Rodrigo Amengual: “La política de vivienda tiene que ser una política de Estado”
La vivienda como derecho humano, la necesidad de un pacto político y social de largo alcance, el crecimiento demográfico acelerado de Canelones y los desafíos de planificación urbana fueron algunos de los temas abordados durante la entrevista que Rodrigo Amengual, director de la Agencia de Vivienda y Convivencia Ciudadana de la Intendencia de Canelones, concedió a El Explorador.
A sus 35 años, Amengual combina una extensa trayectoria militante y de gestión pública iniciada en la adolescencia con la responsabilidad de conducir una de las áreas estratégicas del gobierno departamental. Durante la entrevista, Amengual defendió una visión integral de las políticas habitacionales, sostuvo que el país necesita mayores recursos para enfrentar el déficit de vivienda y aseguró que este quinquenio marcará “la mayor ejecución en política de vivienda en la historia de Canelones”.
De la militancia a la gestión departamental
Amengual recordó que su compromiso político comenzó a los 16 años, cuando participó por primera vez en una campaña electoral del Frente Amplio. Al repasar las figuras que moldearon su visión política, mencionó referentes históricos y contemporáneos que marcaron su formación.
Según explicó, la figura de José Artigas sigue siendo una referencia fundamental por “ese rol de unir a los orientales, ese rol de libertad e independencia, de que los más infelices sean los más privilegiados”.
Dentro de la historia frenteamplista destacó especialmente al general Líber Seregni, a quien definió como “un hombre muy comprometido con la lucha democrática” y una persona que siempre promovió la unidad política. Entre las enseñanzas que más valora del fundador del Frente Amplio señaló la importancia de “ubicar primero al Uruguay, luego el Frente Amplio y luego los intereses sectoriales o personales”.
También recordó su cercanía política con Danilo Astori, de quien destacó una visión altruista de la actividad pública, así como la influencia de los exintendentes canarios Marcos Carámbula y Yamandú Orsi, referentes que considera determinantes en su desarrollo político y de gestión.
Su recorrido institucional comenzó a los 19 años cuando fue electo concejal en Atlántida, integrando la primera generación de concejales del departamento. Más tarde, convocado por Marcos Carámbula, asumió la dirección de Comuna Joven.
Posteriormente fue electo diputado suplente para el período 2015-2020 y terminó convirtiéndose en uno de los legisladores más jóvenes del país. Más adelante, Yamandú Orsi en su rol de intendente, lo convocó para liderar las políticas de Vivienda, Espacio Público y Convivencia durante el período 2020-2025, una experiencia que considera clave para comprender la dimensión institucional de las políticas públicas y la necesidad de coordinación entre distintos niveles de gobierno.
En paralelo, participó en la creación del sector SER, lista 141, del cual actualmente es secretario general y que tuvo representación parlamentaria en el último ciclo electoral.
Vivienda, hábitat y convivencia
El modelo institucional que desarrolla el Gobierno de Canelones para abordar las políticas habitacionales ha mantenido un crecimiento sostenido lo cual obligó al departamento a repensar la estructura de gobierno. Según explicó Amengual, el último censo mostró un incremento cercano a las 100.000 personas desde 2011.
Frente a esa realidad, la Intendencia decidió superar el enfoque tradicional centrado únicamente en servicios básicos para avanzar hacia una mirada integral del desarrollo urbano y social.
El jerarca enfatizó que las políticas de vivienda no pueden limitarse a la construcción de casas. Detrás de cada proyecto existen procesos sociales, obras de infraestructura, servicios públicos y equipamientos comunitarios indispensables para garantizar calidad de vida.
En ese sentido, señaló que cada intervención requiere saneamiento, redes eléctricas, agua potable, alumbrado, apertura de calles, soluciones hidráulicas y espacios públicos de integración. A ello se suman servicios nacionales como escuelas, centros CAIF, hospitales, comisarías y otras instituciones que acompañan el crecimiento poblacional.
El déficit habitacional y la necesidad de un pacto nacional
Amengual afirmó que la vivienda debe ser considerada un derecho humano fundamental porque actúa como garantía de otros derechos esenciales: “La política de vivienda es un derecho humano y tiene que ser una política de Estado”.
Según explicó, disponer de una vivienda adecuada impacta directamente en la seguridad, la higiene, la alimentación y las oportunidades de desarrollo, especialmente durante la infancia y la adolescencia.
Sin embargo, considera que el principal desafío radica en la falta de continuidad y recursos suficientes para enfrentar el problema en escala nacional. Por lo cual, reclama la construcción de acuerdo permanentes que trasciendan los gobiernos de turno.
El jerarca, plantea la necesidad de “un pacto social y un acuerdo de Estado político-partidario”, que permita asignar mayores presupuestos a las políticas habitacionales y garantizar su continuidad independientemente del signo político de cada administración.
