Gabriela Rodríguez: “No hay un conocimiento del perfil de cada una de las personas que están privadas de libertad”

Desde Familias Presentes demandan un accionar urgente y a corto plazo, para prevenir las situaciones extremas que se dan dentro del sistema carcelario.

Sistema carcelario, uno de los factores que se han puesto bajo la lupa de la sociedad por su hacinamiento, la muerte de 6 reclusos en un incendio y una demanda de ausencia del Estado e inversiones. Hechos que han logrado poner esta situación en los programas de gobierno y en el pensar social. En medio de un panorama político, todos quieren hacer llegar sus ideas y otros defender las cifras, pero también existen las voces de los familiares de los reclusos.

El Explorador habló con la presidenta de la Asociación Civil Familias Presentes, Gabriela Rodírguez. Un espacio constituido en 2022 por familiares de personas privadas de libertad, bajo el objetivo de “velar por el cumplimiento de los derechos humanos de nuestros familiares privados de libertad y por nosotros mismos como familiares”.

Rodríguez expresó que desde hace años hay una crisis estructural en el sistema penitenciario uruguayo, a la que se le suma en este último tiempo el índice de prescripción más alto de América Latina y el décimo a nivel mundial. “No nos enorgullece”, resaltó enumerando que hay unidades con módulos de condiciones edilicias muy deterioradas, con humedades, sin vidrios o ventanas, instalaciones eléctricas en mal estado, sanitaria inexistente en un lugar pensado para dos o cuatro personas y que viven seis, ocho o doce; alimentación escasa y poco nutritiva, y actividades fundamentales en un proceso de rehabilitación muy insuficiente, como la educación y el acceso al tratamiento de adicciones.

“¿Para qué sirve la cárcel?”

En 2023 el Programa Nacional de Educación en Cárceles y el departamento de Investigación y Estadísticas de la Dirección Nacional de Educación del MEC, con apoyo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y financiamiento de una convocatoria de la Comisión Nacional Coreana para la Unesco, presentaron un estudio en cuyos resultados mostraron que el 53,5% de los privados de libertad son analfabetos. Pero se destacó que el 94,4% tiene la voluntad de continuar estudiando.

En este marco, Rodríguez recalcó que hay una baja cobertura educativa, donde no todos los privados de libertad que necesitan o quieren culminar primaria o secundaria lo pueden hacer. Porque denuncia que para distribuir más plazas dividen las materias y al final del año no logran cursarlas todas o porque debido a algún motivo se pierden las clases y van otros en su lugar. En lo que tiene que ver con la actividad laboral, razonó que hay cerca de 6.000 personas que tienen algún tipo de actividad laboral en más de 15.000 privados de libertad y que en muchas ocasiones anunció que no necesariamente son remuneradas o no alcanzan los 12.000 pesos.

A esto, informó que se le suma una baja cantidad de funcionarios, que provoca que, en lugares donde las personas pueden tener actividades educativas o recreativas, no puedan cumplirlas porque no hay funcionarios que puedan acompañar. “Cualquier proceso grupal se ve absolutamente resentido”, expresó.

“Uno no duda de los informes que se dan, de las actividades que se hacen, el problema es que no están moviendo la aguja, porque la cobertura no es la suficiente y porque a veces, para que una persona esté en un proceso, el mismo pueda ser sostenible, necesita otras acciones anteriores”, y ejemplificó con que no siempre pueden sostener una actividad laboral por el problema de consumo problemático de sustancias. Esto se debe a que “no hay un conocimiento del perfil de cada una de las personas que están privadas de libertad”, siendo fundamental para saber dónde tienen que estar, con quién pueden estar y con quién no, a qué programas tienen que acceder y en qué orden, teniendo en cuenta que después es “imprescindible” medir y evaluar resultados.

Rodríguez aclaró que en la INR no hay falta de expertise sino de funcionarios para llevar adelante todas las acciones que deben tomar, sumando que además hay una falta de sostenimiento de las políticas públicas. Como ejemplo tomó al módulo de preegreso en la Unidad 4 con aproximadamente 80 plazas que no superan las 25 personas. “Es difícil pensar que en el sistema no haya 80 personas que estén en condiciones preliberatorias para acceder a este lugar”, lamentó, entendiendo que se debe a la carencia de recursos para obtener el diagnóstico de perfil de las personas. Entonces “estamos dilapidando recursos”.

En conclusión, advierte que todo esto se ve reflejado en las cifras de reinserción, que, según un informe del Ministerio del Interior, realizado por primera vez en el país el año pasado, ronda el 70%. “Nos tiene que hacer reflexionar para qué está sirviendo entonces la cárcel, porque por cometido constitucional en nuestro país no está hecha para castigar, sino para reeducar”.

Hay acciones para las que “no se necesita dinero” ni “esperar”

Rodríguez aseguró que desde la asociación están al tanto de toda la repercusión que tuvo la muerte de seis reclusos en un incendio provocado, entre ellas la interpelación al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en donde no se anunciaron medidas específicas en relación a los acontecimientos y para prevenir que no vuelvan a suceder, hecho que les “preocupa muchísimo porque entendemos que si no se toman algunas medidas urgentes, nada nos asegura que esto no volverá a suceder”. Recordó que es producto de las malas condiciones que llevan a extremas circunstancias de conflictos internos.

