“El paradigma ya no funciona”: la propuesta de cerrar la Caja de Profesionales del Dr. Blauco Rodríguez Andrada

A menos de una semana de las elecciones para renovar el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), uno de los debates que atraviesa con mayor intensidad a los distintos lemas y listas gira en torno a la supervivencia misma del organismo. 

La aprobación de la Ley 20.410, que reestructura el régimen previsional profesional e introduce asistencia estatal directa para evitar la insolvencia, profundizó la sensación de que el sistema entró en una fase crítica. En ese escenario, una de las voces más disruptivas es la del Dr. Blauco Rodríguez Andrada, actual integrante del directorio y candidato de la Lista 13, quien propone directamente cerrar la caja y converger al sistema previsional general.

La mejor salida posible

En entrevista con El Explorador, Rodríguez Andrada explica que se trata de una respuesta a un diagnóstico que ya no tiene reparos.  “Consideramos que es la mejor salida posible para garantizar sobre todo los derechos de todas las partes. De las personas que ya están jubiladas y son pensionistas, de los trabajadores de la caja y de todos los que estamos aportando”. Para el doctor, la única vía posible para resolver la situación es una nueva ley que defina la liquidación ordenada del organismo y la transición de afiliados, pasivos y trabajadores al paraguas previsional estatal.

La explicación, según sostiene, es sencilla: “La caja tiene una crisis económico-financiera con déficit y balance negativo de más de 15 años” y, en su visión, ese deterioro se intensificó porque los aportantes han dejado de confiar en el sistema. El profesional medio ya no aspira a una trayectoria ascendente dentro de las categorías de sueldos fictos: al contrario, la mayoría se queda “congelada” en las escalas más bajas.

Factores macro y evolución demográfica

Dentro de un informe compartido por los integrantes de la Lista 13, se explica que más del 60% de los afiliados permanecen en las categorías 2 y 3, lo cual para el entrevistado es la señal de un quiebre estructural. “Todo esto está demostrando que el propio dueño de la caja, que son los afiliados, ya no creen en el paradigma caja”, sostiene. Y agrega: “Si tienen que aportar para poder trabajar en relación de independencia, lo hacen en las categorías más bajas, lo cual ya demuestra que ellos no quieren hacer la carrera de aportes para mañana jubilarse”.

Por otro lado, considera que “no sabemos si va a existir en el futuro y que a su vez van a tener que seguirse creando leyes ‘express’ -como la que se votó recientemente- con todo lo que eso implica. Siempre con pérdida de derechos para los afiliados, para los pasivos, como pasó, y también para los afiliados aportantes que se aumentan la cuota.

Su diagnóstico se apoya en dos puntos: por un lado, factores macro que atraviesan a los sistemas de seguridad social del mundo; por otro, la particular evolución demográfica y profesional del colectivo afiliado a la Cjppu. La combinación, afirma, es explosiva. “El paradigma ya no funciona. (…) No ver eso es como no ver el iceberg directo hacia donde va el Titanic”, ejemplifica.

Un déficit que no se explica solo por la gestión

Dentro del debate se ha acusado a las últimas administraciones de realizar una mala gestión de los recursos. Consultado por el tema, Rodríguez Andrada explica que al ingresar al directorio de la Caja (hace 4 años) ha podido analizar la situación desde adentro. Opina que “a veces hay que cambiar también creencias populares” con respecto a las malas gestiones de los últimos 15 años del organismo. “Yo pienso que el problema es multifactorial”.

Reconoce que pudieron existir decisiones administrativas inadecuadas y recuerda que él mismo propuso una auditoría de gestión que “nunca se pudo concretar”. Sin embargo, insiste en que esas fallas no explican la magnitud del deterioro: “Esas malas decisiones no mueven la aguja desde el punto de vista económico-financiero en lo que hace al ecosistema (…) caja”.

El problema, insiste, es la estructura misma del sistema, fundada en aportes fictos crecientes que ya no reflejan la realidad laboral de los profesionales. Cita ejemplos concretos: “Una colega médica nos contó que (…) a veces gana en torno de 30.000 a 40.000 pesos, y casi la mitad, el 30 al 40 por ciento, se le va solo en el aporte de la caja, sumado a todas las demás cosas”. Para él, esto demuestra que el diseño no se adaptó a tiempo a los cambios de las profesiones y del mercado laboral.

“La caja no se aggiornó”: jóvenes que no creen en el sistema

Uno de los mayores argumentos del candidato es que los profesionales jóvenes ya no proyectan su futuro dentro de la caja. Según explica, muchos construyen alternativas personales de ahorro o inversión para su retiro y no confían en los sistemas de seguridad social. “Ya se ha perdido, ya se cree mucho en los sistemas de seguridad social”, asegura, ampliando la crítica más allá del organismo que integra.

