Trabajo infantil en Uruguay: advierten subregistro y nuevas formas de explotación vinculadas a entornos digitales
El pasado 12 de junio, se conmemoró un año más de la lucha contra el trabajo infantil en el mundo. Uruguay no es ajeno a esta fecha y organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia advierten que el fenómeno en el país continúa siendo un problema estructural asociado a la pobreza, la desigualdad y las dificultades de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre las Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (Ensanna), presentada en el 2025 con datos del 2024, unas 40.200 personas de entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil, lo que representa el 6,8% de esa población.
Sin embargo, para Fernando Olivera, director de la Asociación Civil Cippus e integrante de la Plataforma de Infancia y Adolescencia (PIAs), dijo en entrevista con El Explorador, que esa cifra no refleja completamente la magnitud del problema. “Para nosotros esa cifra no refleja totalmente la realidad. Entonces decimos que son al menos 40.200 porque la encuesta presentó algunas dificultades”, señaló.
Olivera explicó que el relevamiento no contempló a niños, niñas y adolescentes vinculados a entornos delictivos ni tampoco las actividades desarrolladas en espacios digitales. “Esa encuesta no podía medir todos los niños, niñas y adolescentes vinculados a entornos delictivos ni tomó en cuenta los entornos digitales. Entonces hay claramente un subregistro bastante importante”, afirmó.
Nuevas formas de trabajo infantil
Aunque el trabajo infantil suele asociarse a actividades visibles como la clasificación de residuos, las ferias vecinales o distintas tareas informales en la vía pública, desde las organizaciones sociales advierten que en los últimos años surgieron nuevas modalidades que requieren una mirada más amplia.
“A las formas tradicionales de trabajo infantil vinculadas a la construcción informal, las ferias vecinales o el reciclado, se le suman todas las cuestiones vinculadas a las economías ilegales”, explicó Olivera. Según detalló, cada vez aparecen más niños y adolescentes desempeñando distintos roles dentro de esas estructuras.
“Van desde hacer de campana, traslado de sustancias o mercancías, hasta situaciones vinculadas al sicariato”, indicó Olivera. Otro de los fenómenos que preocupa especialmente a las organizaciones es el crecimiento de actividades desarrolladas en entornos digitales.
“El otro tema que aparece muy fuertemente últimamente son las actividades que desarrollan niños, niñas y adolescentes dentro de los entornos digitales”, sostuvo. En ese sentido, explicó que muchas veces resulta difícil diferenciar entre el juego, la recreación y actividades que generan ingresos económicos.
“Se empiezan a dibujar los límites entre el tiempo libre, el juego y la generación de contenidos con monetización. Aparecen gamers, influencers, niños influencers e incluso familias enteras que monetizan contenidos”, señaló.
Olivera también alertó sobre situaciones de riesgo detectadas en algunos videojuegos y plataformas digitales. “Hemos detectado algunas situaciones de explotación sexual vinculadas a videojuegos. Aparecen adultos que ofrecen dinero a cambio de contactos, fotografías o videos, principalmente a niñas, aunque no exclusivamente”, afirmó.
El trabajo infantil en la ruralidad
Las actividades rurales continúan siendo uno de los espacios donde históricamente se ha registrado trabajo infantil en Uruguay. El director de Cippus, explicó que, además de las tareas tradicionales vinculadas al sector agropecuario, la creciente tecnificación del campo ha incorporado nuevas dinámicas.
“En la ruralidad sigue siendo un espacio tradicional de trabajo infantil, pero además se ha tecnificado mucho. El manejo que tienen algunos adolescentes de herramientas tecnológicas y sistemas satelitales también hace que aparezcan menores de edad involucrados en determinadas actividades”, señaló. A ello se suman dificultades de acceso a los centros educativos, problemas de transporte y largas distancias que complican la continuidad educativa.
Desde PIAs, una alianza de organizaciones de primer y segundo grado comprometidas en la promoción, protección y defensa de los jóvenes, sostienen que las primeras situaciones detectables suelen aparecer entre los 8 y los 9 años, “aunque eso no significa que allí comience el problema”, explicó el entrevistado.
