Sergio Sommaruga: “defender el camino de la democracia”

Seguridad y justicia social, políticas públicas y pobreza infantil son algunos de los temas que se ponen dentro de la papeleta que la sociedad elegirá si ingresa a la urna.

Sergio Sommaruga, profesor de filosofía, integrante de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP) desde 2013; a su vez, dirigente de la Comisión de Defensa del Plebiscito contra la reforma en la Seguridad Social, recibió a El Explorador para brindarnos una mirada crítica y detallada sobre el por qué de colocar la papeleta blanca que dice “SI” estas próximas elecciones. 

Consultamos a Sommaruga sobre los aspectos más relevantes que se deberían de tomar en cuenta a la hora de decidir el voto, a lo cual nos mencionó 5 puntos:

Defender el camino de la democracia: 

Para el movimiento sindical es importante resaltar que desde su parte no se impone una reforma, sino que se propone; siendo esto una diferencia significativa en comparación al accionar de la coalición de gobierno, quienes desconocieron los planteos de diferentes organizaciones e instituciones, confiscando y perjudicando derechos y libertades que generó la ley 20.130. Lo primero para Sommaruga es “defender el camino de la democracia, el ejercicio popular de la soberanía como lo establece la propia Constitución”. 

Por lo que plantea que si se deben de hacer una enmienda en al artículo 67 para consagrar la Seguridad Social como un derecho humano e incluir 3 principios protectores que generan las bases para una transformación profunda e integral. Es importante defender el derecho de la población a resolverlo de manera democrática.

Derecho de las personas

Según los organismos internacionales como la UNICEF, califican a Uruguay como un país de ingresos medios, pero a su vez, con la mayor taza de pobreza infantil. Sommaruga, comparte cifras de 1996 donde dice que “el Producto Interno Bruto estaba en 33.000 millones de dólares, en el 2023, según el Instituto Uruguay 21 el PIB es 77.000 millones de dólares; es decir que aumentó un 130% la capacidad de producción de riqueza en Uruguay sin embargo tenemos 300.000 personas en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad que cobran menos del salario mínimo nacional.”

Comenta que estas cifras hablan de la insuficiencia de las prestaciones en un país que no es considerado pobre, dando como resultado un deterioro de la calidad de vida en respecto a necesidades básicas como la alimentación, servicios del hogar y salud. 

“El 40% de los hogares que su ingreso fijo principal es la jubilación o las pensiones, están por debajo de la línea de la pobreza. En esos hogares hay niños y niñas”.

A su vez expone que, de ser aplicada la equiparación entre salario mínimo y pensión o jubilación, los efectos serian inmediatos, ya que el aumento de $3.500 dentro del núcleo familiar, genera un efecto añadido en la reactivación del mercado interno.

Contestando declaraciones de diferentes referentes económicos y políticos donde, se ha mencionado que el plebiscito llevaría al país a una catástrofe, responde con otra pregunta: “¿desde cuándo aceptamos que no es una catástrofe tener a 600 mil veteranos y veteranas en todo el país ganando menos del salario mínimo nacional. ¿Desde cuándo empezamos a institucionalizar esta indiferencia, a normalizar esta desigualdad?”

Recuperar un derecho confiscado

Con esto Sommaruga se refiere a la imposibilidad de elegir jubilarse a los 60 años y plantea que el gobierno confiscó no solo los 5 años de posibilidad de retiro, sino también el 10% de la tasa de reemplazo. “Una doble confiscación: de años de vida, de tiempo libre y de valor de las prestaciones”.

Plantea que aparte de la recuperación en la edad jubilatoria, también tiene que ver con dos inmediaciones: el desempleo juvenil y senil, remarcando que el desempleo juvenil es 7 veces mayor al senil, por lo cual analiza, que de trabajar hasta los 65 años, retrasa la inserción al mercado laboral a las nuevas generaciones. 

“Esta reforma es muy bruta, no tuvo ingeniería social, es pan para hoy y hambre para mañana. No tiene inteligencia social atrás ni pensamiento estratégico”.

