FNC: El gobierno buscará alternativas para evitar la pérdida de empleos
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó que el cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas supone “un golpe” y adelantó que el gobierno continuará buscando alternativas para preservar las fuentes laborales.
La empresa comunicó el cierre de la planta como única alternativa frente a otras opciones que incluían concentrar la producción en Montevideo, reducir puestos de trabajo y revisar convenios internos.
“Cuando una empresa cierra, nunca es una buena noticia”
En diálogo con La Escucha, de Medios Públicos, Castillo sostuvo que, aunque existían señales previas sobre la situación de la empresa, la confirmación de la decisión generó preocupación.
“Si te cierra un taller con dos trabajadores o una microempresa, siempre es un problema”, afirmó el ministro, al referirse a la situación de quienes pueden quedar sin empleo y a la necesidad de encontrar alternativas.
Castillo señaló que el cierre o la reducción de la producción obliga al Ministerio de Trabajo a evaluar cómo brindar cobertura a los trabajadores y, al mismo tiempo, buscar opciones que permitan mantener las fuentes laborales.
La empresa ya venía negociando con el sindicato y el gobierno en un ámbito tripartito. De acuerdo con el ministro, también existía una cláusula de prevención del conflicto prevista en el convenio colectivo.
Puestos de trabajo
El ministro explicó que el gobierno había mantenido reuniones con la empresa a través de distintos ministerios y que luego resolvió pedir una definición más clara sobre su estrategia.
“La condición prioritaria para el gobierno es conservar la mayor cantidad de puestos de trabajo, que las empresas permanezcan abiertas y, obviamente, que ocupen a las trabajadoras y trabajadores”, sostuvo.
Castillo afirmó que se buscará una salida ordenada y se analizarán diferentes opciones para evitar que el cierre de la planta termine en desempleo.
Entre las posibilidades está la eventual reasignación de trabajadores a otras plantas. Por el momento se estudia si algunos empleados de Minas pueden tener la oportunidad de trasladarse a Montevideo y bajo qué condiciones.
También mencionó la necesidad de analizar los costos de producción y evaluar en qué aspectos el Estado podría contribuir para reducirlos.
Minas y la industria nacional
Castillo destacó que una de las principales preocupaciones es el impacto que puede generar el cierre de una planta con presencia histórica en Minas: “El primer impacto nuestro, la primera búsqueda, es qué alternativa hay para las zonas, para el territorio”.
Advirtió que el impacto puede ser especialmente importante en el interior del país. “En el interior del país cuesta muchísimo mantener una industria parada y cuando ella se ha establecido históricamente, el impacto debe ser muy fuerte”, sostuvo.
Consultado sobre las dificultades de la empresa para competir con la cerveza importada, Castillo advirtió que una lógica basada únicamente en la rentabilidad de los mercados puede poner en riesgo a otras industrias nacionales.
Para el ministro, la situación vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la productividad, la industria nacional y las condiciones necesarias para mantener inversiones productivas en Uruguay.
En ese marco, mencionó el proyecto de ley de competitividad impulsado por el gobierno, aunque reconoció que atraer nuevas inversiones requiere tiempo frente a la preocupación inmediata de los trabajadores.
También sostuvo que “el problema que el trabajador tiene es el hoy, es saber si va a tener trabajo a fin de mes, si va a tener un salario para asumir sus cuentas, sus compromisos”.
Un proyecto para anticiparse a los conflictos
Durante la entrevista también se abordó el proyecto impulsado por Castillo para que las empresas comuniquen con anticipación al Estado y a los sindicatos eventuales cierres o decisiones que puedan derivar en despidos masivos.
El ministro señaló que, en este caso, existieron mecanismos previos de negociación y una cláusula de prevención del conflicto dentro del convenio colectivo.
Sin embargo, consideró que la experiencia vuelve a mostrar la necesidad de contar con instrumentos que permitan conocer con anticipación las estrategias empresariales cuando puedan afectar los puestos de trabajo.
“El proyecto sí está en consideración del Poder Ejecutivo, no se ha visto la oportunidad todavía de aplicarlo, pero lo hemos conversado con el Presidente de la República”, concluyó.
