El Senado aprobó el acceso de CASMU al Fondo de Garantía por US$ 122 millones
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que habilita a CASMU-IAMPP a acceder al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Representantes, permitirá a la mutualista acceder a un financiamiento equivalente a unos US$ 122 millones.
El senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto, destacó el respaldo alcanzado y señaló que la aprobación se suma a la prórroga por dos años de la intervención estatal, votada en la anterior sesión.
“Se votó por unanimidad el acceso solicitado por CASMU al Fondo de Garantías. Eso, más los dos años de intervención de prórroga que habíamos votado en la anterior sesión, creo que son dos grandes cosas”, afirmó.
Nuevas exigencias
Durante el tratamiento del proyecto, el oficialismo intentó incorporar un artículo con mayores condiciones para las instituciones que en el futuro soliciten acceso al Fondo de Garantía, pero la propuesta no alcanzó los consensos necesarios.
Borbonet explicó que el planteo buscaba establecer mayores controles sobre los recursos públicos destinados a las instituciones. “Eso es Poder Ejecutivo, Rentas Generales, lo pagamos todos, ustedes, yo, todos lo pagamos. Por lo tanto, entendíamos que era necesario darlo, pero poner exigencias que hasta ahora nunca se habían puesto”, sostuvo.
El legislador recordó que en 2024 se otorgaron US$ 56 millones y que en 2025 también se aprobaron nuevos préstamos. A su entender, la situación actual exige avanzar más allá del alivio financiero.
“Hoy en el 2026 nos encontramos con que no solamente es dar un alivio financiero, sino que tenemos que ser exigentes”, expresó.
La propuesta planteaba que las instituciones que accedan al Fondo de Garantía presentaran planes de reestructura funcional y de gobernanza. Entre otros aspectos, se buscaba establecer condiciones para los integrantes de las futuras directivas.
Según Borbonet, los postulantes deberían demostrar idoneidad, no tener inhabilitaciones legales ni conflictos de interés y contar con experiencia para la conducción.
“Le estamos dando, yo te diría, prácticamente un cheque en blanco no a la institución con sus actuales directivos, porque estos se pagan 17 a 20 años, sino a las futuras directivas”, afirmó.
El senador sostuvo que el planteo no estaba dirigido exclusivamente a CASMU, sino a todas las instituciones de asistencia médica colectiva que en adelante soliciten acceder al Fondo de Garantía.
“El artículo que nosotros habíamos presentado dejaba bien claro que era a partir del 31 de julio en adelante, para todas aquellas instituciones que soliciten el acceso al Fondo de Garantía”, señaló, al rechazar los cuestionamientos sobre un posible beneficio a una institución en particular.
El artículo no consiguió los votos necesarios para ser aprobado. “Este punto, que para nosotros es fundamental, porque es la solución estructural, que el apoyo financiero sea una herramienta para llegar a lo demás, debe haber exigencias”, indicó Borbonet, quien expresó su expectativa de que el tema pueda volver a discutirse en Diputados.
Bordaberry valoró la aprobación y cuestionó la propuesta sobre los directivos
El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry también destacó la aprobación del acceso de CASMU al Fondo de Garantía y la importancia de la institución por la cantidad de usuarios y trabajadores.
“Es muy importante porque es una institución que tiene 170 mil usuarios afiliados y 6.000 empleados”, afirmó.
Sin embargo, cuestionó la propuesta del oficialismo sobre las nuevas exigencias para los directivos de las instituciones que accedan al fondo: “El Poder Ejecutivo quiere arrogarse, a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud Pública, la facultad de vetar determinadas situaciones a los directivos de esas instituciones”.
Consideró que “no puede arrogarse el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, esas facultades porque obviamente es una injerencia política de quien ejerce el gobierno”.
Con la aprobación del Senado, el proyecto continuará ahora su trámite parlamentario en la Cámara de Representantes.