A su vez asume, que personas como Lacalle Pou o Saldain, no son objetivas ya que no se enfrentarán con los problemas de la mayoría de los trabajadoras y trabajadores al aproximarse a la edad jubilatoria y no poder reinsertarse en el mercado laboral teniendo que esperar a determinada edad para acceder a una jubilación. 

Eliminación del ahorro individual privado con fines jubilatorios

En este punto Sommaruga esclarece que dentro de la papeleta no se plantea la eliminación del ahorro individual, poniendo como ejemplo que dentro de los 550.000 uruguayos que gana $25.000, no existe una capacidad de ahorro; mientras que en otros sectores, pueden contar con diversos instrumentos financieros en caso de querer hacerlo. 

Lo que se prohíbe, es el ahorro individual con fines de lucro dentro de los ahorros jubilatorios; destacado que: “8 de cada 10 personas que están en el sistema mixto es perjudicado por la AFAP”. Refiriéndose al Informe de Proyecciones Actuariales del BPS, argumenta que: “si hoy todas las personas que están jubiladas por el sistema mixto estuviesen jubiladas solamente por las AFAP, el nivel de prestaciones del BPS sería de 216 millones de dólares más, ¿por qué?  porque con la AFAP el 80% de los trabajadores jubilados por la renta vitalicia cobran menos de lo que cobrarían si se jubilaran solo por el BPS”.

Dentro de este estudio presentado por el Banco de Previsión Social, estima que “el costo mensual a julio 2023 seria de 683 millones de pesos, equivalente a 18 millones de dólares mensuales que alcanzaría a 16 millones de dólares anuales”.

Para Sommaruga, esto significa que, si solo hubiese existido BPS, se estarían pagando muchas más jubilaciones, afirmando que el modelo AFAP aplicado en Uruguay solo existe en 12 de los 125 países reconocidos por la ONU.

Asegurarse un piso protector

Sommaruga explica que esta reforma constitucional es crucial para asegurar una base sólida de derechos fundamentales. Destacando que la seguridad social es esencial para fomentar un debate sobre una reforma integral, democrática y eficiente de este sistema para el futuro, dado que el 50% de los trabajadores con menores ingresos no alcanzarán a jubilarse a los 60 años con 30 años de servicio.

Esto se debe a que el mercado laboral es expulsivo y no ofrece estabilidad, salvo en contadas excepciones. Además, dice que se enfrenta un grave problema de desvalorización y profundización que impide la eficiencia y accesibilidad del sistema actual, siendo necesario contar con una seguridad social que brinde mejor amparo. 

Falta de apoyo por parte de partidos políticos y conclusiones catastrofistas 

Abordando la falta de apoyo por dirigentes de distintos partidos políticos, Sommaruga recuerda que en diferentes ocasiones los partidos han mostrado divisiones en temas fundamentales, como se evidencia en el plebiscito de 1980 y el referéndum de 1989, cuando se enfrentaron a cuestiones de principios como la dictadura y la ley de impunidad, por lo cual no se le hace extraño, al contrario, algo histórico.  Resaltando: “hoy la ciudadanía de todos los partidos políticos tiene un alto porcentaje entre los que ya tienen el voto decidido, la mayoría está a favor. Tenemos así el desafío con los indecisos”.

También destaca que todos los cambios a favor de la libertad o que tiene que ver con conquistas de derechos, se hicieron sin consenso; poniendo de ejemplo la ley de las 8 horas de trabajo de 1886, cuando se reclamó “ocho horas para trabajar ocho horas para descansar y ocho horas para vivir”, declarando que “siempre la lucha de los trabajadores no tiene consenso” “cuando se conquistan derechos se va contra privilegios”.  

