Tragedia en el Módulo 4: entre el “hacinamiento crítico” y la “alta prisionización”

El incidente ocurrido en la Unidad Penitenciaria Nº 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) -ex Comcar- el 25 de setiembre pasado, en el que murieron seis personas privadas de libertad y una debió ser internada, volvió a poner en el tapete la gravísima situación del sistema carcelario del Uruguay. Según supo El Explorador, la Fiscalía de Homicidios, que ya cuenta con la denuncia presentada por la Oficina del Comisionado Parlamentario, citará a declarar en los próximos días a alrededor de 40 internos en relación a este caso.

El incidente se habría suscitado por un presunto problema con uno de los internos de la celda. Los internos habrían sido “rociados con combustible de la máquina de cortar pasto y prendidos fuego”. El módulo Nº 4, donde en diciembre pasado ocurriera otro incendio con el mismo saldo de fallecidos, hoy está vacío. Un informe especial producido por el Comisionado Parlamentario Penitenciario arroja luz sobre este asesinato múltiple.  

“Acto criminal”

El equipo liderado por el doctor Miguel Petit considera que el incidente fue “un acto criminal de violencia extrema que obliga a una profunda reflexión y análisis para la toma de decisiones sobre la realidad del sistema carcelario y su transformación”. Por otra parte, destaca que los funcionarios reaccionaron con “prontitud y responsabilidad en cuanto se enteraron de lo que ocurría”, y que “el propio director de la cárcel rompió con una maza la pared de la celda lindera tratando de rescatar a quienes pensaba que estaban con vida”, ya que la puerta de la celda no se abría.

Entre las causas de esta tragedia, se menciona la “situación global de hacinamiento crítico, con 120% de sobreocupación” y la “alta prisionización” de los conflictos y problemas sociales en el país. Los seis internos fueron atacados con fuego y cortes carcelarios por otros internos con quienes compartían el mismo sector. El Comisionado sostiene que en este hecho “hay una relación clara entre lo ocurrido y la situación de hacinamiento y la falta de tratamiento del sistema carcelario y de ese módulo en particular” y, por lo tanto, “el Estado debe resarcir a las víctimas”.

El informe

El informe sostiene que del estudio de la trayectoria de los internos fallecidos no se verifican actividades de tratamiento socioeducativo de relevancia en los meses anteriores. La Oficina del Comisionado Parlamentario (OCP), siguiendo los lineamientos del Protocolo de Minnesota, referido por Naciones Unidas como guía para la investigación de las muertes en custodia, también presentó denuncia en Fiscalía, como hace con todos los casos de muertes de personas privadas de libertad. La OCP, con su Coordinadora Técnica, se hizo presente en el lugar de los hechos en cuanto recibió noticia de lo ocurrido, y en los días siguientes visitaron varias veces la unidad penitenciaria.

Todo indica que los fallecidos fueron atacados por un grupo de internos a raíz de un tema de la convivencia que los enfrentaba. El informe destaca la actuación de los  funcionarios que “reaccionaron con prontitud y responsabilidad en cuanto se enteraron de lo que ocurría”, y que “el propio director de la cárcel rompió con una maza la pared de la celda lindera tratando de rescatar a quienes pensaba que estaban con vida, ya que la puerta de la celda no podía abrirse”.   

Fallecimiento de reclusos

La OCP agrega que la “catástrofe” tuvo lugar donde se aloja el “doble de la población para la cual hay espacio y donde no más del 10% de los internos recibe o participa de alguna actividad relevante de rehabilitación o accede a un patio al aire libre de forma regular”. “El módulo es por tanto expresión del desborde del sistema penitenciario nacional, cuya población ha aumentado a un ritmo mucho mayor que los recursos necesarios para una atención adecuada (ver Informe Anual OCP 2023, Situación Presupuestal)”, señala. 

Se cita a Boris Cyrulnik, conocido como el “padre de la resiliencia” y sobreviviente de la II Guerra Mundial, que habla de “dar sentido a lo sin sentido” para lograr alguna forma de reconstrucción.  “Ante el golpe de la muerte que no debió haber ocurrido, el desafío de los actores institucionales es aportar elementos que, si bien no llenan el vacío que deja el impacto súbito de la oscuridad, pueden igualmente aportar luminosidad a la vida y al futuro”, señala el informe. En ese sentido, y tal como se ha mencionado en los informes anuales de la Oficina del Comisionado Parlamentario, “Uruguay tiene una muy alta tasa de prisionización, rondando el puesto 10 en el mundo” y agrega que por el sistema carcelario “pasan más de 26.000 personas presas por año”.

“Este ha sido el resultado de una tendencia de largo plazo de acumulación de políticas de endurecimiento de penas y de subutilización de medidas alternativas que han redundado en procesos de prisionización masiva y que han presionado la persecución y la dosimetría penal hacia determinados delitos pero sin un correlato de inversión suficiente para el tratamiento e intervención sobre los factores que los han provocado”.

