Negro advierte sobre el narcotráfico: “Son momentos difíciles”
El ministro del Interior defendió la investigación policial y la persecución del lavado de activos frente al avance del crimen organizado. En el Parlamento, cuestionó el “realismo mágico punitivo”, rechazó las salidas autoritarias y sostuvo que la seguridad debe proteger la libertad.
El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció que Uruguay atraviesa un escenario complejo frente al narcotráfico y defendió una estrategia que combine investigación, prevención y represión del delito. Durante un encuentro nacional realizado en Las Cañas, departamento de Río Negro, sostuvo que la expansión del crimen organizado exige un esfuerzo permanente y mayores capacidades policiales.
“Son momentos difíciles en materia de narcotráfico en el Uruguay, en la región y en el mundo”, afirmó al dialogar con periodistas después de la reunión, que congregó a autoridades policiales de distintos puntos del país. La actividad estuvo orientada al intercambio de experiencias y herramientas para enfrentar un fenómeno que, según el ministro, mantiene una dinámica de crecimiento internacional.
Sus declaraciones tuvieron como antecedente una comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Allí expuso su posición sobre la política criminal, discutió la utilidad de crear nuevas figuras delictivas y rechazó propuestas que impliquen restringir libertades mediante regímenes de excepción.
Las dos intervenciones permiten identificar los ejes del planteo ministerial: fortalecer la capacidad de investigar, perseguir las estructuras económicas del delito y sostener la actuación estatal dentro de las garantías democráticas. Ese enfoque deberá traducirse en resultados que puedan ser evaluados tanto por el sistema político como por la ciudadanía.
En Las Cañas, Negro destacó que estas reuniones “introducen elementos claves que luego son aprovechados por toda la Policía Nacional para mejorar los niveles de investigación”. El intercambio entre equipos adquiere relevancia frente a organizaciones cuyas actividades pueden extenderse por distintos departamentos y superar las fronteras nacionales.
La investigación criminal requiere reunir información dispersa, establecer conexiones y transformar indicios en pruebas. Un procedimiento puede descubrir un punto de venta o detener a un distribuidor, pero conocer la estructura que lo sostiene supone reconstruir proveedores, intermediarios, comunicaciones y movimientos de dinero.
Desde esa perspectiva, el desafío consiste en que cada intervención contribuya a identificar responsabilidades que excedan el episodio inmediato. La continuidad de las investigaciones y la coordinación con la Fiscalía resultan fundamentales para que una detención pueda integrarse a una respuesta más amplia.
Negro subrayó que la investigación y la represión del delito constituyen “la señal más clara para disuadir a los criminales”. Su planteo sitúa la capacidad efectiva de descubrir y perseguir conductas delictivas en el centro de la respuesta estatal.
El efecto disuasorio al que alude depende de que las organizaciones perciban un riesgo concreto de ser identificadas, investigadas y sometidas a la Justicia. La discusión sobre las penas, por tanto, se vincula con otra exigencia: disponer de instituciones capaces de esclarecer los delitos y sostener las actuaciones con evidencia.
Una amenaza que exige mirar el dinero
Consultado sobre la situación internacional, el ministro afirmó que prácticamente todos los países enfrentan el fenómeno con preocupación y destinan cada vez más recursos humanos y materiales al combate del crimen organizado. Uruguay, sostuvo, forma parte de ese esfuerzo.
“Se trabaja permanentemente en la represión del crimen organizado, se trabaja con investigación, se trabaja con prevención y se trabaja con la acción concreta y represión”, expresó. Vinculó ese trabajo con los resultados policiales en materia de detenciones, incautaciones y persecución del lavado de activos.
La referencia al lavado incorpora una dimensión decisiva del problema. El narcotráfico necesita obtener ganancias, conservarlas y encontrar mecanismos para utilizarlas. Investigar ese recorrido permite buscar responsabilidades y bienes más allá de quienes transportan o comercializan las sustancias.
Por eso, la evaluación de una estrategia contra el crimen organizado requiere observar qué sucede con las estructuras financieras que sostienen la actividad. Interceptar cargamentos tiene importancia, pero también la tiene establecer quién los financia, quién recibe las ganancias y cómo se intenta dar apariencia legítima al dinero.