La situación se encuentra estrechamente vinculada a las dificultades educativas que enfrenta el país. “Uruguay tiene un serio problema de egreso de secundaria. No llegan a seis de cada diez adolescentes que comienzan. Si se analiza por quintiles de ingreso, en los sectores más altos terminan ocho de cada diez y en los más bajos apenas dos de cada diez”, indicó.
Según el referente social, detrás de esos números aparecen responsabilidades de cuidado dentro de los hogares y actividades laborales informales que terminan alejando a niños y adolescentes del sistema educativo. “La resolución de la vida cotidiana de muchas familias hace que niñas, niños y adolescentes queden involucrados en actividades laborales informales o en tareas de cuidado”, afirmó.
Pobreza y trabajo infantil
Para Olivera existe una relación directa entre pobreza, desigualdad y trabajo infantil. “A mayores niveles de informalidad, a mayores niveles de pobreza y desigualdad, mayores niveles de trabajo infantil. Eso está clarísimo”, sostuvo.
A su entender, la solución requiere una combinación de políticas públicas orientadas a mejorar los ingresos de las familias, fortalecer los sistemas de cuidados y garantizar trayectorias educativas sostenidas. “Se necesita mejorar las condiciones de ingreso de los adultos, pero también construir un sistema de cuidados potente que permita a las familias resolver sus necesidades sin trasladar responsabilidades a los niños y adolescentes”, expresó.
Asimismo, planteó la necesidad de desarrollar estrategias específicas para las zonas rurales, ampliar los espacios de cuidado y generar respuestas adaptadas a las distintas realidades territoriales.
La ausencia de un plan nacional
Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones sociales apunta a la falta de una estrategia nacional integral para abordar el problema. “El Estado nunca construyó un plan nacional para erradicar y prevenir el trabajo infantil”, afirmó.
Si bien destacó el trabajo realizado por las inspecciones del Ministerio de Trabajo y del INAU, consideró que las respuestas actuales son insuficientes. “Lo inspectivo es muy necesario, pero muy limitado. Necesitamos crear respuestas concretas de acuerdo con los territorios, fortalecer los sistemas de protección y articular salud, educación, trabajo, vivienda y gobiernos departamentales”, señaló.
También sostuvo que Uruguay debe revisar algunos aspectos normativos y actualizar la forma en que comprende determinadas situaciones vinculadas al trabajo infantil. “Durante mucho tiempo hubo quienes sostuvieron que todo lo relacionado con actividades delictivas no era trabajo infantil. Entonces dejamos a esos niños y adolescentes a merced de grupos delictivos y cuando actuamos lo hacemos únicamente desde una lógica punitiva”, advirtió.
Un desafío para toda la sociedad
Consultado sobre la posibilidad de erradicar completamente el trabajo infantil, Olivera consideró que el objetivo debe centrarse en fortalecer las políticas de prevención, detección e intervención. “No creo que sea posible la erradicación total del trabajo infantil, pero sí creo que se puede mejorar muchísimo la situación de nuestro país”, afirmó.
A su juicio, la discusión debe involucrar no solo al Estado sino también al conjunto de la sociedad. “Tenemos que comprometernos para que nuestra infancia esté mejor. Lo que no se invierte hoy en las infancias se termina pagando a futuro”, señaló.
Finalmente, advirtió sobre los riesgos asociados al crecimiento de las economías ilegales y la expansión de entornos digitales sin suficientes mecanismos de protección. “El crecimiento de las economías ilegales pone en riesgo a muchas de nuestras infancias y los entornos digitales sin regulación ni protección exponen a niños y adolescentes a mayores vulneraciones”, concluyó.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, PIAS impulsa una encuesta nacional elaborada junto a adolescentes, una serie de conversatorios sobre trabajo infantil y entornos digitales y distintas instancias de capacitación previstas para el segundo semestre del año 2026.
