Perciballe: “El objetivo de los abogados de los militares es que la justicia no avance”

El Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad espera que la Suprema Corte de Justicia resuelva rápido el incidente presentado por el equipo jurídico del Centro Militar y sancione a los abogados

El Fiscal Letrado de Montevideo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad Dr.Ricardo Perciballe sostuvo que las excepciones planteadas por el equipo jurídico del Centro Militar son una “burda chicana” y agregó que de seguirse este criterio se produciría un “caos” en el sistema judicial ya que la Suprema Corte de Justicia tendría que investigar, perseguir y juzgar estos crímenes lo cual es “un disparate, porque la Suprema Corte de Justicia no está para eso”.

En entrevista con El Explorador, Perciballe fue consultado, entre otros temas, acerca de los recursos presentados por los abogados del Centro Militar en las causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Amparados en una norma de la Constitución, la defensa de los militares reclama que todas las causas que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y que se sustancian en decenas de juzgados del país se suspendan y sean tramitadas en forma directa por la Suprema Corte Justicia.

El artículo 239, que detalla las funciones de la Suprema Corte de Justicia, establece en su primer numeral que es tarea de la Suprema Corte laudar “sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo”. Para Perciballe, se trata, en definitiva, de un nuevo recurso de inconstitucionalidad, “por eso es que decimos que es una chicana burda con respecto a lo que todos habían planteado antes”. Agregó que “primero que nada, el Derecho de Gente es un tema discutido, si hoy sigue existiendo como tal o quedó desfasado en el tiempo” pero puntualizó que aunque fuera esa competencia originaria “ hay que ver si los crímenes de lesa humanidad quedan comprendidos en eso, lo cual es un tema discutido” y aunque quedara comprendido en el Derecho de Gente, “el numeral 2 de ese mismo artículo dice que en el caso de competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia, la ley reglamentará esta competencia”. “Entonces, o no existe ley, o la ley que existe es el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Penal lo que dice es que en casos de crímenes y en delitos lo que actuó son los jueces le que estrados que es lo que ha pasado hasta ahora”.  Perciballe considera que de seguirse la posición de la defensa “sería un caos, porque significaría que la Suprema Corte de Justicia tendría que investigar, perseguir y juzgar estos crímenes y eso es un disparate, porque la Suprema Corte de Justicia no está para eso”. Pero además, señala que en caso de hacerlo “no habría un tribunal de alzada y, en consecuencia, lo que haría es perder garantías para los propios imputados”, porque “lo que laudara la Suprema Corte de Justicia no sería pasible de revisión«. En conclusión, según el Fiscal, la excepción “no tiene ningún sentido” ni desde el punto de vista jurídico, del punto de vista práctico y hasta desde el sentido común porque implicaría una “violación de las garantías” para los propios imputados. Perciballe dijo que espera que la Suprema Corte de Justicia se expida en forma rápida y también que haya una “sanción para los abogados que presentaron este incidente”.

Consultado sobre las causas abarcadas por esta excepción dijo que son “todas” porque el objetivo de estos abogados es que “no avance la justicia”. 

“Ellos lo presentaron en todas las causas para parar todos. Porque esa es la idea. La idea es que no avance la justicia. Y la única forma de que no avance la justicia es interponiendo excepciones”, agregó.

Como consecuencia, dijo, “lamentablemente se han trancado varias de las causas, pese a que nosotros recurrimos, pese a que nos han dado la razón, porque hay jueces que revocaron, que no hicieron lugar a esta excepción, pero enseguida presentan queja por denegación de inconstitucionalidad. En definitiva, necesitamos una sentencia de la Corte que despeje esta posición y que sancione a los abogados”.

Pero también hay casos, dijo, en los cuales los jueces han rechazado este tipo de recursos, las causas han avanzado y siguieron su curso normal. “Depende de los jueces. Generalmente los jueces del interior todos suspendieron”, afirmó.

“La doctora Chamsarian fue la primera que suspendió las actuaciones, cuando teníamos el control de acusación, que es una etapa muy importante del juicio. Nosotros ahí presentamos un recurso, lamentablemente ella no esperó nuestro recurso, lo elevó a la Corte y la Corte cuando recibió nuestro recurso lo remitió de vuelta a la jueza del caso, lo que insumió un mes y medio de pérdida de tiempo. Y después la jueza hizo lugar a nuestro recurso, revocó la suspensión de las actuaciones, pero inmediatamente las defensas presentaron una queja por denegación de inconstitucionalidad y entonces seguimos trancados”.

“Esto nos ha complicado bastante nuestro trabajo. En el interior es donde nos ha complicado más, porque los jueces no han tomado en consideración los recursos de la Fiscalía. En Montevideo sí hemos revertido la situación. Todos los jueces de Montevideo han tomado la posición de la Fiscalía. Y nosotros no queremos apelar, aunque nosotros tenemos la posibilidad, lo que hicimos fue interponer recursos de reposición para que el mismo juez revoque. Pero no queremos apelación, porque si no, vamos a apelación para que un tribunal de apelación le diga si corresponde o no suspender, para que después se expida la Suprema Corte de Justicia. Entonces, sería mucho más demora para las causas. En esto tenemos que ser muy estratégicos con nuestros recursos”, afirmó.

