde nuevamente una consulta popular.
El mecanismo que impulsa el sector de Camy busca, precisamente, que esa consulta sea específica y no coincida con una elección nacional. Abdala recordó que los antecedentes de plebiscitos realizados simultáneamente con elecciones muestran, a su entender, que el debate electoral puede terminar absorbiendo la discusión sobre el contenido de la reforma.
El Frente Amplio reclama evidencia
Desde el Frente Amplio la mirada es diferente. Claudio Arbesun, diputado suplente de la Lista 1001, considera que la discusión debe dividirse en dos planos: el análisis de la propuesta concreta y su relación con una estrategia general de seguridad pública.
Arbesun admite que el tema puede volver a discutirse, aun cuando ya haya sido sometido a consulta popular, pero sostiene que cualquier decisión debe partir de evidencia sobre los resultados que podría generar.
El legislador toma como referencia los planteos realizados por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien señaló recientemente que se trata de una cuestión “muy debatible” y que no existe evidencia suficiente para afirmar que la balanza se incline claramente hacia la efectividad o hacia los riesgos de la medida.
Para Arbesun, la evidencia disponible no permite considerar los allanamientos nocturnos como una herramienta decisiva para combatir los mercados ilegales de drogas.
Su principal argumento es que las grandes cantidades de droga, dinero y armas asociadas al narcotráfico no necesariamente se encuentran almacenadas en viviendas particulares. En su visión, las denominadas bocas de venta cumplen principalmente una función de expendio de pequeñas cantidades y pueden ser sustituidas rápidamente cuando una de ellas deja de operar.
Por ese motivo, sostiene que la intervención sobre las organizaciones criminales debería concentrarse en otros niveles de la cadena.
Entre las herramientas que menciona se encuentran la investigación financiera, la inteligencia policial y comunitaria y el despliegue territorial focalizado sobre los grupos identificados como responsables del microtráfico y de otros delitos asociados.
Arbesun plantea además una comparación internacional. Señala que existen países y regiones donde se realizan allanamientos nocturnos con frecuencia y que eso no se ha traducido necesariamente en mejores indicadores de homicidios. Menciona como ejemplos a Ecuador y a la provincia argentina de Santa Fe.
Su argumento no consiste en afirmar que la herramienta no pueda utilizarse en ningún caso, sino en cuestionar que pueda presentarse como una medida de impacto determinante frente al narcotráfico.
Una discusión que vuelve por tercera vez
El debate sobre los allanamientos nocturnos no es nuevo en Uruguay. La propuesta ya fue sometida a consideración popular en anteriores oportunidades y no logró ser aprobada.
La discusión volvió a instalarse ahora por iniciativa del Partido Nacional, que pretende que el tema pueda ser resuelto durante el actual período de gobierno y, de ser posible, antes de que el país ingrese nuevamente en un ciclo electoral.
Delgado había planteado a Orsi la convocatoria a una comisión multipartidaria para acordar el texto de una ley constitucional. Según explicó públicamente, el procedimiento requeriría una mayoría de dos tercios en la Asamblea General y posteriormente una aprobación ciudadana mediante plebiscito.
El presidente, por su parte, dejó abierta la puerta al diálogo, aunque no asumió una posición favorable a la iniciativa. “No me niego a analizar nada que pueda contribuir” a la seguridad, sostuvo Orsi, al tiempo que señaló que existen opiniones diferentes sobre el asunto.
La posición del Poder Ejecutivo tampoco aparece definida como un bloque homogéneo. El ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que no existe evidencia concluyente que permita inclinarse de antemano por una posición y planteó la necesidad de evaluar tanto la efectividad como los riesgos de la medida.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, también se refirió al tema y sostuvo que cualquier solución debería surgir de un consenso entre los partidos. En su opinión, los antecedentes muestran que las denominadas soluciones “mágicas” impulsadas unilateralmente por un sector no han resuelto los problemas de seguridad.
La discusión sobre el modelo de seguridad
Para el Frente Amplio, el punto central es evitar que la discusión sobre los allanamientos nocturnos termine ocupando el lugar de una política integral contra el delito organizado.
Arbesun sostiene que el gobierno pretende desarrollar una estrategia que incluya policiamiento inteligente, inteligencia territorial, participación comunitaria, trazabilidad de armas y municiones e investigación de los flujos financieros vinculados con las organizaciones criminales.
Desde esa perspectiva, el objetivo debería ser afectar las estructuras que permiten que los mercados ilegales funcionen y no solamente intervenir sobre el último eslabón de la cadena.
El legislador frenteamplista afirma que durante los primeros meses de la actual administración se han registrado avances en materia de incautaciones de drogas y dinero y en procesamientos vinculados con organizaciones criminales, aunque reconoce que los homicidios continúan siendo un problema pendiente.
