Cuba destacó el respaldo en la ONU contra el bloqueo y rechazó las presiones de EE.UU a gobiernos

La embajadora de Cuba en Uruguay, Lissett Bárbara Pérez Pérez, sostiene que las dificultades de su país deben analizarse en el contexto de las restricciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos. En entrevista con El Explorador, describió una presión que, según afirmó, atraviesa las operaciones bancarias, el transporte marítimo, el turismo y las posibilidades de adquirir insumos para servicios esenciales.

“Hay una guerra económica y multidimensional sobre Cuba”, expresó. Su planteo combina una denuncia sobre los efectos materiales de esas medidas con una lectura política: considera que Washington procura reducir tanto los ingresos de la isla como los apoyos internacionales a su demanda de que se levante el bloqueo.

En ese marco, valoró el respaldo de 130 países a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que reclama el fin de esa política. Para la diplomática, el resultado adquiere especial relevancia por las presiones que, según denunció, se ejercieron sobre distintos gobiernos antes de la votación. También destacó la intervención uruguaya en representación del Grupo de los 77 y China.

“Yo creo que lo más importante de la votación en la ONU es el abrumador apoyo de la comunidad internacional sobre Cuba”, afirmó. Interpretó ese pronunciamiento como una defensa del derecho internacional y del multilateralismo, además de una expresión de solidaridad con la población cubana.

La resolución lleva por título “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba”. Pérez Pérez subrayó la importancia de esa formulación porque identifica expresamente la política cuestionada y al Estado que la aplica. A su entender, el debate no puede reducirse a una diferencia comercial entre dos países vecinos.

La embajadora recordó que la iniciativa comenzó a presentarse en 1992 y que, con variaciones a lo largo de los años, reunió un respaldo internacional creciente. En su exposición, esa continuidad demuestra que el cuestionamiento trasciende afinidades ideológicas y cambios de gobierno.

Al repasar los antecedentes, se detuvo en 2016, durante la presidencia de Barack Obama, cuando Estados Unidos se abstuvo en la votación, en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Según recordó, representantes estadounidenses reconocieron entonces que esa política contribuía al aislamiento internacional de Washington.

Sin embargo, señaló que el acercamiento encontraba límites en la legislación estadounidense. Mencionó la ley Helms-Burton, que, según explicó, consolidó aspectos centrales del bloqueo y restringió las posibilidades de que el Poder Ejecutivo lo revirtiera unilateralmente. Para la diplomática, esa estructura ayuda a comprender la persistencia de las restricciones.

Su evaluación de la votación más reciente estuvo marcada por las condiciones en que se produjo. Denunció llamadas y gestiones destinadas a modificar posiciones, y atribuyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, contactos personales con autoridades del Caribe. Esas afirmaciones forman parte de la denuncia formulada por la representante cubana durante la entrevista.

Uruguay ocupó un lugar destacado en su análisis. Pérez Pérez valoró su intervención durante el debate en nombre del Grupo de los 77 y China, y aclaró que esa participación expresaba una posición colectiva. “En esa capacidad habló y recogió el sentir del grupo G77+ China ”, explicó.

También recordó que el presidente Yamandú Orsi había rechazado el bloqueo durante su intervención de septiembre en el debate general de la Asamblea General. Según indicó, otros 43 países se habían referido al asunto en esa instancia. Consideró que esos pronunciamientos mantienen la cuestión cubana dentro de la agenda internacional.

“Ellos lo que quieren es desconectar a Cuba, no solo de la economía, como han venido haciendo, sino de la solidaridad, de ese mensaje internacional de que esa política es rechazada”, sostuvo.

Uno de los ejes de la entrevista fue el alcance extraterritorial que atribuye a las restricciones. Según explicó, sus consecuencias llegan a bancos, navieras, proveedores y compañías de terceros países que mantienen relaciones con Cuba o tienen intereses en el mercado estadounidense. “Esto no es un tema bilateral, esto es un tema de todos”, señaló.

En su descripción, la posibilidad de enfrentar sanciones desalienta operaciones que podrían concretarse entre Cuba y empresas extranjeras. El obstáculo aparece antes de que una mercadería llegue a destino: puede surgir al buscar financiamiento, efectuar una transferencia, contratar un transporte o conseguir un proveedor dispuesto a vender.

