Fiscal Rosa: “El alarmismo del que habla Ferrero se da de bruces contra la realidad”

El Dr. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, aseguró que las medidas gremiales de no solicitar órdenes de detención y allanamientos por una semana no ocasionaron ningún perjuicio a la prestación del servicio de la fiscalía. En entrevista con El Explorador, anunció que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “hostigamiento” hacia los fiscales por parte del sistema político y por la falta de nombramiento de una nueva Fiscalía de Corte. El pasado 8 de abril, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se declaró en conflicto con la Fiscalía General de la Nación (FGN) que encabeza la Fiscal de Corte, subrogante, Mónica Ferrero, “debido a resoluciones que presentan limitaciones al goce de la licencia anual estatutaria”, según un comunicado del gremio. Ferrero y los fiscales mantenían reuniones bipartitas por este tema desde fines de marzo. Rosa explicó cuál fue la génesis del conflicto. 

El gremio de los fiscales sigue en conflicto ya desde hace varios días. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, cómo se llega a esta situación?

A raíz de una serie de resoluciones adoptadas por la jerarquía de la institución. Esas resoluciones tienen que ver con licencia, o sea, con el descanso de los fiscales y condicionan ese derecho de descanso en tanto retacean el usufructo de ese derecho.

A partir de ahí la Asociación de Fiscales traslada a la jerarquía el rechazo. Se plantea la propuesta de entablar una mesa de negociación bipartita para conversar sobre estos temas y poder buscar a partir de la negociación una salida a la discrepancia. Esa mesa de negociación se instala, ya hubo una asamblea en el momento  de la primera reunión y dicha asamblea ya había aprobado medidas.

Nosotros desde la comisión directiva pedimos dejar en stand by esas medidas para negociar de forma adecuada, o sea, negociar libres de medidas adoptadas. Eso fue aceptado por la asamblea, que es el órgano soberano del gremio. Entonces, hubo una declaración de preconflicto y la suspensión de las medidas hasta que se viera la instancia de negociación bipartita.

En la negociación bipartita, en la reunión con la fiscal general, ella recibió nuestros planteos que tenían dos puntos. Uno era el retrotraer las decisiones que se habían adoptado y por otro lado también lleva adelante una negociación sobre otro tipo de licencia que están en la fiscalía para todos los demás funcionarios, pero no para los fiscales. Entonces, nos pidió dilatar la respuesta por una semana.

Nosotros lo aceptamos, obviamente, en un marco de negociación y a la siguiente semana, cuando vino la respuesta, no, obviamente, no. No fue satisfactoria por parte de la asociación de fiscales, porque no se retrotraían las resoluciones adoptadas y por otro lado no se hacía lugar a la licencia que se había solicitado que se contemplara.

En virtud de eso, lo que hicimos fue trasladar a la asamblea y la asamblea decide estas medidas que, paradójicamente, las que se adoptaron tenían que ver con no solicitar órdenes de detención y órdenes de allanamiento, además de no generar ningún impacto considerable en la realidad del trabajo de la fiscalía, las mismas ya cesaron, el lunes 14 de abril.

O sea, en este momento no hay medidas que tengan que ver con el trabajo de los fiscales vigentes sin perjuicio que sigue el conflicto y el 25 vamos a tener una instancia tripartita. 

Volviendo a los motivos por los cuales ustedes aprueban estas medidas, está también la decisión de la Fiscalía General de prohibir la difusión de los pedidos de formalización.

Sí, lo que se votó en realidad en asamblea es discutir en la próxima reunión, que va a ser justamente el 25 de abril, también después de la instancia tripartita respecto a esta situación. En principio hay disconformidad de parte de los fiscales y por una razón sencilla: acá hubo una decisión de no publicar más las formalizaciones, algo que venía haciendo la institución y es a raíz de un caso que tuvo su relevancia pública. Y a lo que nosotros vamos con esto es el hecho de publicar la formalización con todas las puntualizaciones, de que es un acto primario, que no genera un estado definitivo, sino que en realidad la publicidad del proceso lo que hace es ayudar a la ciudadanía a comprender de qué están compuestos los argumentos de la solicitud de los fiscales, qué ha hecho, cómo ha trabajado la fiscalía, cómo trabaja el sistema de justicia también.

