Fiscalía dispuso el archivo de la causa Antel Arena

El fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, archivó la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del complejo Antel Arena. La decisión fue celebrada por la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, una de las denunciadas en la causa y por la presidencia del Frente Amplio.

La vicepresidenta electa expresó su confianza en la actuación de todos los funcionarios que participaron en la construcción del Antel Arena y ratificó que la denuncia en su contra se trató de una “operación política” en su contra en la que la justicia no tuvo nada que ver.

En tanto, el Frente Amplio reafirmó su «más absoluto respaldo a la compañera expresidenta de Antel y vicepresidenta de la República electa, Carolina Cosse» y destacó el trabajo realizado durante las gestiones frenteamplistas que «llevaron a la empresa de telecomunicaciones públia a convertirse en líderes». También puntualizó que la denuncia había sido archivada en febrero de 2024 y que a pesar de ello , el presidente Luis Lacalle Pou, «se expresó durante la campaña electoral a favor de reexaminar el tema».

El fiscal Rodríguez concluyó que no hubo “ilicitud” en las conductas desplegadas por Cosse y otros jerarcas de Antel involucrados en la construcción del complejo, que tuvo un costo muy superior al proyectado inicialmente. Previamente, este caso había sido investigado por la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado, quien había dispuesto el archivo de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del complejo Antel Arena.

Debido a la solicitud de reexamen de la causa por parte del organismo denunciante, la investigación fue derivada a la Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez que también dispuso el archivo de la investigación de la causa.

La Fiscalía analizó lo actuado hasta el momento, es decir, todas las evidencias agregadas a la carpeta investigativa y, además, consideró nuevos testimonios que le permitieron concluir que: “los elementos de convicción reunidos al presente en el caso en estudio, y que emergen de la carpeta investigativa fiscal a pesar de la prolongada investigación, no son precisamente suficientes”.

Luego agrega: “por lo expuesto, el Ministerio Publico, considerando que no existen diligencias pendientes que desarrollar en la investigación y que las actuaciones cumplidas no han producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria dispondrá el archivo de las actuaciones”.

El fallo concluye que “no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente y que permita afirmar que estamos ante actos de corrupción” ni tampoco “resulta evidencia de que se hubiera beneficiado fraudulentamente a los particulares, ni que los funcionarios involucrados hubieran obtenido un provecho para sí o para otro en perjuicio del Estado”.

Por otra parte, “las desprolijidades administrativas, a las que ya se hizo referencia por el anterior Fiscal actuante e incluso, a ellas se aludió en el ámbito de la discusión Legislativa del asunto, no se vieron respaldadas por suficiente evidencia que diera mérito a que sean alcanzadas además del derecho administrativo, por la esfera penal”.