Sobre diferentes comentarios de personas influyentes en la sociedad, comenta que, al no tener las mismas realidades, es muy difícil opinar y aclara que: “Estos señores deberían tener un poco más de decoro, pueden criticar, pero cuando nos dicen que esto es pan hoy y hambre para mañana, ¿para quién? Para el que está ganando $18.000 pesos, ¿es pan?, hoy es hambre. La discusión es Uruguay, ¿puede hacer estos cambios o no lo puede hacer? Esa es la discusión”.

“Cuando una persona en una sociedad de mercado, en donde el acceso a bienes y servicios está mediado por la capacidad de consumo, del dinero, gana menos que el salario mínimo nacional, esa persona tiene problemas para el ejercicio de su libertad, esto es muy grave desde el punto de vista de la construcción democrática de un país.”

Ministerio de Economía y BPS

Sommaruga establece que cada año, el Ministerio de Economía debe transferir aproximadamente 500 millones de dólares al BPS para cubrir un déficit. Esto ocurre porque el BPS destina 1.500 millones de dólares a las AFAP, lo que deja un déficit de 500 millones. Si se elimina la AFAP, como propone la reforma constitucional, esos 1.500 millones de dólares se quedarían en el BPS, eliminando la necesidad de transferencias adicionales desde el Ministerio de Economía.

El movimiento sindical sugiere que esos 500 millones de dólares sobrantes se utilicen para erradicar la pobreza infantil, en adolescentes y mujeres, en lugar de destinarlos a otros fines. 

Sin embargo, algunos argumentan que igualar las jubilaciones al salario mínimo podría causar un grave déficit económico, llevando a Uruguay a una situación peligrosa, a lo que contesta con datos tomados de BPS: “El costo anual asociado a esta medida, la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional alcanzaría los 39.320 millones de pesos, equivalente a 1.038 millones de dólares por año. Estimación del impacto en el largo plazo de la enmienda propuesta por la Constitución. ¿Por qué el largo plazo? Porque aún con este número, 1.038 millones, no 1.500, BPS lo podría pagar durante 20 años. ¿Por qué? Porque le quedarían los 1.500 millones de dólares que no van más a la AFAP”. Asegurando que BPS se podría estabilizar los próximos 4 periodos de gobierno.

Pago mínimo

Uno de los temas más importantes para esclarecer debido a la confusión que se palpa ante la sociedad y la idea de llegar a un escenario catastrófico; se explica que el pago del mínimo es por prestación y no por persona. Lo que refiere dicha equiparación es para aquella persona que, bajo todo concepto, cobra menos que el salario mínimo nacional. En el caso de alguien que se haya jubilado, por ejemplo, desde la Caja de Profesionales y a la vez por BPS, si supera el salario mínimo, no se incrementará la jubilación ya que estaría logrando la subsistencia.

Por ende, la reforma que se propone costaría 460 millones de dólares y no 1.038 millones de dólares, según datos proporcionados por el Instituto Cuesta Duarte y Sergio Sommaruga. También explica que utilizando la hipótesis de BPS dentro de su propio informe, se lograría la estabilidad económica hasta el año 2037, por lo que el estudio del PIT-CNT, implicaría tres veces más, y la estabilidad económica iría a 20 años más.

Así mismo sugiere que dentro de 20 años sería necesario rediscutir la reforma laboral y tributaria para tener un bien publico y un estado con capacidad económica para financiar derechos para que la gente tenga una mejor calidad de vida. 

En el caso que no prosiga el plebiscito, Sommaruga plantea que la situación del desempleo juvenil va a tender a radicalizarse, así como la falta de oportunidades para mayores de 50. Generando un “déficit de derechos para la convivencia, el bienestar de las personas, para la seguridad de las familias y para la convivencia de la sociedad, que ya es una sociedad hiper violenta”. 

Por último, agrega que: “el fascismo lo combato, no lo escucho. Pero todas las demás ideas, defiendo el derecho de las personas a decirlas porque creo en la libertad. Lo que no estoy de acuerdo y no voy a permitir es que en pos de ese derecho se nos acuse de mentirosos o se ponga dueño de la verdad”.