La Red de Víctimas de Siniestros de Tránsito pide fiscalías especializadas y endurecer penas tras la tragedia de Ruta 6

La Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito emitió un comunicado en el que reclama al Estado la creación de fiscalías especializadas en tránsito, la ejecución de fondos ya aprobados para seguridad vial y el endurecimiento de las sanciones previstas en la Ley de Faltas.

El documento fue compartido con El Explorador por Verónica Ferrer, madre de un niño fallecido en un siniestro de tránsito e impulsora del proyecto de ley al que la Red adhiere.

El pronunciamiento llega después de que, la semana pasada, tres jóvenes de 20, 25 y 28 años murieran en un choque múltiple en la Ruta 6, a la altura de Toledo, cuando un conductor que circulaba alcoholizado (positivo en el test de alcoholemia con 2.4 g/l) cruzó un semáforo en rojo y provocó que el auto en el que viajaban impactara contra un ómnibus. El hecho generó una movilización de familiares y renovó el reclamo de las organizaciones de víctimas para endurecer las penas por este tipo de delitos.

Pedidos al Estado

El comunicado plantea tres exigencias puntuales de cara a la discusión en el Parlamento del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas. En primer lugar, la Red solicita al Gobierno, al Parlamento y a los organismos competentes que se considere “la creación de Fiscalías Especializadas en Tránsito, dotadas de los recursos humanos y materiales necesarios para una adecuada investigación y juzgamiento” de estos delitos, en cumplimiento de lo que establece el artículo 7 de la Constitución sobre la protección de la vida.

En segundo término, exige que se ejecute efectivamente la asignación de recursos del Fondo de Seguridad Vial, ya aprobado por la normativa vigente pero, según señalan, “aún pendiente de ejecución”.

El tercer pedido es el respaldo al proyecto de ley presentado por Verónica Ferrer, que busca el endurecimiento y la efectividad de las sanciones previstas para los cinco delitos contemplados en la Ley de Faltas. Según el comunicado, la iniciativa ya fue puesta en conocimiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Sensación de impunidad” frente a sanciones insuficientes

La Red cuestiona duramente el marco sancionatorio vigente. El texto sostiene que, si bien buena parte de las conductas de riesgo en el tránsito están tipificadas en la Ley de Faltas, “las sanciones actualmente previstas resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado”, un daño que remarcan, no solo golpea a las víctimas y sus familias, sino también al propio Estado y a los organismos de prevención.

Esa brecha, dicen, “genera una profunda sensación de disconformidad e impunidad entre las víctimas y sus familias”, que además de atravesar el dolor por la pérdida deben afrontar consecuencias sociales, económicas y emocionales. La organización también manifestó su disconformidad con resoluciones judiciales que, según entienden, no logran “transmitir a las víctimas una respuesta proporcional a la gravedad de las consecuencias producidas”, en especial cuando persiste riesgo de reiteración de conductas.

La movilidad segura como derecho

El comunicado enmarca el reclamo en una lógica de derechos: “la movilidad segura constituye un derecho inherente al derecho a la vida”, afirma el texto, y agrega que la sociedad debe poder confiar en que quienes comparten la vía pública actuarán con responsabilidad. Cuando eso no ocurre, sostienen, no solo se vulnera la integridad física de las personas sino también la confianza en el sistema de justicia.

En ese sentido, la Red exhorta a las autoridades a valorar, en los casos de mayor gravedad, la aplicación de prisión preventiva o el cumplimiento efectivo de las penas “para proteger a la comunidad, evitar riesgos de reiteración y reafirmar el compromiso del Estado con la defensa de la vida”.

El mensaje a las familias

El comunicado cierra con un mensaje de acompañamiento a quienes perdieron seres queridos en el tránsito: “Para que ninguna muerte evitable quede naturalizada y para que todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho a una movilidad segura y regresar sanas y salvas a sus hogares», señala el texto, que agrega que «nadie sale de su casa pensando en que no va a volver”.

Los tres planteos de la Red quedan ahora a la espera de una respuesta de los organismos a los que fueron dirigidos, en momentos en que el Parlamento avanza en la discusión de la Rendición de Cuentas.