El Frente Amplio impulsa un proyecto de ley para atender el sobreendeudamiento de un millón de uruguayos
El Frente Amplio presentó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley denominado: Protección de deudores de bajos ingresos y regulación del crédito al consumo, una iniciativa que busca ofrecer mecanismos para la reestructuración de deudas de personas en situación de vulnerabilidad económica y establecer nuevas reglas para prevenir prácticas abusivas en el mercado del crédito.
Según los impulsores de la propuesta, el crecimiento del crédito al consumo y las dificultades de numerosos hogares para afrontar sus obligaciones financieras han generado situaciones de sobreendeudamiento que afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
En ese contexto, el proyecto plantea una serie de medidas orientadas a facilitar la regularización de las deudas, prevenir nuevos casos de endeudamiento excesivo y fortalecer la protección de los consumidores financieros.
La exposición de motivos del proyecto señala que actualmente cerca de un millón de uruguayos figuran en el clearing. Asimismo, cita un estudio reciente del Banco Central del Uruguay (BCU), según el cual unas 290.000 personas presentan la peor calificación crediticia en la Central de Riesgos Crediticios y, además, se encuentran registradas como incumplidoras en el clearing.
En diálogo con El Explorador, el diputado del Frente Amplio Bruno Giometti explicó que la iniciativa apunta a responder a una problemática que afecta principalmente a trabajadores y jubilados con menores ingresos, quienes encuentran crecientes dificultades para salir de situaciones de endeudamiento.
Para el legislador, el proyecto nace de un diagnóstico claro sobre la situación crediticia de miles de uruguayos. «El principal problema que se busca resolver es la situación de los deudores de bajos recursos. Hay un diagnóstico de que muchísimos uruguayos tienen situaciones crediticias delicadas», afirmó.
Giometti señaló que los datos disponibles reflejan la magnitud del fenómeno. «Tenemos registros de que hay 700.000 uruguayos, más de un tercio de quienes tienen algún vínculo con el mercado de crédito formal, que se encuentran en la categoría de deudores con dificultad, es decir, tienen problemas para hacer frente al pago de intereses y préstamos», sostuvo.
A su vez, indicó que el problema tiene una fuerte concentración entre quienes perciben menores ingresos. «Tenemos también el dato de que el 77% de los trabajadores endeudados que presentan mora en la devolución de sus préstamos ganan menos de 50.000 pesos por mes. Es un problema que está focalizado fuertemente en trabajadores y jubilados con ingresos bajos», expresó.
Frente a esa realidad, explicó que el proyecto reúne distintas herramientas para atacar tanto las causas como las consecuencias del sobreendeudamiento.
Cambios a la Ley de Usura
Uno de los ejes centrales de la iniciativa consiste en modificar la denominada Ley de Usura, reduciendo el margen permitido para fijar las tasas máximas de interés. «Por un lado, se busca ajustar la tasa de interés máxima que pueden cobrar las empresas que brindan crédito a las personas. Eso implica modificar la Ley de Usura», explicó el Representante Nacional por Montevideo.
El proyecto también crea un mecanismo para que quienes hoy enfrentan deudas difíciles de afrontar puedan acceder a un proceso de reestructuración. «Se establece un procedimiento para que las personas que hoy tienen deudas y se les fue generando esa bola de nieve puedan acceder a un mecanismo de reestructuración que les permita salir de esa situación», indicó.
Según detalló, la intención es evitar que el crecimiento permanente de intereses y recargos vuelva prácticamente imposible cancelar las obligaciones. «Se busca reducir lo más posible ese efecto bola de nieve que se genera cuando las moras siguen acumulando intereses sobre el capital y, aunque las personas intenten hacer frente a los pagos, la deuda continúa creciendo», afirmó.
Regular las cobranzas
La iniciativa incorpora además un capítulo destinado a regular determinadas prácticas utilizadas por empresas tercerizadas de cobranza. Giometti explicó que muchas veces los deudores reciben llamados reiterados o en horarios inadecuados e incluso se contacta a familiares para reclamar el pago.
«La idea es regular esas situaciones para evitar llamadas telefónicas en horarios inapropiados o a familiares de las personas que mantienen una deuda», señaló. El proyecto también propone desarrollar programas de educación financiera con participación de universidades y organismos públicos.
«Se busca generar mecanismos de educación financiera para tratar de evitar, en la mayor medida posible, que vuelvan a producirse estas situaciones de créditos que luego no se pueden devolver», agregó.
