Exclusividad parlamentaria: Caggiani quiere terminar con los “privilegios” de los legisladores

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani presentó un proyecto que establece la exclusividad de la actividad parlamentaria y prohíbe durante el mandato la percepción de ingresos provenientes de otras actividades. La iniciativa comenzaría a regir el 15 de febrero de 2030 para quienes sean electos bajo ese régimen.

La propuesta integra un paquete con otros dos proyectos: uno sobre viáticos e invitaciones para viajes oficiales al exterior y otro que busca reducir de un año a seis meses el subsidio posterior al mandato.

Para Caggiani, los tres proyectos apuntan a revisar privilegios, mejorar controles y fortalecer la tarea parlamentaria.

“La idea es que se dediquen exclusivamente a la tarea parlamentaria”, explicó a El Explorador. Para el senador, quienes son elegidos por la ciudadanía deben concentrarse en esa responsabilidad y evitar que otros ingresos o intereses puedan entrar en conflicto con las decisiones que toman desde una banca.

Qué establece el proyecto

La exposición de motivos se apoya en el artículo 126 de la Constitución, que permite establecer por ley nuevas prohibiciones para los legisladores con una mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

El artículo 1 establece una prohibición amplia. Senadores y representantes no podrán, durante su mandato, ejercer actividades laborales o profesionales como independientes o dependientes, sean honorarias o remuneradas. Tampoco podrán ser socios o directores de personas jurídicas nacionales o extranjeras, recibir ingresos derivados de actividades comerciales ni percibir jubilaciones, pensiones o retiros. La excepción prevista es la actividad docente universitaria no remunerada.

La exposición de motivos señala que aproximadamente 25% de los senadores y representantes ejercen actualmente actividades laborales o profesionales, de forma independiente o dependiente, o tienen participación en sociedades. 

En la entrevista, Caggiani explicó la iniciativa principalmente desde la prohibición de recibir otros ingresos. “Si sos legislador, percibís solamente el ingreso que tenés como legislador, por esos cinco años. Y luego, si te querés dedicar a tarea privada, como corresponde, o como tenés ganas, la podés hacer”.

Consultado por quienes tienen inmuebles alquilados, reconoció que allí existe una discusión pendiente sobre dónde fijar el límite. “¿Cuál sería el criterio? ¿El inmueble, la cantidad, el ingreso?”, planteó. Frente a esa dificultad, defendió un criterio general: “Optamos por establecer un criterio más claro: si sos legislador, percibís solamente el ingreso que tenés como legislador”.

Conflicto de interés

Uno de los principales argumentos del senador es evitar que la actividad privada pueda interferir con las decisiones que toma un legislador.

“Al mismo tiempo que ejercemos nuestra labor parlamentaria podemos estar percibiendo un ingreso de la actividad privada que puede entrar en contradicción con las tareas o con las definiciones que tenemos que tomar”, sostuvo.

Caggiani puso como ejemplo a los abogados que pueden representar empresas que litigan con el Estado y advirtió sobre la posibilidad de que un legislador impulse normas que favorezcan su actividad privada. “Si somos abogados podemos representar a empresas que terminan litigando con el Estado”. También advirtió que podrían “presentar para nuestra actividad privada leyes que favorezcan promoción en nuestra actividad y que eso tenga un retorno importante”.

Su argumento parte de una comparación con otros cargos públicos que ya tienen restricciones de exclusividad. “No se entiende por qué luego de 200 años de actividad parlamentaria esto es la regularidad y no es la excepción”, cuestionó.

En esa línea, mencionó al presidente del Banco Central como ejemplo: “¿Por qué el presidente del Banco Central del Uruguay no puede trabajar en un banco privado y al mismo tiempo regular la actividad bancaria, o por qué un ministro, o un presidente de una empresa pública no puede trabajar de otro modo? ¿Porque se entiende que los legisladores sí?”.

Para Caggiani, mantener esa diferencia genera un riesgo institucional. “Eso sin duda deteriora la democracia y eso es el objetivo primordial de este proyecto, de cómo nosotros discutimos y mejoramos eso, y cómo también lo hacemos evidente, porque si indudablemente en 200 años no hubo necesidad de regularlo es que quiere decir que no es importante, para nosotros sí sin duda es importante”, aclaró.

La exclusividad está pensada para los legisladores titulares. Los suplentes quedarían fuera de la obligación mientras no sean convocados a ejercer la banca. “Sería irracional rentar a todos los suplentes que puedan asumir, pero tendrían que rentar a todo el listado de posibles suplentes”, señaló.

Poner en pausa una profesión

Uno de los puntos que puede generar mayor discusión es el efecto que la exclusividad podría tener sobre quienes llegan al Parlamento desde una profesión o actividad privada.

Durante la entrevista se planteó el caso de una persona que ingresa al Parlamento mientras construye una carrera profesional. Para un abogado, escribano, empresario o trabajador independiente, abandonar durante cinco años su actividad podría dificultar su reinserción posterior.

Caggiani rechazó que los legisladores deban tener un tratamiento diferente al de otros trabajadores. “En este caso uno no tiene ‘coronita’, porque si no sería lo mismo”, respondió.

Para el senador, la discusión debe hacerse desde el interés general y no desde las ventajas que pueda conservar quien ejerce un cargo político. “Nosotros optamos justamente para tratar de fortalecer la institución democrática y bueno, seguramente, quizás ciertos privilegios que hoy se obtienen de la tarea parlamentaria se vayan a ver mermados”, sostuvo.