Inversiones

Por otra parte, señala que Uruguay “sí ha realizado en los últimos 20 años grandes inversiones en la construcción de cárceles y de nuevas plazas penitenciarias, casi triplicando su capacidad locativa nominal”. “Mientras que en 2005 había unas 4.829, según el informe del Comisionado Parlamentario 2005-2006, al 25/09/2024, según los datos de INR, Uruguay tenía construidas unas 13.436 plazas (se trata de cifras globales que no consideran sus condiciones o su habilitación)”.

“Si hubiera en la actualidad exactamente esa cantidad de personas privadas de libertad, el país igualmente estaría disputando el primer lugar de América del Sur respecto a su tasa de prisionización con 390 cada 100.000 habitantes”. “Teniendo esto en cuenta, la situación global de hacinamiento crítico, con 120% de sobreocupación, no parece ser el resultado simple de un déficit de construcción de plazas, sino más bien de la alta prisionización de los conflictos y problemas sociales en un sistema penitenciario sin condiciones suficientes para la intervención para la rehabilitación”.

Alta prisionalización

En el informe, el Comisionado Parlamentario se pregunta: “¿Por qué Uruguay ha recorrido en los últimos 20 años este camino de alta prisionización? Es una pregunta abierta al debate y el aporte, e involucra dimensiones de políticas de infancia, familia, educación, administración de justicia, empleo, juventud, salud mental y consumo de sustancias. Pistas para responder la pregunta hay varias”. “Lo que sí parece indudable es que cualquiera sea el nivel de prisionización que el país decida tener, el mismo deberá estar acompañado de recursos operativos y edilicios que aseguren el tratamiento socioeducativo, que es la finalidad de la sanción penal.

Si se mantiene tal cual el modelo de alta prisionización de las últimas décadas, se necesitarán ingentes recursos presupuestales, de infraestructura y logísticos para que funcione adecuadamente y no genere diversas formas de violencia, intracarcelaria o en la comunidad. La otra alternativa es paulatinamente ir virando hacia un modelo que -siendo complementario de las políticas sociales generales- se vaya afincando en las medidas alternativas, la asistencia pospenitenciaria y programas de tratamiento potentes orientados por una vigorosa y nueva institucionalidad del sistema”.

Sistema progresivo

Por otro lado, se señala que “pese a la situación global de sobrepoblación y hacinamiento crítico, paradójicamente, existen cientos de lugares libres en el sistema que no se utilizan por inhabilitación o por falta de trabajo socioeducativo (rehabilitación) con las personas para su acceso a procesos de progresividad en el sistema para ocupar esos lugares” y agrega que “la situación de hacinamiento crítica que tiene el sistema desde hace años se debe más bien a una combinación de un déficit de inversión en políticas de rehabilitación unido a carencias en la promoción de políticas de alternativas al encarcelamiento; esos cupos no pueden hoy usarse, por la falta de personal y materiales para hacerlos operativos”. 

En otras palabras, señala el informe, “la construcción de nuevos locales es buena cosa para sustituir edificios y espacios deteriorados o inadecuados al tiempo actual, y también para adecuar el sistema a un nuevo funcionamiento de progresividad”. “El desafío central para bajar la violencia social sigue siendo transformar el sistema hacia un modelo de menos prisionización, mayor eficiencia socioeducativa en la privación de libertad y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos, de trabajo pospenitenciario y de reforma institucional planteados”.

Diagnóstico personalizado

“Una acción posible es implementar un diagnóstico personalizado de los espacios superpoblados con equipos técnicos y de seguridad itinerantes, que puedan definir planes de tratamiento y generar progresividad, o sea, movimientos dentro del sistema hacia los espacios menos ocupados”. “Sin duda la demografía penitenciaria también está influida por el aumento de los delitos, las normas penales y las capacidades estatales de persecución. Una interrogante es cómo puede impactar sobre ella la evolución de las políticas sociales. Es deseable que estas acciones, que son el contexto donde se desarrolla ese subcapítulo de política social que llamamos política criminal, continúen avanzando, ya que son la esencia del Estado social que ha sido nota distintiva de Uruguay desde inicios del siglo XX. Y quizás sea una de las llaves para alcanzar mayores niveles de desarrollo”.

La interpelación

Por otra parte, se señaló que “la interpelación realizada por la Comisión Permanente del Poder Legislativo al ministro del Interior el día 7 de octubre, dejó, muy positivamente, varios puntos que parecen centrales en la hoja de ruta a seguir y que establecen líneas básicas sobre las cuales las Administraciones de turno podrán establecer diversos énfasis y prioridades, pero sin dejar de contar con ellos como referencias del rumbo: medidas alternativas, trabajo y asistencia pospenitenciaria personalizada, aporte por diversas vías administrativas de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales y empresas), ampliación de la cobertura de ASSE, programas de salud mental y asistencia al consumo problemático de sustancias, fortalecimiento y rediseño institucional del INR”.

Destacó asimismo que la declaración final del llamado a sala, con algunos puntos apoyados por todos los partidos políticos, “abrió la puerta para la realización de medidas administrativas de urgencia, recomendación parlamentaria que bien puede agilitar los procesos de compra y contratación de servicios u obras en los espacios más complejos y volátiles del sistema penitenciario, en particular en los módulos de la Unidad No. 4 del INR”.