Ministerio de Justicia: Especialistas expusieron sobre las experiencias en diferentes países
Se celebró en Torre Ejecutiva el seminario internacional Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay. Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, especialistas en derecho de Colombia, Argentina, España y Uruguay expusieron sobre las experiencias en diferentes países y analizaron las posibles competencias y funciones de un eventual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en nuestro país.
En su intervención, Orsi celebró la instancia y expresó que está convencido de que es el camino correcto y señaló que es un buen punto de partida el hecho de que los partidos políticos con representación parlamentaria incorporaran el tema en los programas de gobierno que presentaron para las elecciones nacionales de 2024. «Una justicia que funcione bien resuelve bastante mejor nuestros temas de convivencia», aseveró.
Intervenciones
La magistrada y política española Pilar Llop sostuvo que, en un país con una democracia consolidada, es imprescindible que haya instituciones fuertes y sólidas que aseguren respuestas a la ciudadanía en su día a día. A su juicio, uno de los principales desafíos es mejorar el acceso a la justicia y, para ello, se trabaja en la transformación digital.
La abogada y consultora colombiana Ana Linda Solano, destacó la importancia de instituciones sólidas que trabajen de manera coordinada. En el contexto internacional actual, un Ministerio de Justicia debe encargarse de hacer coherente la oferta del Estado en materia de justicia y trabajar en su prevención y promoción.
Por su parte, el abogado y consultor argentino Germán Garavano, destacó la oportunidad que representa para Uruguay crear un puente entre los poderes del Estado, ante los nuevos y complejos desafíos que enfrentan las sociedades actuales. Además, subrayó que el Ministerio de Justicia debería cumplir un rol de facilitador, para que la cooperación entre poderes sea efectiva y rápida. Añadió que esto posicionaría al país en ámbitos internacionales de colaboración.
El abogado uruguayo, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos, consideró que el ministerio debería desempeñar un rol articulador que propiciara el diálogo con todo el sistema de justicia, con una perspectiva sistémica e integral. «Un ministerio puede constituir una herramienta muy útil para fortalecer y promover el acceso a la justicia y lograr que nuestros tribunales tengan un resultado mucho más adecuado, eficiente y centrado en las personas», sostuvo.
Unificar funciones
Finalmente, el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos, el jurista colombiano Enrique Gil Botero, resaltó que la creación de un Ministerio de Justicia es fundamental para garantizar la cohesión institucional, el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de los derechos humanos.
Para esto, añadió, se debe priorizar la especialización técnica, la coordinación interinstitucional y el enfoque en vulnerabilidad dentro de los marcos democráticos y constitucionales.
Entre las ventajas de una nueva institucionalidad, señaló que se unificarían funciones bajo una misma rectoría. Lo que permitiría diseñar políticas públicas coherentes y trasversales. Así como optimizar recursos humanos y económicos y garantizar la continuidad de estrategias de derechos humanos más allá de cualquier frontera. Esto posibilitaría corregir la fragmentación histórica que debilita la gobernanza democrática y establece salvaguardas institucionales para garantizar que no haya injerencias en el Poder Judicial.