Entonces, no darle más publicidad a eso, nosotros lo vemos muy negativamente desde ese punto de vista, porque impide ver cómo es el trabajo de los fiscales. Y es algo que sucede en todas las regiones.

Si usted entra a la página del Ministerio Público de Colombia, están las actuaciones de los fiscales, lo mismo sucede con el Ministerio Público de Chile, con el Ministerio Público de Paraguay, le digo como ejemplo; simplemente entrando a la sección noticias uno puede ver el trabajo que hace la fiscalía.

Entonces, para nosotros es saludable, en aras de la transparencia, que la ciudadanía sepa cómo trabajan los fiscales porque es una etapa del proceso que es público. 

Usted mencionaba que el fundamento tiene que ver con un caso en particular que cobró estado público; están hablando concretamente del exintendente Guillermo Besozzi. 

Fue a partir de esa formalización que se generó toda esta situación. Y nosotros tenemos ahí a la colega actuante en ese caso que dijo: “Imagino que la fiscalía la publicará, como se hace con todas las formalizaciones”. Sin embargo, esa publicación no llegó y después viene esta decisión de la jerarquía de no publicar más las formalizaciones. Esa fue la secuencia.  La pregunta es por qué se da el enojo también de la inmensa mayoría de los agremiados manifestado en asamblea. Y esto tiene que ver con el momento en que se dictan estas resoluciones que retacean derechos, que fue el 21 de marzo.

Y el 21 de marzo es donde se da el epicentro de este ruido mediático acerca de la formalización del exintendente de Soriano. En ese momento se produce un ataque furibundo de parte de ciertos actores del sistema político, sobre todo del Partido Nacional, hacia la institución Fiscalía. Llegó a decirse que la Fiscalía es un centro de operaciones políticas.

Ahí lo que nosotros esperábamos, por una cuestión de orden, es que institucionalmente se produjera una defensa de la Fiscalía. No ya de un fiscal concreto o de alguien que esté actuando en ese caso concreto. Creo que como se hace una acusación que involucra a toda la institución, lo más razonable era esperar una respuesta institucional para decir, «Bueno, esto no es así.» y si se tienen pruebas de que esto es así, se deberían presentar las evidencias.

La Fiscalía General se llamó a silencio absoluto. Lo que hizo sí fue sacar un memorándum recomendándoles a los fiscales que utilicen bien las redes sociales, lo cual si sucede todo como debe suceder, o sea, si hay un pronunciamiento respecto a lo pernicioso de las acusaciones públicas y destempladas generalizadas hacia la Fiscalía y además se saca un memorándum, bueno, es entendible. Pero ahora, si solo existe un memorándum, si solo existe la decisión de no publicar más formalizaciones y no se dice nada respecto al ataque que se recibe, ahí hay una congoja claramente de parte de la Asociación de Fiscales respecto a esta situación.

La fiscal Ferrero también hizo un comunicado en el cual expresa su sorpresa ante las medidas gremiales. 

Sí, fíjese que se conecta con lo anterior. Parte del sistema político, autoridades de importancia, estamos hablando de senadores de la República, atacan de esta forma a la Fiscalía y no se dice nada, pero sin embargo, cuando el gremio se declara en conflicto y adopta medidas que invito a cualquiera a que observe en la realidad el impacto que tuvieron, que fue absolutamente marginal,  la Fiscalía saca ese comunicado alarmista como si la Fiscalía tuviese que prever cuestiones de seguridad cuando no es su rol, diciendo que no hubo un preaviso. En la secuencia que yo le describí, claramente hubo una negociación bipartita. Decir que no hubo un preaviso, cuando ya se le había dicho una semana antes que las medidas estaban adoptadas, es un poco falto de realidad. Eso también hay que ponerlo en claro también: el alarmismo del que habla Ferrero se da de bruces contra la realidad. Por otra parte, las medidas ya cesaron, se aplicaron entre el martes 8 y hasta el 14 de abril.

La Fiscal dice que se le hizo imposible generar prevenciones que “eviten daños en la seguridad de las personas”. Todo esto, según usted, no ocurrió. 

