Proyecto de ley busca subsidiar el alquiler para jóvenes estudiantes y abre el debate sobre su financiamiento

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos para miles de jóvenes uruguayos. El costo de los alquileres continúa representando una parte significativa de los ingresos de muchas familias y de estudiantes del interior que deben trasladarse a Montevideo para cursar estudios terciarios o universitarios. En ese contexto, el Parlamento comenzó a analizar una propuesta que busca aliviar esa carga mediante un subsidio estatal al arrendamiento.

El proyecto de ley, denominado «Subsidio de Vivienda Joven y Arraigo Estudiantil», fue presentado por la diputada del Partido Nacional, Myriam Silva. La iniciativa propone crear un subsidio para familias jóvenes y estudiantes del interior, administrado por el Fondo de Solidaridad y financiado mediante distintas fuentes de recursos.

Más allá del objetivo social que persigue, la propuesta también abrió una discusión sobre la forma de financiar una política de estas características y sobre los mecanismos más adecuados para implementarla. En diálogo con El Explorador, tanto la autora del proyecto como la diputada del Frente Amplio Ana Laura Melo coincidieron en la necesidad de impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda para los jóvenes, aunque marcaron diferencias sobre el camino para lograrlo.

Proyecto para contrarrestar los alquileres de alto costo

Para Silva, el proyecto nació a partir de una realidad que conoció durante sus años de trabajo territorial, primero como concejal y presidenta del Municipio B y luego como legisladora. Según explicó, fueron los propios jóvenes quienes le transmitieron las dificultades que enfrentan para independizarse o continuar sus estudios debido al alto costo de los alquileres.

«Varios jóvenes me preguntaban cuándo se iba a resolver el problema que tienen quienes estudian y tienen que alquilar. Uno de los problemas más graves es que el sueldo no les alcanza para pagar una vivienda», señaló.

La diputada relató que muchos estudiantes y trabajadores optan por compartir una casa o un apartamento para reducir gastos, aunque esa estrategia suele ser frágil. «Normalmente se juntan tres o cuatro para alquilar una vivienda, pero si uno queda sin trabajo se les desarma todo el proyecto. Muchas veces tienen que devolver la vivienda, volver a sus lugares de origen y hasta perder un año de estudio o de trabajo porque no pueden resolver el tema del alquiler», afirmó.

A partir de esos planteos, Silva decidió impulsar una iniciativa enfocada en dos grupos: estudiantes del interior que deben trasladarse para cursar estudios terciarios o universitarios y familias jóvenes de bajos ingresos que buscan independizarse mientras estudian o trabajan. «Este proyecto surge de un reclamo genuino de los jóvenes más vulnerables, de aquellos que no tienen una familia que los pueda sostener económicamente. Lo que buscamos es darles una herramienta para que puedan seguir estudiando y construir un proyecto de vida», sostuvo.

La legisladora explicó que la propuesta también incorpora un componente demográfico, al contemplar un apoyo para quienes deciden formar una familia durante esa etapa. «Muchas mujeres terminan de estudiar cerca de los 35 años. La idea es que quienes quieran formar una familia puedan hacerlo mientras estudian y trabajan, con un respaldo que les permita organizar esa etapa de su vida», indicó.

Silva aclaró que el texto presentado no pretende ser definitivo, sino abrir una discusión parlamentaria sobre posibles soluciones. En ese sentido, señaló que tanto los porcentajes del subsidio como los mecanismos de financiamiento podrán modificarse durante el tratamiento legislativo. «Mi interés es poner este tema en discusión. El proyecto puede mejorarse y surgir otras alternativas. Lo importante es que la comisión estudie la situación, reciba información y encontremos la mejor forma de ayudar a estos jóvenes», expresó.

Respecto a la decisión de proponer que el Fondo de Solidaridad administre el subsidio, la diputada sostuvo que el organismo cuenta con experiencia en el seguimiento de estudiantes y egresados. Sin embargo, insistió en que esa y otras disposiciones forman parte de una propuesta abierta al debate. «No quiere decir que tenga que ser exactamente así. Lo que queremos es abrir un abanico de posibilidades para gestionar mejor los recursos que ya existen y encontrar una solución a un reclamo que los jóvenes vienen haciendo desde hace mucho tiempo», concluyó.

En cuanto al respaldo político de la iniciativa, Silva aseguró que, si bien el proyecto aún no comenzó su tratamiento en comisión, la recepción inicial ha sido favorable tanto entre legisladores como entre organizaciones juveniles. «Los jóvenes me han llamado de todos lados agradeciendo que se ponga este tema en discusión. Y los legisladores lo ven con buenos ojos. Por supuesto que, como todas las cosas, hay que estudiarlo y discutirlo para darle forma, pero la mirada ha sido positiva porque entienden que es un reclamo de larga data», afirmó.