Por otro lado, Caggiani entiende que una persona elegida bajo las reglas actuales no puede quedar alcanzada por una prohibición posterior: “No podría ser aplicable para alguien que ha sido electo con regla de juego diferente, sería inconstitucional”.

Control y sanciones

La declaración jurada de patrimonio e ingresos aparece como una de las principales herramientas para controlar el cumplimiento de la exclusividad.

El legislador explicó que las declaraciones juradas continuarán siendo obligatorias. A su entender, el control no debe quedar únicamente en manos de los organismos correspondientes. También puede intervenir la ciudadanía y los medios de comunicación.

“En Uruguay somos pocos y nos conocemos”, afirmó para remarcar la posibilidad de detectar eventuales ingresos o actividades incompatibles.

Si se comprobara el incumplimiento, señaló que existen mecanismos constitucionales de sanción, incluida la pérdida del mandato, con las mayorías y garantías previstas para esos casos.

Tres proyectos 

La exclusividad es, para el senador, una de las tres piezas de una discusión más amplia sobre el ejercicio de la función política.

El proyecto sobre viáticos establece que los legisladores deban rendir cuentas de los montos recibidos cuando viajan en misión oficial al exterior. Luego deberán devolver el dinero que no hayan utilizado. El incumplimiento implicaría no poder participar en nuevas misiones oficiales y el descuento de los montos adeudados.

También deberán declararse las invitaciones a eventos en el exterior, incluyendo quién invita, qué gastos cubre y cuál es el objetivo del viaje.

Caggiani considera que esta es la propuesta más sencilla de aprobar y “se empieza a aplicar a partir de su aprobación”.

El segundo proyecto modifica el subsidio que reciben los legisladores una vez terminado su mandato. La intención es llevarlo de un año a seis meses, equiparándolo con el régimen de desempleo de los trabajadores privados.

Para el senador, no se trata de tres iniciativas aisladas. “¿Cuáles son los objetivos de los tres proyectos? Establecer la exclusividad”, planteó. La idea es revisar las condiciones económicas y las obligaciones vinculadas al ejercicio de la representación política.

El contrapunto con Bordaberry 

La discusión sobre los viáticos también tuvo un contrapunto con el proyecto presentado por el senador Pedro Bordaberry, que plantea eliminar completamente ese mecanismo.

Caggiani cuestionó esa alternativa: “Me parece una reacción poco razonada a parte de las iniciativas que estamos haciendo”.

Y agregó que, si la intención es que los legisladores dejen de viajar, Bordaberry podría planteárselo directamente a sus propios compañeros: “Él podría pedir como líder del Partido Colorado a sus legisladores que no viajen”.

Para Caggiani, eliminar los viáticos no debería significar eliminar la participación internacional del Parlamento. Defendió la presencia uruguaya en organismos como el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Latinoamericano y la Unión Interparlamentaria.

Sostuvo que los parlamentarios que participan “lo hacen con mucha responsabilidad, representando a Uruguay, y eso también tiene un retorno, no solo desde el punto de vista de la presencia del Parlamento, sino también del país”.

En lugar de eliminar los viajes, propone controlar el uso de los recursos: rendición obligatoria, devolución de excedentes y declaración de las invitaciones.

“Tratar de eliminar la participación internacional de un Parlamento en ámbitos internacionales nos viene de una visión un poco provinciana y bastante cortoplacista”, cuestionó.

Una discusión que recién comienza

El proyecto de exclusividad recién inicia su recorrido parlamentario y Caggiani admite que deberá ser discutido y puede incorporar modificaciones. Entre los asuntos que quedan abiertos están los ingresos derivados de bienes, las actividades profesionales y honorarias, la participación en empresas y el alcance de las excepciones.

También deberá precisarse qué actividades pueden considerarse incompatibles con el cargo y cómo se controlarán aquellas que no generen ingresos.

El senador propone mirar experiencias de otros países como España, donde la exclusividad es la regla, pero existen determinadas actividades profesionales que pueden ser autorizadas por la Cámara. Citó, entre otros ejemplos, la posibilidad de publicar en revistas arbitradas cuando existe una carrera académica previa.

“La regla es la exclusividad y puede haber ciertas especificidades”, resumió.

El senador pretende que el debate incorpore experiencias de derecho comparado y aportes de organizaciones vinculadas a estos temas. Su intención es que las tres iniciativas puedan aprobarse antes de que termine el actual período parlamentario.

Sostuvo que “lo importante es que se puedan aprobar lo antes posible, que se mejoren, que el debate parlamentario y el debate en las comisiones muchas veces reciba aportes”.

La discusión que queda planteada no es solamente cuánto puede ganar un legislador fuera del Parlamento. También implica definir qué actividades puede mantener mientras ejerce una banca, cómo se controlan sus intereses económicos y qué condiciones deben regir cuando termina el mandato.

Para el legislador, la respuesta pasa por elevar las exigencias sobre quienes ejercen la representación política. “Es un alto honor que termina convocando a la ciudadanía cuando nos vota”, afirmó. Y, justamente por eso, entiende que esa tarea debe ejercerse con “la mayor responsabilidad, jerarquización y sobre todo profesionalismo”.