Blindados en los barrios: el gobierno avanza y la oposición denuncia improvisación, contradicciones y dudas legales
La decisión del gobierno de Yamandú Orsi de habilitar el uso de vehículos blindados del Ejército en operativos policiales en barrios de alta conflictividad de Montevideo puso una vez más a la seguridad pública en el debate político. La firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, validado por el Consejo de Ministros, abrió una discusión que trasciende el aspecto operativo y alcanza dimensiones jurídicas, políticas e incluso doctrinarias.
Con el objetivo de analizar el alcance político, jurídico y operativo de la iniciativa, El Explorador consultó al diputado e integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, Pablo Abdala, y al exministro del Interior, el senador (s) Nicolás Martinelli, quienes plantearon coincidencias y diferencias sobre la utilización de recursos militares en apoyo a la seguridad pública.
La medida prevé el préstamo de hasta 12 vehículos blindados pertenecientes al Ejército Nacional para ser utilizados por la Policía en zonas afectadas por altos niveles de violencia. Según explicó el ministro del Interior, Carlos Negro, los vehículos serán conducidos por funcionarios policiales previamente capacitados y, excepcionalmente, por personal militar en régimen de comisión de servicio.
La iniciativa fue presentada por el gobierno como una herramienta complementaria destinada a reforzar la presencia policial y proteger a los efectivos desplegados en territorios especialmente complejos. Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos vinculados a la legalidad de la medida, las restricciones internacionales sobre algunos de los vehículos, la estrategia de seguridad implementada y la forma en que el Poder Ejecutivo comunicó la decisión.
El anuncio oficial y la defensa del gobierno
Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Carlos Negro destacó que la seguridad pública constituye una de las prioridades de la Rendición de Cuentas y anunció una importante reasignación de recursos destinada a fortalecer tres áreas: la presencia policial, la incorporación de nuevas tecnologías y la movilidad de los efectivos.
En ese marco, confirmó la firma del convenio con el Ministerio de Defensa, mediante el cual se pondrán a disposición de la Policía vehículos blindados pertenecientes al Ejército.
“Entendemos que no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal”, sostuvo Negro, argumentando que tanto la legislación vigente como las figuras administrativas del comodato y las comisiones de servicio permiten implementar la medida sin necesidad de una ley específica.
A su vez aseguró que la utilización de estos vehículos busca proteger a los policías que operan en las zonas más violentas y facilitar la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública y del programa Más Barrio. Asimismo, rechazó las críticas que señalan un proceso de militarización de la seguridad.
“De ninguna manera puede aceptarse la palabra militarización”, afirmó. “Se trata de utilizar infraestructura militar en uso policial, lo que significa, en todo caso, mejorar el policiamiento”.
En la misma línea, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, sostuvo que la cooperación entre ambas carteras no constituye una novedad institucional y recordó antecedentes de colaboración entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.
Las autoridades confirmaron además que el convenio contempla cinco modelos distintos de blindados, entre ellos los vehículos Mamba MK7 donados por Estados Unidos, aunque aclararon que la selección final dependerá de las necesidades operativas definidas por la Policía.
La discusión jurídica: ¿es necesaria una ley?
Uno de los principales cuestionamientos a la iniciativa provino del diputado del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, Pablo Abdala, quien consideró que cualquier participación de recursos militares en tareas vinculadas a la seguridad interna requiere necesariamente autorización parlamentaria.
“Requiere indispensablemente la aprobación de una ley, no puede resolverse por decreto”, afirmó el legislador en diálogo con El Explorador.
Abdala aclaró que no se opone a estudiar alternativas de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía, pero sostuvo que primero debe definirse con precisión el alcance de la propuesta impulsada por el gobierno.
“No me opongo a analizar alternativas, pero tenemos que ver bien de qué se trata”, señaló. Y agregó: “Si la propuesta implica que indiscriminadamente los militares pasen a cumplir función policial, digo que no estoy de acuerdo, porque eso es muy efectista”.
Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas
El legislador recordó que la Constitución establece competencias claramente diferenciadas entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, por lo que cualquier superposición funcional debe estar expresamente autorizada por ley.
“La defensa nacional, la integridad territorial y la soberanía corresponden al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas; la seguridad interna y el combate al delito competen al Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Si esas líneas se cruzan, se requiere una autorización legal”, argumentó.
Como antecedentes, mencionó la ley aprobada en 2018 para habilitar la vigilancia militar en la frontera y la normativa que asignó al Ministerio de Defensa el control de los perímetros carcelarios.
Desde el gobierno, sin embargo, se sostiene una interpretación jurídica diferente. El ministro Negro defendió la legalidad del convenio basándose en las actuales disposiciones administrativas y en la posibilidad de comisionar funcionarios militares bajo dependencia del Ministerio del Interior.