Una discusión que lleva varios años
Consultado sobre las diferencias entre esta iniciativa y otras propuestas presentadas durante legislaturas anteriores, entre ellas la impulsada por Cabildo Abierto mediante una campaña de recolección de firmas, Giometti sostuvo que el Frente Amplio siempre entendió que el camino adecuado era una reforma legal y no constitucional.
«Nosotros teníamos la opinión de que este tema no se tenía que resolver por la vía de la reforma constitucional, porque genera una rigidez en la normativa. Es una cuestión que se tiene que resolver modificando las leyes pertinentes», afirmó.
Recordó además que distintos proyectos no lograron avanzar en el Parlamento por falta de mayorías o por los propios tiempos legislativos. «En períodos anteriores hubo proyectos de ley para atender este tema y, por distintas razones, no se terminaron aprobando. Quizás porque no hubo suficiente interés o porque no se generaron las mayorías necesarias», indicó.
No obstante, sostuvo que actualmente existe una mayor conciencia sobre la necesidad de abordar el problema. «El Poder Ejecutivo está trabajando en este tema junto con el Banco Central, también hay equipos de la Universidad de la República y organizaciones de la sociedad civil. Hay una conciencia en distintos ámbitos de que es un tema sobre el que hay que avanzar», afirmó el economista.
¿Quiénes podrán acceder?
Giometti explicó que la reducción de la tasa máxima de interés beneficiaría potencialmente a cualquier persona que solicite un crédito. Sin embargo, el procedimiento de reestructuración estará dirigido a quienes cumplan determinadas condiciones patrimoniales establecidas en el proyecto.
Entre otros requisitos, podrán acceder quienes mantengan deudas originadas en créditos al consumo, no posean inmuebles, o únicamente sean propietarios de la vivienda donde residen y cumplan con los topes patrimoniales previstos en la iniciativa. «Eso está establecido en el artículo 19 del proyecto y fija límites tanto respecto al valor de las deudas como de los bienes que pueda tener la persona», explicó.
Garantías para ambas partes
El proyecto prevé dos etapas para la reestructuración de las deudas: una instancia administrativa de conciliación y, en caso de no alcanzar un acuerdo, una etapa judicial. «Se plantea primero una conciliación previa por la vía administrativa y luego una etapa judicial, con las máximas garantías para todas las partes», señaló.
Según explicó, participarán los juzgados competentes y la Unidad de Defensa del Consumidor, procurando alcanzar soluciones que permitan aliviar la situación del deudor sin desconocer los derechos de los acreedores. «La idea es que el deudor pueda aliviar su situación y hacer frente a las obligaciones, mientras que el acreedor pueda recuperar al menos una parte de esa deuda que hasta ahora no venía pudiendo cobrar», sostuvo.
Giometti aclaró que varios aspectos del procedimiento todavía continúan siendo discutidos con los distintos actores que comparecen ante la Comisión de Hacienda, por lo que la redacción definitiva podría incorporar modificaciones.
Debate sobre la tasa máxima de interés
Otro de los puntos que continúa en discusión es la forma de calcular la tasa máxima permitida para los créditos al consumo. El proyecto propone mantener el criterio actual, aunque reduciendo el margen por encima de la tasa media publicada por el Banco Central. «Hoy la ley permite una diferencia del 55% por encima de la tasa media. Nosotros proponemos bajarla al 35%», explicó.
No obstante, reconoció que durante el tratamiento parlamentario surgieron alternativas impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para establecer límites diferenciados según el tipo de crédito.
«Se podría explorar una fórmula segmentada para evitar que determinados sectores queden excluidos del crédito formal y terminen recurriendo al mercado informal, que es algo que nosotros no queremos que pase», indicó.
Construir acuerdos
El diputado señaló que la Comisión de Hacienda ya recibió a representantes del Poder Ejecutivo, trabajadores del sistema financiero, organizaciones de consumidores, investigadores universitarios, empresas aseguradoras y asociaciones vinculadas a la gestión de cobranzas.
Tras la discusión de la Rendición de Cuentas, el Parlamento retomará el tratamiento del proyecto. «Somos optimistas de que conversando entre todos los partidos políticos, con la sociedad civil, la academia y el Poder Ejecutivo podamos avanzar hacia una ley que regule estas cuestiones de mejor manera», afirmó.
Consultado sobre la disposición de la oposición, sostuvo que el escenario obliga a construir consensos. «Al no haber mayoría parlamentaria, esto va a implicar una negociación y modificaciones al proyecto. Hasta ahora hemos percibido una buena disposición en la Comisión de Hacienda y cierto acuerdo en que es un tema al que hay que buscarle una solución», concluyó.