Un sistema que contemple a todos los sectores sociales
Aunque reconoció que los sectores más vulnerables deben seguir siendo prioritarios, Amengual planteó que la política habitacional debe ser concebida como un sistema que atienda diferentes realidades sociales.
En ese marco, señaló que existen ciudadanos con capacidad para acceder a créditos hipotecarios, otros que encuentran soluciones mediante cooperativas y otros que sólo pueden acceder a una vivienda digna con apoyo directo del Estado.
Pero también llamó la atención sobre las dificultades crecientes que enfrentan los sectores medios. “Vivimos en un país donde los alquileres están por encima del promedio de muchos ingresos de las familias”, afirmó.
Según su análisis, numerosas familias logran pagar un alquiler, pero no consiguen generar capacidad de ahorro suficiente para acceder a una vivienda propia. Por ello considera fundamental desarrollar herramientas que permitan a los sectores medios incorporarse al mercado habitacional.
A su entender, facilitar el acceso a la vivienda para estas franjas sociales también contribuiría a aliviar las presiones sobre el mercado de alquileres y generar un efecto positivo para el conjunto del sistema.
Acceso a la tierra, planificación urbana y viviendas vacías
Otro de los temas abordados fue el crecimiento urbano desordenado y el acceso a la tierra. El jerarca reconoció que el valor del suelo constituye uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda y defendió la necesidad de planificar el crecimiento urbano a largo plazo.
En ese contexto hizo referencia al caso de Ciudad de la Costa, cuya expansión sin planificación suele estudiarse como ejemplo de los problemas que genera la ausencia de intervención temprana del Estado.
El jerarca también reflexionó sobre las tensiones existentes entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad. Aunque remarcó que las ocupaciones irregulares deben ser desalentadas, consideró necesario explorar nuevas herramientas para ampliar el acceso a soluciones habitacionales.
Entre las alternativas que observa con interés mencionó iniciativas destinadas a recuperar viviendas abandonadas o inmuebles vacíos ubicados en zonas urbanas consolidadas. Según explicó, muchos de esos predios ya cuentan con infraestructura, servicios y conectividad, por lo que su reutilización permitiría reducir costos y aprovechar mejor las inversiones públicas existentes.
Coordinación con organismos nacionales y trabajo transversal
Respecto a la articulación entre la Intendencia y organismos nacionales como OSE y UTE, señaló que existe una fuerte voluntad de coordinación para optimizar recursos y evitar superposiciones.
Explicó que la Agencia de Vivienda y Convivencia Ciudadana impulsó una mesa interna de trabajo que reúne periódicamente a distintas direcciones departamentales para identificar y resolver cuellos de botella en los proyectos.
Además, se están compartiendo las planificaciones de obra con organismos nacionales para coordinar inversiones y sincronizar intervenciones.
En el caso de OSE, destacó particularmente la importancia de coordinar las obras de saneamiento para evitar duplicación de trabajos y optimizar recursos. También valoró la experiencia desarrollada en Atlántida, donde la Intendencia colaboró financieramente para acelerar inversiones vinculadas al saneamiento.
Con UTE, en tanto, uno de los principales desafíos está relacionado con la regularización de conexiones eléctricas en asentamientos de gran porte y la expansión del alumbrado público.
Asimismo, destacó la intensa articulación que mantiene con la Jefatura de Policía de Canelones y el Ministerio del Interior, especialmente en situaciones vinculadas a delitos, conflictos de convivencia o presencia de organizaciones delictivas en determinados territorios.
Escrituraciones, inversión récord y foco en la ruralidad
Al finalizar la entrevista, Amengual adelantó algunas de las principales líneas de acción para el actual período de gobierno. Entre ellas destacó un fuerte impulso a los procesos de escrituración de viviendas construidas en administraciones anteriores que aún no completaron esa etapa jurídica.
Según explicó, durante el período pasado se concretaron las primeras escrituraciones impulsadas directamente por el gobierno departamental y ahora ya existen planes para intervenir en al menos cinco proyectos adicionales.
Además, confirmó que Canelones se encamina a registrar la mayor inversión habitacional de su historia reciente. “Vamos a tener la mayor ejecución en políticas de vivienda”, aseguró.
La planificación actual prevé una inversión mínima equivalente a la ejecutada durante el último año del período anterior, cifra que alcanza aproximadamente los 1.200 millones de pesos.
Finalmente, destacó que una parte importante de los esfuerzos estará dirigida a la población rural del departamento. “Canelones tiene el 27,5% de la población rural del Uruguay”, recordó, subrayando que esa realidad genera demandas específicas que también deberán ser contempladas dentro de la estrategia habitacional del quinquenio.
Para Amengual, el desafío excede la construcción de viviendas y requiere una visión de largo plazo que articule infraestructura, servicios, planificación territorial y participación ciudadana. Una tarea que, insiste, sólo será posible si Uruguay logra convertir la vivienda en una verdadera política de Estado sostenida en el tiempo.