En ese terreno, la respuesta exige capacidades especializadas, análisis patrimonial e intercambio de información entre los organismos competentes. La cooperación internacional también adquiere peso cuando las operaciones involucran personas, empresas o movimientos financieros en diferentes jurisdicciones.
Se trata de una tarea menos visible que un allanamiento, aunque central para afectar la capacidad de funcionamiento de las organizaciones. El planteo de Negro incluye esa dimensión, cuya eficacia deberá medirse mediante investigaciones y resultados concretos.
La droga que no se detecta
Uno de los puntos abordados en la rueda de prensa fue la cantidad de droga que circula sin ser interceptada. Ante esa consulta, Negro reconoció que existen “cifras negras” imposibles de cuantificar con precisión.
La distinción es relevante para interpretar las estadísticas. Las incautaciones muestran lo que las autoridades lograron detectar; por sí solas no permiten conocer el volumen total del mercado ilegal ni calcular qué proporción consiguió eludir los controles.
Un aumento de las incautaciones puede reflejar una mejora de la capacidad policial, una mayor circulación de sustancias o una combinación de factores. Del mismo modo, una caída necesita analizarse antes de extraer conclusiones sobre la evolución del narcotráfico.
De allí surge la necesidad de considerar varios indicadores y explicar sus límites. Las cantidades decomisadas, las investigaciones desarrolladas, las organizaciones desarticuladas y los activos identificados aportan información diferente sobre el alcance de la respuesta estatal.
“El fenómeno del narcotráfico está en expansión en el mundo y, por lo tanto, la criminalidad organizada que se genera en torno al tráfico de sustancias ilegales también”, sostuvo Negro. Frente a ese escenario, afirmó que se trabaja diariamente y con un esfuerzo creciente.
El reconocimiento de la dificultad constituye un diagnóstico. Para evaluar la política pública será necesario conocer, además, qué capacidades se incorporan, cuáles son las prioridades y cómo se verifica su cumplimiento.
El debate sobre los delitos y las penas
En la Cámara de Diputados, Negro cuestionó la propuesta de crear un delito específico para penalizar la integración a bandas criminales. Su argumento fue que el ordenamiento ya dispone de la figura de asociación para delinquir y que cambiar una denominación no modifica por sí mismo las conductas.
“Hoy se nos propone crear un delito que penalice a quienes integren bandas criminales. Y con la asociación para delinquir, ¿qué hacemos?”, preguntó. Luego insistió: “El delincuente no va a dejar de integrar una banda criminal porque le cambiemos el nombre al delito”.
La intervención expresa una discusión de fondo sobre el alcance de las reformas penales. Para el ministro, la aprobación de nuevas disposiciones no puede sustituir el trabajo que permite investigar, reunir pruebas e identificar a los responsables.
Ese razonamiento obliga a precisar qué problema pretende resolver cada modificación normativa. Una reforma puede discutirse por las herramientas que incorpora, los vacíos que busca atender o las dificultades que intenta superar. Su utilidad debe explicarse en términos concretos y evaluarse por sus efectos.
Negro utilizó la expresión “realismo mágico punitivo” para cuestionar la confianza en que el endurecimiento penal ofrece una solución suficiente. Atribuyó a ese enfoque parte de las dificultades del sistema carcelario y de las dinámicas de violencia que, según su exposición, se trasladan después a los barrios.
Su interpretación conecta la seguridad con las condiciones de reclusión y el egreso penitenciario. El debate comprende qué ocurre durante el cumplimiento de una pena y qué posibilidades existen de reducir la reincidencia una vez recuperada la libertad.
La relación planteada por el ministro requiere un abordaje que distinga situaciones y responsabilidades. Las personas en situación de calle no constituyen un grupo homogéneo y su condición no permite presumir conductas delictivas. Las políticas sociales, sanitarias y de seguridad deben actuar según las necesidades y los hechos de cada caso.
En ese marco, Negro recordó el Plan Invierno como una herramienta de protección para quienes viven en la calle y para la convivencia con los vecinos. Su referencia incorporó al debate la necesidad de respuestas que articulen asistencia e intervención pública.