La discrepancia jurídica anticipa uno de los principales focos de debate político si finalmente el Poder Ejecutivo decide enviar una iniciativa legislativa al Parlamento.
La oposición entre el apoyo y la crítica
El exministro del Interior Nicolás Martinelli también cuestionó la gestión gubernamental en materia de seguridad, aunque aclaró que no se opone al uso de recursos militares en determinadas circunstancias: “¿Está mal utilizar a los militares? No, no está mal”, afirmó. “Es una herramienta que vos tenés en tu caja de herramientas y la podés usar”.
No obstante, consideró que la decisión constituye una admisión implícita de las dificultades que enfrenta la actual administración para controlar la situación de seguridad.
“Es la confirmación del fracaso, porque es la confirmación de que todo lo otro que vos tenés disponible para usar no lo supiste gestionar adecuadamente”, sostuvo.
Martinelli recordó que históricamente importantes dirigentes del Frente Amplio cuestionaron la participación militar en tareas vinculadas a la seguridad pública, incluyendo al actual presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
Sin embargo, aseguró que estaría dispuesto a apoyar una eventual ley que habilite este tipo de mecanismos de cooperación. “Si se necesita una ley para que los militares puedan ayudar en el patrullaje urbano, sí, claramente estoy dispuesto a apoyar ese tipo de iniciativa”, sostuvo.
Para Abdala, en tanto, el problema principal radica en la forma en que el gobierno gestionó políticamente el anuncio: “El gobierno todavía no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer”, afirmó el diputado, quien consideró que las contradicciones entre distintos integrantes del gabinete generaron incertidumbre y afectaron la credibilidad del Ejecutivo.
La polémica por los blindados Mamba
A la discusión política y jurídica se sumó otro elemento de controversia: la posibilidad de utilizar los blindados Mamba MK7 donados por Estados Unidos al Ejército uruguayo.
Un documento señala que estos vehículos fueron entregados a Uruguay bajo el programa estadounidense Global Peace Operations Initiative (GPOI) con el objetivo específico de ser utilizados en misiones de paz de Naciones Unidas.
Según esa documentación, los vehículos están sujetos a restricciones que impedirían su empleo en operaciones de seguridad interna sin una autorización expresa del Departamento de Estado estadounidense.
El informe advierte además que cualquier cambio en el destino original de los vehículos requeriría una renegociación formal de los acuerdos suscritos entre ambos países.
Martinelli consideró que este aspecto representa un riesgo importante para Uruguay. “Si vos cambiás el objeto de esa donación, tenés dos problemas”, afirmó. “Uno, que podés alterar las condiciones de la donación, y dos, que podés quedar sometido a sanciones o restricciones futuras”.
El exjerarca recordó que durante su gestión en el Ministerio del Interior existían limitaciones para acceder a determinados equipamientos estadounidenses debido a que Uruguay es considerado un país de renta alta.
Los primeros vehículos y las dudas operativas
Mientras continúa el debate político, el Ejército comenzó el acondicionamiento de cuatro blindados RPZ Cóndor que serán trasladados a Montevideo para su eventual cesión a la Policía Nacional.
No obstante, diversas fuentes señalaron que las autoridades policiales consideran que estos vehículos presentan limitaciones operativas debido a su escasa visibilidad lateral y priorizan el uso de otros modelos.
Según trascendió, el Ministerio del Interior procura acceder a blindados Vodnik o, eventualmente, a los propios Mamba, que serían los que mejor se adaptan a las necesidades operativas planteadas por la Policía.
Las autoridades reconocieron además que ningún vehículo podrá ser utilizado inmediatamente, ya que será necesario desarrollar procesos de capacitación específicos para los efectivos policiales encargados de conducirlos.
Comunicación, liderazgo y un debate que recién comienza
Más allá de la discusión sobre la eficacia o la legalidad de la medida, otro de los aspectos cuestionados por la oposición ha sido la forma en que el gobierno comunicó la iniciativa.
“El gobierno comunica mal o muy mal”, afirmó Martinelli, quien atribuyó la controversia a la ausencia de coordinación política y comunicacional dentro del gabinete.
Abdala coincidió en ese diagnóstico y sostuvo que una medida de esta naturaleza debería haber sido previamente discutida, definida y presentada con mayor claridad institucional. “Un tema de este tenor debió madurarse, definirse y plasmarse antes de ser anunciado”, sostuvo.
Pese a las críticas, ambos dirigentes coincidieron en señalar que la oposición no busca bloquear eventuales soluciones en materia de seguridad pública. Sin embargo, advirtieron que cualquier medida excepcional requiere claridad jurídica, coordinación política y una estrategia integral capaz de producir resultados sostenibles.