Postura del oficialismo

Aunque desde el oficialismo valoran la iniciativa, entienden que el principal debate deberá centrarse en su viabilidad económica y en la forma de implementar una política de este tipo. La diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Vivienda, Ana Laura Melo, sostuvo que toda propuesta destinada a facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes merece ser analizada, especialmente en un contexto donde el peso del alquiler representa una carga creciente para los hogares de menores ingresos.

«Todas las iniciativas que vengan respecto al acceso a la vivienda para los jóvenes o para familias jóvenes son bienvenidas en el Parlamento Nacional. Hoy los hogares destinan, en promedio, un 25% de sus ingresos a la vivienda, pero en los quintiles de menores ingresos ese porcentaje asciende a casi un 40%. Eso impacta directamente en la alimentación, la educación, la salud y la calidad de vida de las familias», señaló.

No obstante, la legisladora advirtió que uno de los principales puntos a analizar será el esquema de financiamiento planteado en el proyecto, que prevé subsidios equivalentes al 35% del alquiler para familias jóvenes y al 45% para estudiantes del interior, financiados, entre otras fuentes, con recursos del Fondo de Solidaridad. «El objetivo del proyecto es muy bueno, pero recién estamos empezando a estudiarlo. Una de las primeras cosas que tenemos que evaluar es la financiación, porque propone que parte de los recursos provengan del Fondo de Solidaridad», explicó.

En ese sentido, recordó que durante la discusión de la Rendición de Cuentas el Ministerio de Educación y Cultura advirtió que, a partir de 2027, el Fondo de Solidaridad tendrá alrededor de 16.000 aportantes menos, debido a que muchos profesionales dejarán de contribuir una vez cumplido el período previsto por la ley. «El ministro fue muy claro al señalar que la intención es mantener la cantidad de becas estudiantiles, pese a esa reducción de ingresos. Por eso habrá que analizar con mucho cuidado si el Fondo está en condiciones de asumir nuevas responsabilidades sin comprometer ese apoyo», afirmó.

Melo también destacó que Uruguay ya cuenta con herramientas destinadas a apoyar a los estudiantes del interior, entre ellas las garantías de alquiler del Ministerio de Vivienda, las becas del Fondo de Solidaridad y los hogares estudiantiles administrados por varias intendencias. Su valoración está atravesada por una experiencia personal: Nacida en Flores, cursó toda la carrera de Arquitectura viviendo en el Hogar Estudiantil de Flores en Montevideo.

«Gracias al Estado uruguayo, al Gobierno Departamental de Flores y al apoyo de mi familia pude estudiar y recibirme. Siempre voy a reivindicar la experiencia de vivir en colectivo porque, además de resolver el problema de la vivienda, genera acompañamiento entre los estudiantes y fortalece su formación», expresó.

A su entender, esas experiencias demuestran que el país dispone de instrumentos que han dado resultados, aunque entiende que es válido discutir nuevas herramientas que complementen las políticas existentes. «Todo lo que vaya en ese sentido viene muy bien. El proyecto pone este tema sobre la mesa y eso es muy positivo», sostuvo.

Gravamen a las viviendas urbanas desocupadas

Uno de los aspectos que probablemente concentre buena parte del debate parlamentario será el mecanismo de financiamiento del subsidio. Entre las alternativas planteadas figura destinar parte de la recaudación proveniente de un gravamen a las viviendas urbanas desocupadas, una propuesta que, aunque genera discusión, encontró algunos puntos de coincidencia entre oficialismo y oposición.

Mientras Silva aclaró que el proyecto busca abrir el debate sobre distintas alternativas de financiamiento y que tanto ese mecanismo como otros aspectos podrán modificarse durante el trámite legislativo, Melo consideró que gravar los inmuebles vacíos constituye una herramienta válida para incentivar que esas propiedades vuelvan al mercado habitacional.

La legisladora frenteamplista recordó que el Parlamento aprobó recientemente la Ley de Vacancia Urbana y sostuvo que mantener viviendas desocupadas en zonas urbanas representa una situación de inequidad frente a la demanda habitacional existente. A su juicio, la experiencia internacional demuestra que este tipo de instrumentos puede contribuir a recuperar inmuebles hoy fuera del mercado y ampliar la oferta de viviendas.

Primera fase de tratamiento

Con el proyecto recién ingresado a la Comisión de Vivienda, el próximo paso será convocar a la autora de la iniciativa y a distintos organismos, entre ellos el Ministerio de Vivienda, el Fondo de Solidaridad y la Agencia Nacional de Vivienda, para analizar su alcance, sus fuentes de financiamiento y su viabilidad. El objetivo será recoger insumos técnicos y políticos antes de que la iniciativa continúe su trámite parlamentario.

«Todos los proyectos que ingresan al Parlamento salen mejorados después de escuchar a los actores involucrados. Vamos a recibir al Ministerio de Vivienda, al Fondo de Solidaridad, a la Agencia Nacional de Vivienda y a todos los que puedan aportar elementos. El objetivo será construir un proyecto con consensos políticos y técnicamente sólido», concluyó Melo.