Seguridad: oposición acusa al Gobierno de perder el control mientras empeora la violencia narco
Uruguay atraviesa semanas de alta tensión en materia de seguridad pública. En pocos días se registraron homicidios y episodios violentos en distintos puntos del país, desde Montevideo hasta San José, Canelones y Durazno, confirmando una realidad que ya no se limita a determinados barrios de la periferia de la capital o área metropolitana.
Entre los hechos más recientes se encuentra el homicidio de un hombre de 35 años en San José de Mayo; el doble asesinato ocurrido en Manga, donde dos hombres fueron ejecutados dentro de un automóvil en medio de una disputa territorial que la Policía vincula al narcotráfico; y el ataque a un efectivo policial en Nuevo Ellauri, quien salvó su vida gracias al chaleco antibalas luego de resistirse a una rapiña.
En paralelo, el Ministerio del Interior anunció una serie de cambios en la estructura de mando de la Policía Nacional. El ministro Carlos Negro sostuvo que “estos cambios responden a un monitoreo y una evaluación permanente que realiza el Ministerio del Interior en función de las necesidades y circunstancias de cada momento” y aseguró que permitirán mejorar la seguridad de la población.
Los movimientos incluyen la designación del comisario general Alfredo Clavijo al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo, el pasaje de Julio Sena a la Subdirección de la Policía Nacional, la llegada de Pablo Lotito a la Dirección de Investigaciones, la designación de Julián Abraham en Asuntos Internos y de Fabián Monzón como director de la Guardia Republicana.
Sin embargo, desde la oposición nacionalista la lectura es diferente. En entrevista con El Explorador los senadores Javier García y Rodrigo Blás, ambos integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, sostienen que la situación refleja un problema más profundo: “La ausencia del Estado en sus funciones más esenciales”, liderazgo político en el combate al crimen organizado.
Javier García: “Estamos viviendo un Estado fallido en materia de seguridad”
El presidente de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, Javier García, realizó un diagnóstico contra la gestión del Ministerio del Interior.
“Estamos en un momento donde podemos afirmar que en Uruguay estamos viviendo un estado fallido en materia de seguridad”, afirmó.
Para el senador, el problema excede la coyuntura de los homicidios recientes y está vinculado a una pérdida de presencia estatal en determinados territorios.
Sostuvo que “hoy en el Uruguay de hoy hay territorios, que están administradas por el narcotráfico y el crimen organizado. Donde el narcotráfico y el crimen organizado deciden quién vive y quién muere”.
García entiende que detrás de este fenómeno existe una renuncia del Estado a ejercer autoridad. “Eso es por la ausencia del Estado en sus funciones más esenciales. Por eso digo que hay un Estado fallido”, agregó.
“La silla del Ministerio del Interior está vacía”
Sobre los recientes cambios en la estructura policial anunciados por el ministro Carlos Negro, García apuntó directamente contra la conducción política de la cartera considerando que “no es un tema de la policía, es un tema del ministro. Lo que falta no son policías, lo que falta es rumbo y liderazgo político, el mando político”.
Para el senador nacionalista “la silla del Ministerio del Interior está vacía. Quien debe ejercer la autoridad y el liderazgo institucional y político sobre la policía no lo ejerce”. Según el legislador, las modificaciones en la cúpula policial son una consecuencia de esa falta de conducción y los cambios de última hora “son claramente signos de esa falta de autoridad”.
Además, consideró que el ministro estaría trasladando responsabilidades a la Policía, adjudicando que se tratan de “la muestra gráfica de un ministro que fuga de su responsabilidad y apunta a la policía”.
Críticas al plan de seguridad y a los operativos focalizados
Otro de los puntos cuestionados por García fue la estrategia de seguridad presentada por el Gobierno y los operativos especiales implementados en las últimas semanas en zonas consideradas críticas.
El senador consideró que se trata de “todo un show mediático”. A su juicio, existe una diferencia entre la presentación pública de los operativos y la continuidad de las acciones en territorio. “Llevan a las cámaras de televisión para salir en esos informativos y después no van nunca más”, afirmó.
Incluso cuestionó declaraciones recientes del propio ministro: “Si el propio ministro dice que tiene que retomar los patrullajes dos meses después de que presentó el plan de seguridad, ¿por qué no se hizo nada en la previa?”.
La frontera como frente de batalla
García también defendió el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia fronteriza y reclamó avanzar en iniciativas que amplíen su participación. En este sentido, recordó que durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa se aplicó la ley de vigilancia de fronteras (Ley N° 19677) la cual autoriza a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en zona fronteriza en un rango de hasta 20 kilómetros.