Considera que “el paradigma caja fue cambiando”, al igual que la realidad y cantidad de los profesionales en nuestro país. Agrega que “la caja no se aggiornó a esos cambios”, lo cual generó -quizás- “el déficit más grave que han tenido los directorios: no adaptarse a tiempo a los cambios que se venían dando”. Como resultado, reflexiona que “cuando ya se dieron cuenta, era muy tarde. Con 15 años de balance negativo, esto se debe haber visto con tiempo”.

El modelo de sueldos fictos, señala, es parte de la rigidez que empuja el abandono del esquema: se aporta por un valor predeterminado, aunque se gane menos, generando cuotas desmedidas para quienes inician su carrera. “Su aporte es muy oneroso, porque es sobre un ficticio, no sobre lo real que cobran”, resume.

En su caso personal, admite que también optó por congelarse en la categoría 2, como lo han hecho cientos de profesionales.

Cerrar en uno o dos años: ¿qué debe alinearse?

Rodríguez Andrada ha dicho en varias entrevistas que, con voluntad política, el cierre podría implementarse en uno o dos años. Lo reafirma: “La resistencia más grande podría darse en personas que no hacen un razonamiento actual y a futuro que dicen: ‘si se genera una ley, mantenemos derechos, pero ¿de dónde va a salir ese dinero?’”.

A esa inquietud responde con lógica: “Ese dinero va a salir del mismo lugar que tendrá que salir si la caja sigue existiendo”, y agrega: “El agujero sigue creciendo y hay que seguir emparchando”.  Mediante la ley 20.410, el Estado ya está cubriendo parte del déficit.

Insiste en que la convergencia con el sistema general ya está prevista en la Ley 20.130 -Ley de reforma de la seguridad social- y que, cuanto antes se concrete, menos derechos se seguirán perdiendo.

Su mayor cuestionamiento no es solo económico, sino político: “La mayoría de todas las listas siguen creyendo que la caja debe seguir existiendo, pero nadie dice el proceso de cómo van a salvar la caja”. Y agrega que “asombra cómo los que siguen creyendo que el paradigma (…) es posible, no dicen el cómo”.

La promesa de respaldo: una ley como garantía

Una de las preguntas recurrentes entre los afiliados es qué pasará con sus aportes acumulados si la caja efectivamente se cierra. Rodríguez Andrada sostiene que la respuesta está en el diseño de la ley de liquidación: “Porque va a ser una ley, y porque nosotros sentimos que exactamente esa es la única tranquilidad que se le puede dar”.

Cuestiona que las listas que defienden mantener la caja no expliciten sus propios mecanismos de resguardo: “Nos gustaría saber  de las otras listas cómo piensan que van a generar ese respaldo, porque no hemos escuchado la forma, el camino, el proceso”.

Incluso relata que realizaron un análisis con herramientas de inteligencia artificial que calificó la propuesta como positiva bajo ciertas condiciones: “La propia IA nos dice que es una propuesta muy positiva, por supuesto, si se logra una buena ley que conserve los derechos”.

El futuro inmediato si no se cierra

Los últimos informes técnicos indican que la caja puede sostenerse hasta fin de año gracias a la inyección estatal. Al preguntar por el escenario 2026, el diagnóstico de Rodríguez Andrada es que “el Estado va a seguir poniendo el déficit, pero los déficits van a seguir estando todos los años”.

Allí vuelve a remarcar un punto que, según él, debería ser decisivo para los votantes: “Ningún director que salga de esta elección puede tomar decisiones y cambiar el rumbo económico-financiero de la caja”. El sistema, subraya, ya no admite correcciones desde la gestión cotidiana.

Critica también que muchas listas repiten medidas que fracasaron durante la última década: pedir más aportes estatales, evitar ajustes a los pasivos o reactivar inversiones menores que “no mueven la aguja”. Resume esa insistencia con una metáfora: “Se sigue pateando la misma piedra”.

La única propuesta distinta, señala, proviene del director Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien planteó que todos los profesionales dependientes también pasen a la caja. Pero Rodríguez Andrada considera que ese camino es inviable: “De la noche a la mañana entraría una pila de dinero. Hoy. Y mañana, ¿qué va a pasar?”.

Un cierre como punto final

Frente a un sistema que describe como agotado, el candidato sostiene que cerrar la caja no es una renuncia, sino un acto de sinceramiento y protección. La promesa no es salvar una institución, sino resguardar derechos en una transición ordenada hacia el régimen general.

La elección del 10 de diciembre será decisiva. En buena medida, enfrentará dos modelos: uno que busca preservar la caja, adaptarla y sostenerla; otro, encabezado por Rodríguez Andrada, que apuesta por ponerle punto final. Su propuesta no encaja en las zonas grises del debate: es un quiebre. O, como él mismo plantea, la única alternativa que evita seguir “poniendo en un saco vacío”.