El Estado deberá pagar más de 150 mil dólares tras fallo judicial a Joselo López
La justicia deberá indemnizar al sindicalista Joselo López junto a ocho funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por el daño de imagen ocasionado tras la difusión de un video captado en 2015 dentro del Hogar Ceprili. Con la acumulación de intereses a lo largo de casi una década, el monto total de la reparación supera actualmente los US$ 150.000.
El abogado Juan Raúl Williman informó que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno ratificó la sentencia del juez Pablo Gandini, que establecía una compensación inicial de US$ 80.000. El incremento en la cifra responde a los intereses generados desde el momento en que se presentó la denuncia.
El origen del caso: un video filtrado en 2015
El caso tiene origen en agosto de 2015 cuando adolescentes del Hogar Cepril provocaron diversos destrozos, incluyendo la rotura de una tapa de cemento. Tras los incidentes, funcionarios del INAU realizaron una requisa para poder controlar la situación. En la grabación de las cámaras de seguridad aparecían trabajadores del instituto junto a Joselo López. El material audiovisual fue filtrado y rápidamente se viralizó, generando una fuerte reacción pública. En aquel momento, incluso el Pit-Cnt expresó preocupación.
Daño de imagen
Los funcionarios consideraron que la difusión del video afectó su reputación al exponerlos en un contexto que, según sostuvieron, no reflejaba su actuación real. La demanda civil contra el Estado avanzó en los años siguientes y concluyó que la divulgación del material vulneró sus derechos.
El reciente pronunciamiento judicial determinó además que ninguno de los trabajadores implicados actuó agrediendo a los adolescentes durante la requisa, un punto clave señalado por Williman al confirmar el fallo.
Reparación económica
La sentencia de primera instancia había fijado un monto indemnizatorio de US$ 80.000. Sin embargo, las apelaciones y el paso del tiempo hicieron que los intereses elevaran la cifra final a más de US$ 150.000, superando los seis millones de pesos uruguayos.
Con la decisión del Tribunal, el Estado uruguayo deberá ahora efectuar el pago correspondiente a López y a los otros ocho funcionarios, cerrando así un caso que permaneció abierto por casi diez años.