“En cinco años tuvo muy buenos resultados en materia de incautación de drogas, de prohibición de ingresos, detención de ingresos irregulares de personas, incautación de armas, grandes contrabandos”, señaló.
A su vez, cuestionó que un proyecto impulsado por la oposición para duplicar el área de actuación militar en frontera aún no haya sido considerado. “Planteamos un proyecto de ley desde hace varios meses para duplicar el área de frontera y no hemos tenido respuesta”.
Agregó que, dentro del Plan Nacional de Seguridad, se mencionó el aumento de la jurisdicción militar en la misma línea de lo planteado por el Partido Nacional, pero lamenta no haber tenido avances en el tema. “Anuncios, pero cero concreciones”, resumió.
Rodrigo Blás: “Estamos viendo un retroceso en la acción del ministerio”
Por su parte, el senador Rodrigo Blás coincide con el diagnóstico de que existe un deterioro en la respuesta estatal frente al avance del narcotráfico. “Lo que vemos es un retroceso en la acción del ministerio respecto a la prevención y la acción sobre estos temas”, afirmó.
A su entender, las señales enviadas por la actual administración han sido equivocadas. “Ha habido señales muy equivocadas, un plan que es el no plan, que es solamente esbozos técnicos o esbozos de deseos”, sostuvo.
Blás considera que la violencia actual está estrechamente vinculada al crecimiento del narcotráfico y a la falta de una respuesta contundente. “Estamos viendo una escalada muy vinculada al narcotráfico, pero tampoco se toman medidas para el mejor combate ni para la prevención del consumo de drogas”.
Más cárcel, penas más duras y apoyo policial
Una de las principales propuestas impulsadas por Blás apunta a endurecer las consecuencias penales para reincidentes en delitos vinculados al narcotráfico. El senador presentó recientemente un proyecto de ley que limita las rebajas de pena en acuerdos abreviados para reincidentes. “Si nosotros le damos tres años y medio a un narco que mueve droga, el mensaje para la sociedad y para la policía es desalentador”, argumentó.
La iniciativa surgió tras cuestionar el resultado judicial de una reciente operación antidrogas en Maldonado. “Si yo manejo un negocio de millones de dólares por año y el día que me agarran me tocan tres años de prisión, no sé si no me sirve”, ejemplificó.
Para Blás, la principal herramienta para combatir el delito sigue siendo el encarcelamiento efectivo de quienes delinquen. “Cuando el delincuente está preso no puede delinquir”, al igual que señalo en los casos de homicidios.
Presencia policial y las Fuerzas Armadas
El senador también reclamó una presencia policial constante en los territorios más afectados por la violencia. Sostuvo que “la policía tiene que estar en la calle permanentemente y no de vez en cuando”.
Consultado respecto a los operativos especiales anunciados por el Ministerio del Interior, consideró que pueden ser útiles, aunque insuficientes si no forman parte de una política sostenida.
“Más allá de un operativo puntual que se anuncia como una panacea y después se retira la policía del barrio y se vuelve a lo mismo, son importantes los piquetes, son importantes los registros, son importantes peinar los barrios sin avisar”.
Además, abrió la puerta a una mayor participación militar en tareas de apoyo. “Hay que empezar a estudiar algo que ha sido polémico, pero creo que hoy no tiene otra —opción—, que es buscarle a las Fuerzas Armadas también un espacio para que colaboren en esta lucha. Sean tareas de vigilancia o suplantando la policía algunas tareas que nos permitan tener más policía del territorio”.
El debate político que se profundiza
Las declaraciones de García y Blás reflejan una postura crítica del Partido Nacional hacia la gestión de la seguridad por parte del Gobierno de Yamandú Orsi y del ministro Carlos Negro.
Mientras el Ministerio del Interior sostiene que los cambios en la estructura policial buscan fortalecer la capacidad operativa y mejorar los resultados en el combate al delito, la oposición interpreta que las modificaciones evidencian problemas de conducción y una estrategia que, a su juicio, no ha logrado contener el avance del narcotráfico ni frenar la escalada de violencia.
Entre homicidios y disputas territoriales, la seguridad se mantiene instalada en el centro de la agenda publica y el enfrentamiento político sobre cómo combatir el crimen organizado promete ocupar el primer lugar en los próximos meses. El debate se concentra en quien tiene hoy el control efectivo de los territorios donde el narcotráfico disputa poder al estado.