Esa dimensión financiera ocupó un lugar central. “Ya casi estamos fuera del sistema bancario”, afirmó. Pérez Pérez sostuvo que entidades de distintos países evitan operar con Cuba por temor a las consecuencias de mantener esos vínculos. Mencionó cierres de cuentas, dificultades para efectuar pagos y cobros, y restricciones relacionadas con tarjetas y otras transacciones.

La embajadora vinculó ese escenario con la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Recordó que la Administración de Joe Biden retiró a la isla de esa lista al final de su mandato y que Donald Trump revirtió la decisión al regresar a la Casa Blanca. En su interpretación, esas oscilaciones muestran el peso de las decisiones políticas en las condiciones económicas del país.

“Cuba no es una amenaza para la seguridad nacional de nadie, ni Cuba es un país terrorista”, manifestó. Cuestionó las justificaciones de Washington y sostuvo que sus consecuencias se trasladan a operaciones necesarias para la vida cotidiana. Para la representante cubana, el impacto debe evaluarse por las posibilidades concretas de comprar, vender y sostener servicios.

Pérez Pérez afirmó que las dificultades tampoco se limitan al sector estatal. Según su exposición, alcanzan a emprendimientos privados cubanos que habían establecido relaciones comerciales o financieras con el exterior. De ese modo, cuestionó la idea de que la presión económica pueda aplicarse sin afectar a actores privados y a la población.

Las consecuencias sobre la salud y la educación aparecieron como una preocupación. La diplomática sostuvo que las restricciones para obtener ingresos y realizar transacciones internacionales reducen las posibilidades de importar insumos y financiar prestaciones. “Déjame comerciar, déjame tener ingresos para yo poder mantener mis hospitales”, reclamó.

La embajadora reconoció que los servicios cubanos ya enfrentaban problemas y una reducción de sus recursos. Sostuvo, sin embargo, que las restricciones agravan ese escenario y dificultan los esfuerzos por mantener las prestaciones. Su planteo fue que la evaluación de la crisis debe incorporar esos condicionamientos externos.

Esa posición se extendió al tratamiento informativo de la realidad cubana. Pérez Pérez cuestionó lo que considera una campaña de manipulación destinada a responsabilizar exclusivamente al Gobierno de la isla por las dificultades económicas y sociales. En su lectura, existe una disputa sobre las causas de la crisis y sobre los elementos que se incluyen o se omiten al explicarla.

El turismo permite observar esa relación. Pérez Pérez recordó que Cuba apostó a esa actividad como fuente de ingresos, junto con la exportación de servicios profesionales, después de la desaparición del campo socialista. La llegada de visitantes ocupa, por tanto, un lugar relevante en las posibilidades de obtener recursos del exterior.

“Hoy las agencias de viaje no te muestran el destino Cuba, lo esconden”, afirmó. Según explicó, algunas personas temen que visitar la isla les genere dificultades posteriores para ingresar a Estados Unidos, particularmente cuando tienen familiares, negocios u otros intereses allí. A su juicio, esa preocupación incide en la decisión de viajar.

La embajadora vinculó el escenario con las dificultades de hoteles y operadores turísticos. Señaló que las autoridades procuran concentrar la actividad en destinos y establecimientos que pueden mantener operativos, con el propósito de garantizar los servicios disponibles. Reconoció que recuperar el turismo constituye un desafío y que los problemas preceden a las medidas más recientes.

Al abordar la capacidad de resistencia, apeló a la historia cubana y a las luchas independentistas. Recordó que las disputas sobre la relación con Estados Unidos preceden a la Revolución de 1959. Situó el debate actual dentro de una discusión sobre soberanía y sobre el derecho de Cuba a definir su vínculo con el mundo.

“Los herederos del independentismo, los herederos de la resistencia, de que no queremos ser colonia ni queremos ser anexo de nadie, ahí están y están resistiendo”, expresó. En esa lectura, las dificultades materiales conviven con una determinación política de preservar la independencia.

También relacionó la situación con la influencia estadounidense en América Latina y el Caribe. Acusó a Washington de intentar reactivar una concepción de la región como zona de influencia exclusiva, en referencia a la doctrina Monroe. La embajadora interpreta, por ello, que las implicaciones del conflicto desbordan las fronteras cubanas.

Pérez Pérez reconoció que las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante, pero destacó su valor diplomático. “Es un mensaje moral y ético al mundo”, sostuvo. Para la embajadora, el respaldo internacional mantiene abierta una demanda: que Cuba pueda comerciar y relacionarse con otros países sin las restricciones que denuncia.