La Rendición de Cuentas abre la primera gran batalla política del gobierno de Orsi
Con la discusión de la primera Rendición de Cuentas del gobierno de Yamandú Orsi, el escenario político ingresó en una nueva etapa. Lo que en principio debía ser el análisis anual de la ejecución presupuestal rápidamente se transformó en el primer gran enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas, advertencias sobre las consecuencias de un eventual rechazo y una negociación parlamentaria que se anuncia compleja.
El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de junio comenzó a ser estudiado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde autoridades del gobierno, organismos públicos y distintos actores sociales ya iniciaron una ronda de comparecencias que se extenderá durante varias semanas. Sin embargo, antes incluso de que comenzara el análisis detallado del articulado, el debate quedó atravesado por una fuerte disputa política.
La decisión de la Coalición Republicana —integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente— de anunciar que no acompañará la iniciativa en la votación general elevó inmediatamente la tensión entre oficialismo y oposición y colocó al Frente Amplio frente a un desafío inédito desde su regreso al gobierno: construir mayorías parlamentarias artículo por artículo.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo procura reforzar recursos para cuatro áreas que el gobierno considera prioritarias: primera infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle. Para ello prevé reasignaciones presupuestales, racionalización de gastos y nuevas partidas, procurando mantener al mismo tiempo las metas fiscales comprometidas.
Pero la discusión rápidamente dejó de concentrarse exclusivamente en las cifras para trasladarse al terreno político.
Un voto con fuerte contenido político
La oposición fundamentó su decisión sosteniendo que la votación en general de una Rendición de Cuentas constituye una evaluación de la gestión desarrollada durante el primer año de gobierno.
El senador nacionalista Javier García fue uno de los primeros en fijar esa posición.
Según expresó, el oficialismo no puede pretender que la oposición respalde una Rendición de Cuentas que, a su juicio, refleja un año de gestión con resultados insatisfactorios.
«El gobierno del Frente Amplio no puede pedir que apoyemos el fracaso de este año», afirmó el legislador, quien sostuvo que votar negativamente en general constituye una obligación política de quienes ejercen el rol de oposición.
No obstante, García aclaró que la Coalición Republicana participará activamente de la discusión en particular del proyecto y presentará modificaciones orientadas —según señaló— a mejorar el texto enviado por el Poder Ejecutivo.
La postura abrió inmediatamente un debate jurídico y político sobre las consecuencias que tendría un eventual rechazo del proyecto en la votación general.
Consultados sobre ese escenario, distintos dirigentes opositores señalaron que será el gobierno quien deberá construir las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa.
En esa línea, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo sostuvo que conseguir los votos «es responsabilidad del gobierno», mientras que el senador colorado Pedro Bordaberry defendió la decisión adoptada señalando que el equipo económico no mostró disposición a introducir cambios durante su comparecencia parlamentaria.
Para Bordaberry, si el Poder Ejecutivo pretende mantener inalterado el proyecto, no puede esperar un respaldo automático de la oposición.
El legislador incluso sostuvo que un eventual rechazo obligaría al gobierno a revisar su propuesta y abrir una verdadera instancia de negociación parlamentaria.
También el senador colorado Andrés Ojeda cuestionó la actitud del oficialismo al entender que continúa actuando como si mantuviera la mayoría parlamentaria de los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio.
Según afirmó, la nueva realidad política exige negociar y construir acuerdos, algo que —a su juicio— todavía no ha ocurrido.
El Frente Amplio habla de «irresponsabilidad»
Desde el oficialismo la reacción fue inmediata. El senador Eduardo Brenta calificó la postura de la Coalición Republicana como «una enorme irresponsabilidad» y advirtió que un eventual rechazo impediría ejecutar medidas sociales consideradas prioritarias por el gobierno.
Entre ellas mencionó el fortalecimiento de las asignaciones familiares destinadas a la infancia, beneficios tributarios para cooperativas y otras políticas sociales incluidas en la Rendición de Cuentas.
A su entender, impedir la aprobación del proyecto significaría mantener sin modificaciones el presupuesto vigente y postergar recursos dirigidos precisamente a los sectores más vulnerables.
