Sistema carcelario: su demanda de inversión y políticas quedan cada vez más en evidencia

Expertos en el tema concuerdan que llegó el momento de aumentar el foco en las carencias y problemas que presenta. Algunos afirman que esta administración marcó un antecedente de inicio, mientras otros consideran que su actuación empeoró la situación.

A tan solo 10 días de las elecciones nacionales, Uruguay parece sumergirse en ciertos temas de interés general, poniendo mayor foco en aquellas cosas que se deberían mejorar y en las propuestas que ya los candidatos han colocado sobre la mesa. Uno de esos temas es la situación del sistema carcelario, que durante un par de semanas se llenó de críticas, defensas y propuestas.

Basados en los datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) brindados en abril de 2024, se alertó que la población carcelaria aumentó un 32% desde marzo de 2020 a esa fecha, superándose los 15.000 reclusos con una tasa de reincidencia de casi el 70%. Uruguay es el décimo país del ranking global de población carcelaria cada cien mil habitantes, manteniendo una tendencia de suba desde hace 17 años. Si bien desde la administración del Ministerio del Interior (MI) defienden que detrás hay una mayor efectividad en el accionar policial, lo que lleva a bajar las cifras en ciertos delitos, también provocó un hacinamiento y dejó en evidencia la carencia de fuerza que tienen las políticas de rehabilitación y reinserción.

Los actores responsables ya han dado sus discursos asegurando, por ejemplo, mayores plazas para lograr un hacinamiento cero. Desde El Explorador y siguiendo con este tema que se encuentra en el ojo público, entrevistamos a los asesores en seguridad de los principales partidos políticos, quienes coinciden en que la situación requiere de medidas a tomar.

Partido Colorado: “El sistema tiene que funcionar armónicamente”

La docente maestranda en Seguridad Pública, Sara Durán, quien integra el equipo de asesores en seguridad del Partido Colorado, nos expresó que en base a su experiencia, como asesora del Comisionado Parlamentario de 2007 a 2015, el sistema carcelario siempre estuvo en una situación preocupante. La diferencia que existió en esta administración fue la implementación de la Ley de Urgente Consideración, donde se redujeron ciertas libertades anticipadas, se aumentaron penas y desaparecieron institutos jurídicos del Código Penal, provocando entonces que, sumado a la efectividad policial, haya un aumento de la población carcelaria “de una forma exacerbada y para la cual no estábamos preparados y no estamos preparados al día de hoy”.

Durán defendió los instrumentos aplicados, pero trajo a colación temas de los que nadie habla, respecto al tema carcelario, siendo uno de ellos el crímen organizado desde dentro de las cárceles, que se fortaleció con el “acceso a los teléfonos, la falta de control dentro de las unidades y el hacinamiento”. En ese sentido entiende que esto no permite una reinserción, porque la persona no deja de delinquir por estar en prisión. “Aquellos que entran con adicciones se conectan con las redes de venta y terminan haciendo cualquier cosa con tal de seguir consumiendo y de cumplir con las deudas”, reflexionó.

Ante la realidad de que “los recursos son muy escasos para trabajar en el tema de la resocialización”, analiza que “llegó el momento de invertir”. Primero, habló de la prevención, que al ser nuestros primeros mil días como los más importantes, desde el partido realizan un fuerte enfoque en las infancias para cambiar las situaciones en determinados ambientes y que “rompen la empatía”. Luego, continuó con que las políticas para una rehabilitación y un egreso deben aplicarse desde el ingreso.

Otro tema que está olvidado es la situación de las mujeres privadas de libertad (cifra que aumentó en un 26%), quienes están recluidas en modelos pensados para hombres, que no tienen previstas sus necesidades y menos las de niños. A su vez, entiende que se ha negado la posición de poder que muchos hombres tienen hacia las mujeres, quienes terminan siendo cómplices de sus crímenes por miedo.

La autora de varios artículos académicos y colaboradora en libros sobre materia penal expresó que “tenemos que entender que la inversión en el sistema carcelario es una inversión para que la sociedad no vuelva a ser víctima de esta persona”. En cuanto a las propuestas del partido, expresó que en seguridad pública no hay medidas más importantes que otras, sino que “hay que hacer todo a la vez, porque con cualquier medida todos los segmentos se ven afectados”. Entonces, concluyó que todo ese sistema tiene que funcionar armónicamente, donde si yo pongo foco en un solo segmento, se desestabiliza, como sucede actualmente.