Es inadmisible. Primero, creer que pueda haber fallas en la seguridad, porque un fiscal decida no solicitar una orden de detención o allanamiento que no es prioritario. Pues si no, tendríamos que pensar que todos los días, cuando los fiscales coordinan con las brigadas y con la policía el día en que los policías operativamente pueden hacer los allanamientos, o sea, que se dilata en el tiempo en la realización de un allanamiento, habría una afectación a la seguridad. 

Pero además el comunicado de la Fiscalía incurre en un error increíble porque los fiscales no autorizan órdenes de allanamientos; solicitan a un juez y es el juez el que autoriza. Es increíble que la fiscalía haya cometido ese error; pero únicamente en caso que no se den situaciones de riesgo inminente para la vida, actividad física y derechos similares, o sea que no son prioritarios.

Con respecto a las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se sigue con esto? 

 La idea es llegar al 25 de abril (viernes) con un margen de negociación adecuado. Nuestro objetivo, nuestro norte, está puesto en lograr que se reviertan las medidas que fueron adoptadas por parte de la fiscal general. Entonces, para promover eso también hay que dar señales de que se tiene capacidad de negociación. Entonces, estamos apostando las baterías a eso. 

Ustedes también reclaman que se designe finalmente un nuevo fiscal de Corte.

Este reclamo es al sistema político y nosotros vamos a pedirle nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, que también hagan un pronunciamiento en ese sentido. El tema interno de la fiscalía se termina en el Ministerio de Trabajo.

El tema de que no haya un fiscal general, de que a la fiscalía no se le hayan dado los recursos suficientes y de que permanentemente haya un hostigamiento y un ataque a la fiscalía, tal como se hizo el año pasado, se va a volver plantear por la vía de los organismos internacionales. 

¿Cuál es el cometido de esto?

Que los organismos internacionales recomienden al Estado uruguayo comenzar con el proceso de designación de un fiscal general.

No puede permitirse una de las democracias modelo tener vacante uno de los cargos más importantes de su Estado desde hace 3 años y para esta institución es una franca situación de debilidad, porque hoy no tiene ni los recursos suficientes ni la cabeza debidamente establecida, y aparte, quienes tienen que encargarse de proveer esa fortaleza a la institución, lo que hacen es permanentemente debilitarla con estos ataques diciendo que es una institución que es un centro de operaciones políticas o  que hay un partido fiscal en la Fiscalía.

Entonces, esto que ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la ONU mirasen hacia Uruguay por la independencia judicial en cuanto a la fiscalía, bueno, volver a reiterar que la situación ha seguido incambiada y nosotros tuvimos la audiencia temática el 10 de julio de 2024.

Quiere decir que se está cumpliendo el año sin que prácticamente se hayan adoptado las  recomendaciones. 

Exacto. Hoy día los organismos internacionales, sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen muy en cuenta y muy presente que la independencia judicial es uno de los ítems de afectación de derechos humanos en donde el Estado de derecho se está empezando a comprometer. 

En resumen, lo que vamos a hacer es una nueva comunicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que a pesar de la intervención, por ejemplo, no cesó el hostigamiento hacia la fiscalía y que además sigue incambiada la situación en cuanto a la designación de fiscal general con el único cometido de que la recomendación al Estado uruguayo sea “perfecto; muchachos, hay que tener en cuenta que a esta institución hay que nombrarle un fiscal general y hay que darle los recursos suficientes para funcionar”. Después se pueden hacer todas las críticas posibles sobre el funcionamiento, la manera en que funciona la fiscalía o lo que hacen los fiscales. Eso es absolutamente criticable. Ahora, disparar un arsenal desmedido hacia la fiscalía sin darle lo que requiere para funcionar, es una calamidad. 

RECUADRO 

Veinte minutos en bicicleta

Para finalizar, algo diferente. Estoy leyendo un resumen de su biografía. Usted nació en Tacuarembó. 

Sí. En Paso Livindo. 

Luego se muda a Montevideo, donde comienza a estudiar Derecho; ¿es vegetariano y fanático de Peñarol? 

Sí, exacto. 

Me comentaron que para ir a trabajar usted no utiliza ni vehículo propio ni el servicio público de transporte, ni taxi, Uber…

Es cierto, voy a trabajar en bicicleta desde donde vivo en la zona del Hospital de Clínicas. Tengo todo por bicisenda. 

¿Cuánto tiempo pone?

Unos 20 minutos. Tengo una bicicleta que es asistida con motor eléctrico.