En la misma línea se expresó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien sostuvo que la negativa opositora representa «un palo en la vida de la gente» al frenar recursos destinados a combatir la pobreza infantil.
El dirigente oficialista fue incluso más allá al atribuir la decisión al liderazgo político del expresidente Luis Lacalle Pou dentro de la Coalición Republicana y sostuvo que cada partido deberá explicar posteriormente las consecuencias de esa decisión.
Mientras tanto, la bancada oficialista insiste en mantener abiertos los canales de diálogo, consciente de que el Frente Amplio no dispone de mayoría propia en la Cámara de Diputados y necesitará construir acuerdos para evitar que el proyecto naufrague en el Parlamento.
Cabildo Abierto, la llave de la negociación
Si la Coalición Republicana resolvió endurecer su postura, el otro actor que ganó protagonismo en las últimas horas fue Cabildo Abierto. Con apenas dos diputados, el partido liderado por Guido Manini Ríos quedó ubicado en una posición determinante para el futuro del proyecto.
El diputado Álvaro Perrone calificó como una «sorpresa» la decisión adoptada por la Coalición Republicana de no acompañar la Rendición de Cuentas en la votación general, aunque evitó cerrar definitivamente la puerta a una eventual negociación con el oficialismo.
Perrone sostuvo que la posición de Cabildo Abierto dependerá de la actitud que adopte el Poder Ejecutivo durante el tratamiento parlamentario. A su juicio, si el gobierno considera que el proyecto es inmodificable y no habilita cambios en el articulado, será muy difícil encontrar puntos de acuerdo.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de negociar aquellos aspectos ya incluidos en el texto remitido por el Ejecutivo.
La postura de Cabildo Abierto adquiere especial relevancia porque el Frente Amplio no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados. En consecuencia, cualquier aprobación dependerá de acuerdos políticos que hoy aparecen lejos de consolidarse.
La colectividad liderada por Manini Ríos se convierte así en un actor con capacidad para inclinar la balanza en una discusión que trasciende el contenido presupuestal y adquiere un fuerte componente político.
Una comisión marcada por los cruces
El clima de confrontación también quedó reflejado durante una de las primeras reuniones de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
Mientras comparecían autoridades del Tribunal de Cuentas, la diputada frenteamplista Cecilia Cairo realizó una referencia a la decisión de la oposición de no votar el proyecto, señalando que esa postura podría impedir atender algunos planteos realizados por el organismo de contralor.
Las declaraciones fueron interpretadas como una alusión política por los legisladores de la Coalición Republicana, que respondieron de inmediato.
El intercambio fue subiendo de tono hasta obligar a disponer un cuarto intermedio para distender el ambiente.
Aunque la sesión pudo retomarse posteriormente, el episodio dejó en evidencia el nivel de tensión con el que comenzó el tratamiento parlamentario de la Rendición de Cuentas y anticipó que el debate difícilmente transcurra exclusivamente sobre cifras presupuestales.
“Chantaje”
Entre quienes salieron a cuestionar la estrategia del oficialismo estuvo el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien sostuvo que el proyecto fue elaborado «con motosierra» y mediante recortes generalizados.
Según el legislador, el Poder Ejecutivo actuó con premura luego de revisar las proyecciones de crecimiento económico y terminó aplicando reducciones indiscriminadas de partidas, en lugar de realizar un análisis selectivo de las prioridades presupuestales.
Abdala afirmó además que la discusión pública se está desviando del verdadero centro del debate.
A su entender, la Rendición de Cuentas debe analizar la gestión realizada durante el primer año de gobierno y no transformarse en una discusión condicionada por medidas sociales específicas.
En ese marco rechazó las críticas formuladas por dirigentes oficialistas, quienes sostienen que un eventual rechazo perjudicaría particularmente a las políticas dirigidas a la infancia.
El diputado recordó que el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, reconoció durante su comparecencia parlamentaria que esas iniciativas podrían impulsarse mediante proyectos de ley independientes si fuera necesario.
Por ese motivo calificó como un «chantaje» los cuestionamientos dirigidos hacia la oposición y reiteró que la Coalición Republicana comparte plenamente el objetivo de fortalecer las políticas para la primera infancia, aunque entiende que ello no obliga necesariamente a aprobar el conjunto de la Rendición de Cuentas.
