Salud Mental, entre promesas, desafíos y realidades
La salud mental en Uruguay ha cobrado una relevancia creciente en los últimos años, al igual que en muchas partes del mundo. El aumento en los índices de trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad, se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19. Revelando las fragilidades de los sistemas de atención.
Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), alrededor del 30% de los uruguayos experimentará algún trastorno mental a lo largo de su vida. La cifra despierta preocupación ante la realidad de que el acceso a tratamientos adecuados sigue siendo uno de los principales desafíos. Si bien Uruguay ha avanzado en la creación de una Ley de Salud Mental en 2017, su implementación ha sido lenta y dificultosa.
Esta Ley significó un cambio de paradigma al promover un enfoque más comunitario, reduciendo la institucionalización y fomentando la reintegración social de las personas afectadas. La normativa prohíbe, por ejemplo, la creación de nuevos manicomios, un paso hacia la modernización del tratamiento. Sin embargo, los recursos destinados a su implementación han sido insuficientes, y muchos de los centros de atención siguen careciendo del personal capacitado y las herramientas necesarias para cumplir con estos objetivos.
El presupuesto dedicado a salud mental en el sistema de salud pública sigue siendo bajo. Sólo el 2% del total del MSP se destina a salud mental, una cifra inferior a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Que sugiere un mínimo del 5%.
Si bien los esfuerzos por integrar la salud mental en los servicios de atención primaria han sido bienvenidos, los especialistas advierten que la cobertura sigue siendo desigual. Zonas rurales y localidades más alejadas de Montevideo sufren una disparidad significativa en la oferta de servicios de salud mental.
En los últimos tiempos, varios actores políticos han incluido la salud mental en sus plataformas de cara a las próximas elecciones. Esto es sin duda un avance en dar visibilidad a un problema que muchas veces subyace por el estigma que estas enfermedades producen. Se trata de un obstáculo cultural que impide que muchas personas busquen ayuda, lo que agrava el aislamiento de quienes la padecen.
Un aspecto que está ganando relevancia es el abordaje de la salud mental en el ámbito laboral. La pandemia dejó en evidencia cómo el estrés y la ansiedad impactan en la productividad y el bienestar de los trabajadores. Y algunas líneas de trabajo ya apuntan a incorporar medidas para atender estos problemas en los entornos de trabajo.
En el contexto actual, el papel del Estado es crucial. La implementación efectiva de políticas públicas que aborden la pobreza, el desempleo y las desigualdades sociales es fundamental. Ya que estas condiciones se encuentran estrechamente relacionadas con el problema. La salud mental, al igual que la salud física, no es un abstracto, es necesario un enfoque múltiple que abarque la educación, el trabajo y el bienestar social.
Uruguay ha dado pasos importantes en el reconocimiento de la salud mental como un derecho y una prioridad de salud pública. Sin embargo, alcanzar este pleno derecho aún está lejos, una verdadera comprensión de la salud mental como parte integral de la salud general, son objetivos que no pueden esperar más.
