Otra vez la urgencia a la luz de la tragedia
El reciente incendio en la cárcel de Santiago Vázquez, que cobró la vida de varios reclusos, ha vuelto a poner de relieve la grave crisis humanitaria en el sistema penitenciario uruguayo. Una sociedad que parece adormecida y que despierta a golpes de horror de tanto en tanto, para que luego, más temprano que tarde, vuelva a caer en el letargo mientras los ecos de la discusión política partidaria van perdiendo protagonismo en los titulares.
Esta tragedia, que provocó conmoción a la opinión pública, es solo el reflejo más visible de un problema estructural que ha venido agravándose con el paso del tiempo: la sobrepoblación, las condiciones inhumanas y la falta de políticas efectivas para la reinserción social.
Según los informes del Comisionado Parlamentario Penitenciario, las cárceles uruguayas albergan actualmente a más de 15.000 personas, con un nivel de ocupación que supera el 120% de su capacidad. Esta situación genera hacinamiento, violencia, falta de acceso a servicios básicos y escenarios de inseguridad, tanto para los reclusos como para el personal penitenciario. Este último episodio se convierte en un trágico recordatorio de esta realidad.
En un marco internacional, Naciones Unidas, a través de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), establece estándares clave que deben seguir los sistemas penitenciarios, como el respeto a los derechos humanos y la implementación de programas de rehabilitación que permitan una reinserción efectiva a la sociedad.
En el plano electoral, el debate sobre el sistema penitenciario en Uruguay ocupa un lugar importante en la agenda de los candidatos presidenciales. Por un lado, los sectores más conservadores plantean un endurecimiento de las penas, la construcción de más cárceles y una mayor presencia policial en los centros penitenciarios. En contraste, otros candidatos, principalmente de la izquierda, promueven políticas centradas en la rehabilitación y la educación de los reclusos y penas sustitutivas. A pesar de estas diferencias, existe un consenso incipiente en la necesidad de reformar el sistema penitenciario.
Ante esta situación, es fundamental que el debate político y público trascienda las promesas electorales y se transforme en un compromiso de Estado. Las cárceles no pueden seguir siendo depósitos de personas, ni los reclusos deben ser condenados a vivir en condiciones que violan sus derechos humanos fundamentales. Se requiere una reforma integral del sistema que contemple no solo la construcción de nuevas infraestructuras, sino también la implementación de programas educativos, laborales y de salud mental que permitan la rehabilitación efectiva de los reclusos.
Uruguay debe aprender de estas experiencias nefastas y construir un sistema penitenciario más eficiente. Los incendios, las muertes y las violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles no pueden ser la norma en un país que se jacta de ser una democracia avanzada y respetuosa de las libertades individuales. El cambio no puede esperar.
Es hora de dejar de lado las diferencias partidarias, el accionar intelectualmente pobre de la chicana electoral y construir un acuerdo-Estado que permita avanzar. La sociedad lo reclama y es obligación de aquellos que abrazan la tarea de ponerse al servicio de los ciudadanos que recuerden precisamente esto: su rol principal.