Causa Michelini-Gutiérrez Ruiz

Una de las causas suspendidas tiene que ver con los crímenes de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que incluye además los homicidios de Rosario Barredo, William Whitelaw así como la desaparición forzada de Manuel Liberoff,  cometidos en Buenos Aires en mayo de 1976 en el marco del denominado “Plan Cóndor”. 

La defensa de los militares imputados en la causa, Ricardo Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina había presentado un recurso de jurisdicción por el artículo 239 de la Constitución ante el juzgado penal 31 de la jueza Adriana Chamsarian. En la audiencia que fue suspendida se iba a disponer la prueba a presentarse en un futuro juicio. Los tres imputados ya tienen medidas cautelares: Medina y Silveira están en prisión en Domingo Arena (por este y otros casos) y Arab tiene prisión domiciliaria (por este y otros casos).

La investigación de la Fiscalía abarca el periodo comprendido entre febrero de 1974 y octubre 1976 en el cual se producen 12 homicidios y 2 desapariciones forzadas y unas 70 privaciones de libertad con torturas.

Según la investigación de Perciballe, en esos poco más de dos años y medio “hubo alrededor de 30 operativos previos, concomitantes y posteriores a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz que nos permitieron establecer que en todos participaron los mismos organismos, en todos participaron los mismos integrantes de esos organismos y por eso es que hacemos las imputaciones, porque es parte de la misma lógica de actuación”.

“Además de eso, lo que comprobamos, y es lo que vamos a probar en el juicio, es todo lo que fue la etapa precóndor con un conjunto importante de traslados clandestinos y compulsivos desde Argentina a Uruguay de distintas víctimas, y también todo lo que fue el plan cóndor”.

Durante la investigación, el equipo de la Fiscalía tuvo acceso a una abundante prueba documental proveniente de la inteligencia de Uruguay, de documentos desclasificados de Estados Unidos, documentos del “archivo del terror” de Paraguay, de los archivos de Chile, de Argentina, a la que se suma la actuación de los peritos historiadores, los peritos médicos, además de un perito internacional. “Fuimos haciendo la trazabilidad de esos documentos para interpretar las lógicas de actuación, para interpretar los modus operandi, lo que nos ha permitido tener una certeza bastante fuerte sobre cómo ocurrieron los hechos”.

Para Perciballe, resulta probado que ese grupo de tareas no actuó por su cuenta sino que “contó sin duda con la aquiescencia, el apoyo y las órdenes de los mandos”. “Ellos actuaron dentro de un plan sistemático de persecución a los opositores, y para eso utilizaron todas las herramientas del Estado”, indicó. Agregó que, “fundamentalmente el organismo que actuó fue el Servicio de Información de Defensa (SID), que era el servicio de inteligencia que estaba al más alto nivel porque era el asesor de la Junta de Comandantes en Jefe”.

Perciballe puntualizó que los imputados si bien “no declaran por estrategias de la defensa” la Fiscalía sí accedió a declaraciones de ellos en otras causas, como por ejemplo, en la conocida como del segundo vuelo, la causa de María Claudia García de Gelman y también de tribunales de honor.

“Ahí ellos sí hablan un poco más, no mucho más, pero sí dan algunas pautas que nos permiten hacer interpretaciones, porque en definitiva nosotros lo que hacemos es interpretaciones de las magras declaraciones que ellos hacen. Obviamente, nunca hay una confesión cierta, siempre hay admisiones muy parciales de situaciones, no de los hechos concretos, porque obviamente ellos son muy enfáticos en no haber participado de las muertes de Michelini”, afirmó.

La lógica de la “Omertá” y la Operación Zanahoria

Perciballe reafirma que la actitud de los militares al declarar ante la Fiscalía ha sido hasta ahora la del “silencio más absoluto”.  “La lógica acá es la Omertá, el silencio más absoluto, aquí siempre lo que trata es de justificar y de decir, yo participaba en actividades administrativas, yo no tuve nada que ver, yo nada. O sea que las muertes, las torturas, las desapariciones se hicieron por arte de magia, porque no hubo personas que las hicieron”.

Sobre la Operación Zanahoria, Perciballe llegó a la Fiscalía existía un expediente que estaba caratulado de “ Operación Zanahoria”. “En base a lo que existía en ese expediente y fundamentalmente a lo que es el trabajo de los peritos y en especial del grupo de investigadores coordinados por Alicia Lusiardo, llegamos a la conclusión de la no existencia del plan de la Operación Zanahoria, por lo menos en su totalidad, como había sido manifestado por los comandantes en jefe en el informe a Tabaré Vázquez”. En ese informe, “ellos decían que todos los cuerpos habían sido exhumados y cremados y tirados al mar y bueno, Miranda nos dijo que no, Bleier nos dice que no, Sanjurjo nos dijo que no, y todos los encuentros que se hicieron abonan la teoría de la no existencia de esa Operación Zanahoria”. “Lo que sí puede haber pasado, pero tampoco hay evidencias de campo, es una Operación Zanahoria parcial que podría estar vinculada al segundo vuelo, porque está probado que desde Argentina trajeron entre 20 y 30 personas, no se sabe mucho el número exacto, se trajo un número importante y aparentemente se los ejecutó acá; si se los ejecutó tendría que haber una fosa colectiva”.

