Ejecutivo y COFE negocian ajustes a certificaciones médicas
Desde el 1.° de julio al 30 de agosto es el período aprobado entre el Gobierno y la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) para negociar cambios al régimen de certificaciones médicas.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que el Gobierno propuso esta mesa de negociación ya que, desde que el régimen se aprobó en el Parlamento, en la anterior legislatura, generó controversias y el PIT-CNT planteó radicar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se negocian posibles modificaciones a la aplicación de lo que establece el decreto reglamentario, sostuvo el jerarca, quien aclaró que los plazos definidos se engloban en el marco presupuestal. “Este es el camino”, dijo, refiriéndose a la búsqueda de una solución duradera.
Afirmó que ningún trabajador debe desempeñar sus funciones enfermo, pero que también hay que evitar abusos con “la mala utilización de los derechos”. Apuntó que no se puede legislar sobre patologías, lo que implica contar con un marco jurídico que reconozca esta situación. El camino, agregó, es “proteger a los trabajadores y por supuesto evitar que se malutilizen estos beneficios y se certifique de manera irregular por enfermedad”.
Junto a Sánchez, participaron de la reunión el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, y otros representantes sindicales.
El acuerdo
Se establece un plazo máximo de 60 días, a partir del 1.° de julio de 2025, para acordar un régimen conciliatorio sobre el procedimiento de certificaciones médicas y licencias por enfermedad establecidos en la ley n.° 20.075, del 3 de noviembre de 2022, reglamentada por el decreto n.° 224/023, del 26 de julio de 2023.
Durante ese plazo las partes acuerdan que:
• Los trabajadores no innovarán sobre la reclamación realizada ante la OIT.
• El Poder Ejecutivo suspenderá la aplicación de la citada normativa hasta el 30 de agosto de 2025.
• Vencido el plazo, si las partes no arribaran a un acuerdo, quedarán en libertad de acción.