Partido Independiente: “Dilapidación de recursos”

En entrevista con el asesor en seguridad del Partido Independiente, Dardo Rodriguez, quien además es director ejecutivo del Fondo Infancia y candidato a diputado por la agrupación Crecer (lista 1999), expresó que el incremento exponencial de la cantidad de privados de libertad evidencia varios factores que son de naturaleza diferente. Uno de ellos está vinculado a la situación social del país. “Nuestra prioridad principal es combatir la pobreza infantil y eso es una visión de largo plazo, porque las personas que hoy están en el sistema penitenciario fueron niños que no tuvieron oportunidades y que sus vidas fueron desarrollándose en condiciones de privacidad y vulneración”, reflexionó.

Luego enumeró que hay temas vinculados a la propia institucionalidad del sistema carcelario y que son necesarios modificar. En ese sentido anunció que para el partido el INR debería estar fuera del MI. Si bien entiende que “el tema institucional no resuelve el problema, las posibilidades de que se pueda avanzar son menores”. Rodríguez habló de la creación de un servicio descentralizado y volver a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, para recuperar el enfoque de rehabilitación y reinserción.

“Cualquier persona que conoce el sistema sabe que allí hay problemas de dilapidación de recursos”; en ese sentido entiende que esto llevó a un aumento significativo de la necesidad, tanto de recursos humanos como de infraestructura y de accesos a los servicios. “Hay una norma, no escrita, de las políticas públicas en general, donde tendemos a tener muchas, un enorme financiamiento e inversiones pero no tenemos evaluación de los resultados”, expresó. Ante esto recordó que la recolección de información es un camino pendiente y que en sus propuestas plantean algunas acciones para iniciar. Concluye así que “las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia”.

Rodríguez agregó que Uruguay debería revisar con más seriedad las medidas alternativas a la privación de libertad para determinados delitos. Afirma que “hay un abuso” de la sanción, que implica llenar las cárceles de personas, que después por la propia dinámica del sistema “reproduce la misma lógica, porque está demostrado que la privación de libertad en este contexto en el que tenemos hoy agrava la situación”, sobre todo en la situación de las madres privadas de libertad con su hijo o hija, entendiendo que “dependerá de muchos factores, pero como mayor prioridad, deberíamos garantizar los derechos al niño o niña y encontrar otras alternativas”, concluyó.

Frente Amplio: “Los desafíos son impostergables”

Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), es un referente en temas penitenciarios. Habló con El Explorador aclarando que lo hacía a título personal sin comprometer la opinión de ningún sector político. De todos modos, también precisó que en su calidad de experto en esta área ha recibido consultas por parte del candidato presidencial Yamandú Orsi. En la conversación, Saavedra indicó que, a nivel penitenciario, hay que elaborar un “programa de acción inmediata” con fecha de inicio efectivo el 1º de marzo de 2025. “Hay algunos desafíos que a mi juicio son impostergables porque la situación es explosiva”, advirtió. “El primero es el de la reducción de la reincidencia. Hay unas 9.000 personas liberadas por año y unas 6.300 que reinciden en los primeros tres años. Ninguna organización es sostenible con esas tasas y el país menos lo es”, agregó.

Agregó que para que esto suceda “hay que fortalecer y profesionalizar a la Dinali. A su vez cuando se cree el Ministerio de Justicia, además de llevar al INR, también se debe absorber a esta Secretaría”.

Para Saavedra, otro gran objetivo sería “más estudio, más trabajo y la eliminación del anafalbetismo, hay que armar un proyecto concreto que permita por lo menos en el quinquenio cuadruplicar las opciones laborales y educativas en todas las modalidades de nuestras prisiones”. Expresó que “si nosotros no logramos montar un dispositivo muy importante de trabajo y estudio se hace imposible avanzar en la disminución de la reincidencia”.

El otro gran objetivo del quinquenio, señaló, es la conformación de un plan de atención para el uso problemático de drogas. “Tenemos que montar por lo menos un dispositivo completo de profesionales por cada centro penitenciario”, afirmó. En este punto, otra de las recomendaciones es la realización de “una consultoría profunda en el primer año de la nueva administración para saber con exactitud cuál es la magnitud del problema para que las autoridades políticas puedan tomar las mejores decisiones”.