“¿Por qué el sistema no se preocupa fuertemente por tratar de que se minimice el riesgo de repetición de estos acontecimientos?”, cuestionó. Agregó que “se debería poder advertir que internamente hay un conflicto latente a punto de explotar”. Entonces, manifiestan que primero se tiene que poder detectar y después estar en condiciones para poder actuar. En ese sentido reiteró que mientras exista una escasez de funcionarios no hay mucho que puedan hacer. Como accionar urgente, desde Familias Presentes proponen que ante la existencia de unidades penitenciarias con plazas disponibles, se disperse a aquellos privados de libertad que estén en condiciones.

Rodríguez sabe que seguramente las personas del Módulo 4 de Santiago Vázquez no están en condiciones de ir a ocupar esas plazas, pero que sí se puede aplicar un traslado de manera progresiva, donde aquellos privados de libertad que muestran mejoría dentro del sistema penitenciario puedan ir a ocupar otras plazas.  “Es lo mínimo que se debería estar haciendo hoy, ya que para eso no se necesita dinero. No hay que esperar las plazas nuevas, hay que empezar a ocupar las plazas disponibles que existen en el sistema”, expresó. En esa línea informó que se precisaría de un equipo técnico, de los que ya existen dentro del INR, que trabaje para evaluar a las personas del módulo y de las otras unidades, para lograr hacer los corrimientos.

Rodríguez en la conversación incorporó la dimensión de la situación de las familias y del entorno más cercano de los privados de libertad, que viven y vivieron esta situación. A su vez, la del funcionario que trabaja en condiciones insalubres. Afirmó que un acontecimiento como el de los seis fallecidos, son extremos visibles que se dan cada tanto tiempo, pero que “la situación de violencia interna, institucional, de abandono y de conflictos de convivencia entre ellos en algunas circunstancias es un hecho cotidiano”, lo que genera una “afectación traumática a todos directa e indirectamente, que no se resuelve fácilmente en la vida de las personas desde el punto de vista emocional”.

Concluye así, que “es un problema de toda la sociedad, porque cada vez más personas estamos siendo afectadas por estas condiciones carcelarias”, en las que el sistema “debería afianzar y fortalecer los vínculos familiares y en realidad los desalienta, no en forma explícita, pero sí con las condiciones a las que nos enfrenta, y todo conspira contra las mejores posibilidades de egreso de esa persona privada de libertad”.

Además, informó que no hay una Oficina de Atención a la Familia profesionalizada que no sea la administrativa existente y que no resuelve la mayoría de los problemas. “Insistimos mucho en que las familias deberíamos ser sujetos de atención de la política del sistema penitenciario”, comentó. Es un sistema que no considera el acercamiento familiar como algo prioritario, obstaculizando el vínculo, donde muchas veces hay temas económicos detrás.

Alternativas para madres con hijos

Desde la creación de Familias Presentes, nos comentó que hay algo en lo que se viene  insistiendo con fuerza y es que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al vínculo con su familiar privado de libertad, “lo que conlleva a una necesaria mejora de las condiciones de los espacios de visita, para que puedan tener un espacio de mínimo disfrute”, situación que lamenta que no solo no se ha mejorado, sino que no hay acciones concretas para hacerlo.

En segundo lugar, exigen que sean lugares seguros, donde no tengan que presenciar conflictos entre privados de libertad estando en la visita, hecho que sucede. Proponen que una solución sea que aquellas visitas que incluyen menores de edad sean en un lugar diferente.

En cuanto a las infancias, según cifras del INR, en diciembre de 2023 había 67 niñas y niños viviendo con sus madres en cárceles, situación y espacio que no están destinados a este grupo y que atenta contra sus derechos. Rodríguez destacó que en este sector “hay muchas voces”, pero entienden que hay casos que se deberían estudiar, para implementar penas alternativas a la prisión.

“Hay que poner en primer lugar el derecho y la protección de esos niños y niñas, porque si bien es cierto que es muy importante que convivan con sus madres, no hay derecho a que estén privados de libertad”, expresó. Trajo a colación un ejemplo de alternativa que se aplica en Colombia, donde se aprobó este año la Ley de Utilidad Pública, que concede la libertad a cambio de horas de servicios comunitarios a mujeres a cargo de hijos menores o de personas con discapacidad que no sean reincidentes y tengan una condena inferior a ocho años por hurto o tráfico de estupefacientes.

Para finalizar, no dejamos pasar las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia en materia de seguridad, sobre todo a lo que refiere al sistema carcelario. Rodríguez planteó que la asociación accedió a la información que es pública. Destacó que es un tema presente y que “da la impresión de que si hubiera voluntad política, los aspectos en los cuales todos los partidos coinciden, podría existir un cierto acuerdo, más allá de las contiendas políticas”.
La situación actual del sistema “está haciendo necesario tener esa voluntad de anteponer los intereses de todos a las contiendas políticas partidarias”, pero además, considera que “si bien el sistema político es el que toma decisiones, si no hay una sociedad que empiece a concebir las cosas de manera diferente va a ser difícil que el sistema político genere soluciones y la sociedad todavía es muy punitivista”.