Sin embargo, hasta ahora, no se han encontrado, “ni la fosa colectiva, ni indicios de remoción de tierra que indicaran una posibilidad de la existencia parcial de esa Operación Zanahoria”. En definitiva, agrega Perciballe, “desde el punto de vista científico, y lo que nos ha manifestado el equipo de Antropólogos Forenses, coordinado por Alicia Lusiardo, es que ellos no tienen ningún elemento para indicar la existencia de la Operación Zanahoria, ni de entierros secundarios, porque lo único que se ha encontrado hasta ahora son entierros primarios”.

Información 

Con respecto a la información que puede recibirse tanto en el ámbito de la Fiscalía como en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Perciballe aclara que la Fiscalía actúa en las investigaciones y en la persecución de los crímenes de lesa humanidad lo que implica “buscar verdad y justicia, en un proceso y ante los tribunales del país”.

A esa competencia, se le agregó, conforme a la ley 19.822, la colaboración con la Institución Nacional de Derechos Humanos en la búsqueda de restos detenidos aparecidos. “Esa búsqueda en la Inddhh es administrativa que lo que busca es verdad; es un tema humanitario de establecer dónde están los cuerpos y dar un poco de paz a las víctimas”. “Nosotros en esa competencia de cooperación lo que hacemos es nuestra información la trasladamos a la Institución de Derechos Humanos y además cooperamos en lo que son las cautelas judiciales”, indicó.

Señala también que la información que proviene de la Inddhh “no se traslada a la Fiscalía”. “Entendemos que eso es bueno que así sea porque en la medida que la información que llega ahí no pasa a la Fiscalía y por ende no permite imputaciones, hace que ellos tengan una posibilidad mayor de avanzar”, afirmó.

“Lo que está claro es que nosotros con nuestras investigaciones no necesitamos la información de la Inddhh porque nosotros ya tenemos claramente identificados cómo fueron los hechos y quiénes son los responsables en la enorme mayoría de las causas y fundamentalmente frente a los detenidos desaparecidos. Entonces, toda la información que obtenga la institución a nosotros no nos aporta en nada y es más, no viene porque hay disposición unánime desde nosotros y desde la institución fundamentalmente de su coordinador Wilder Tyler, de que esa información no pasa a la Fiscalía y está bien que así sea porque lo que se busca ahí es verdad, no se imputa a nadie con esa información”

Perciballe señaló que la Fiscalía ha recibido también información pero hasta ahora “ninguna información de calidad”. “Nunca ha llegado nada que permita ir a un lugar, excavar y encontrar los restos de alguien”. En ese sentido, señala que la información que ha llegado ha sido o bien de mala calidad, “sin intención distractiva” y otras de “muy mala calidad con intención distractiva”. “Eso ha ocurrido y generalmente ocurre en fechas cercanas a los hallazgos o en fechas cercanas al 20 de mayo”.

“Siempre es una información difusa, siempre de terceras personas y siempre con mucho miedo la gente que aporta la información, que ese no es un dato menor, es increíble que a 40 y pico de año de que ocurrieron los hechos y tantos otros de democracia sigamos con miedo”, afirmó.

Caso Sanjurjo: Fiscalía realiza las primeras citaciones de militares

Varios oficiales del Ejército serán citados a declarar en calidad de indagados ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad por el caso Amelia Sanjurjo, una militante comunista secuestrada y desaparecida en 1977 cuyos restos fueron encontrados y recuperados en junio de 2023, en el Batallón  14 de Infantería Paracaidista, confirmó a El Explorador el Fiscal Perciballe. “Nosotros tenemos identificados personas que pueden ser los responsables. Por eso son citados en calidad indagados. Son oficiales que actuaban en la Tablada en ese periodo”, afirmó. 

Sanjurjo fue identificada a partir del trabajo conjunto del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), la Fiscalía de Lesa Humanidad de Uruguay, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Tenía 41 años y fue vista con vida por última vez en el centro clandestino de detención La Tablada, en Montevideo.  La Justicia uruguaya solicitó la colaboración del equipo argentino para realizar el cotejo genético del cuerpo hallado con el de la base de datos de familiares de personas desaparecidas que resguarda el EAAF, que incluye a familiares de Argentina, Paraguay y Uruguay.
Luego de obtener muestras de varios familiares, el Laboratorio de Genética Forense del EAAF pudo determinar que los restos hallados pertenecen a Sanjurjo y comunicarlo a las autoridades judiciales uruguayas. Una vez identificados los restos, se solicitó la reapertura del caso. Trascendió que el expediente se encontraba perdido, por lo que se dispuso su reconstrucción con toda la información que tiene el Poder Judicial que le solicitó a Fiscalía.