Por otro lado, “tenemos sectores del sistema donde se reportan hacinamiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. El quinquenio que viene tendrá que ser para organizar espacios dignos para la privación de libertad, señaló. “No puede ser Uruguay un país observado por este tipo de cosas”, indicó. Otro punto tiene que ver con la creación de un plan de atención a las familias de las personas privadas de libertad. Otro aspecto tiene que ver con la elaboración de un plan de atención a la salud, “ahí hay que hacer un esfuerzo importante para hacer una puesta a punto, tenemos testimonios de que la situación no está bien”. El último punto del programa de acción inmediata es reformular la capacitación de los funcionarios y funcionarias que trabajan en las prisiones. “No podemos seguir formando en la policía a los muchachos que van a trabajar en el sistema carcelario porque la policía es para otra cosa”, afirmó. En ese sentido, propuso fortalecer la “muy débil” Escuela de formación de funcionarios penitenciarios. “Hay que ver lo que se hace en el mundo, ponernos en diálogo con las universidades”, indicó. Y obviamente, “elegir un equipo muy sólido, desde el punto de vista académico para liderar este programa”.

Cabildo Abierto: “Estamos peor que nunca”

El Comisario (Gral R.) Lic. Gustavo Sánchez Paleo, asesor de Cabildo Abierto en materia carcelaria, razonó que “estamos peor que nunca, estamos en una crisis terrible”. Recordó que, en 2009, cuando el relator de la ONU Manfred Novak visitó Uruguay, “dio un duro diagnóstico pero muy real” sobre el sistema carcelario. “Si bien estoy alejado físicamente, estoy seguro que si ahora viniera Novak se muere; fuimos para atrás”, agregó.

Sánchez sirvió en el instituto policial durante 38 años. Se desempeñó por 34 años como docente Grado 7. Como oficial tiene un diplomado de Estado Mayor y una Licenciatura en Seguridad. Además, integra la Comisión Honoraria de Educación Superior Policial y Militar del Ministerio de Educación y Cultura.

Cabildo propone el “trabajo obligatorio” a nivel penitenciario. En ese sentido, plantea una reestructura del sistema carcelario a través del INR donde se gestione con equipos multidisciplinarios la rehabilitación de todas las personas privadas de libertad estableciendo el trabajo de forma obligatoria. A cambio, cada persona privada de libertad recibirá una prestación equivalente a un 60% de un salario mínimo nacional. Además, se establecerá un cronograma de horarios y actividades educativas. Por otra parte, el partido plantea reafirmar el respeto a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (reglas Mandela).

Por otra parte, propone implementar un plan de reforma progresiva del INR, crear un escalafón penitenciario para personal superior y subalterno, con formación mixta en seguridad y rehabilitación. Además, promueve la construcción o adaptación de un centro habilitado como hospital penitenciario e implementar un proyecto de seguridad de las comunicaciones carcelarias. Asimismo, se propone construir y reglamentar el funcionamiento de una cárcel de alta seguridad con destino a personas peligrosas y provenientes del crimen organizado. Respecto al consumo problemático de sustancias, se plantea establecer un plan para atender el problema que afecta al 85% de la población carcelaria, así como la creación de establecimientos especializados en rehabilitación de adictos privados de libertad. Además se propone incrementar el personal especializado de la Dirección Nacional de Libertad Asistida, así como ampliar la presencia del Dinali en todo el territorio nacional.

Partido Nacional

En el programa de gobierno del Partido Nacional defienden la gestión que realizó la coalición multicolor en materia de seguridad, donde resaltan que cambió la relación con la policía, la relación con la ciudadanía y la relación con el delito y la delincuencia. En ese sentido admiten que hay un camino “desafiante” por recorrer en el que tendrán un enfoque “rehabilitador adaptado a las necesidades, habilidades y circunstancias de cada persona”.

Entre las medidas a tomar se destacan la creación del Ministerio de Justicia, pasando así el INR bajo su órbita. A su vez, hablan de un aumento presupuestal “significativo” y la promoción de la coordinación con otras instituciones del Estado competentes al tema, bajo objetivos “obligatorios y medibles”. En ese sentido realizará seguimiento y evaluación para medir el progreso de cada unidad hacia los objetivos establecidos.
En cuanto a los aspectos edilicios proponen el modelo de unidades chacras, sobre todo para las mujeres con hijos, “con espacios individuales que protejan los derechos de los niños en el goce de su vida, su desarrollo y su crianza”. Al ingreso a cada recluso se le hará un plan personalizado y se reforzarán los derechos a la salud, educación y trabajo. Se trabajará en el egreso en todas las unidades del país, tomando de referencia el Centro de preegreso en Santiago Vázquez, al momento del ingreso y en conjunto entre operadores penitenciarios y técnicos del Ministerio de Desarrollo Social.