Gobierno defiende uso de blindados militares y Julieta Sierra afirma: «No es militarizar las calles»
La seguridad pública volvió a instalarse en las últimas semanas en el centro de la agenda política luego de que el Ministerio del Interior anunciara que incorporará vehículos blindados del Ministerio de Defensa Nacional para apoyar operativos policiales en zonas consideradas de alta complejidad.
La iniciativa fue adelantada por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, donde presentó los principales lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, fue después de que trascendieran sus declaraciones cuando el tema comenzó a generar un intenso debate político, con cuestionamientos desde la oposición y también de algunos sectores de la izquierda, que advirtieron sobre una eventual militarización de la seguridad.
Frente a esas críticas, el Poder Ejecutivo decidió brindar nuevos detalles del convenio entre los ministerios del Interior y de Defensa Nacional y explicar el alcance de la medida. Además, la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra, integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia Parlamentaria, respaldó la iniciativa en diálogo con El Explorador y defendió la utilización de los blindados como una herramienta logística para fortalecer el trabajo policial.
Durante una conferencia de prensa, el ministro Negro informó que el acuerdo permitirá a la Policía Nacional disponer de hasta 12 vehículos blindados pertenecientes al Ministerio de Defensa. El convenio comprende cinco tipos de vehículos de diferentes modelos y prestaciones, ampliando el alcance de la propuesta inicialmente prevista.
En la misma instancia, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, precisó que el convenio comprende los cinco modelos de blindados con los que cuenta actualmente la cartera y aclaró que los conocidos vehículos Mamba son solo uno de ellos. «Son los cinco modelos, por supuesto que están los Mambas», indicó.
Según explicó Negro, la Policía solicitará el tipo de vehículo que necesite de acuerdo con las características de cada operativo, por lo que no existe una asignación fija de blindados. «Elegiremos cuál es el que le vamos a solicitar a Defensa», afirmó.
El ministro agregó que el convenio terminó siendo “bastante más amplio del pensado originalmente», ya que incorporó una variedad mayor de vehículos a la inicialmente prevista.
Policías capacitados y apoyo militar
Otro de los aspectos aclarados por el Ejecutivo es que los blindados serán conducidos, en principio, por policías especialmente capacitados para cada modelo de vehículo. La capacitación estará a cargo de personal militar y forma parte del convenio firmado entre ambas carteras.
No obstante, si al momento de un operativo la Policía aún no dispone de funcionarios habilitados para conducir alguno de los vehículos, el acuerdo prevé que pueda hacerlo un militar en régimen de comisión de servicios, aunque siempre bajo la conducción operativa del Ministerio del Interior.
El Gobierno descarta una militarización
Las precisiones brindadas por el Ejecutivo buscaron responder a las críticas que surgieron tras conocerse el acuerdo, particularmente aquellas que señalaron un posible proceso de militarización de la seguridad pública.
Tanto la ministra Lazo, como Negro sostuvieron que el convenio constituye un mecanismo de cooperación entre organismos del Estado y afirmó que «hablar de militarización no corresponde», ya que las tareas de seguridad seguirán siendo responsabilidad del Ministerio del Interior.
El marco legal y el uso de armas
Consultado sobre la necesidad de una norma específica para implementar el convenio, Negro sostuvo que la legislación vigente ya habilita tanto el préstamo de vehículos entre organismos públicos como la comisión de servicios de funcionarios militares para desempeñarse como choferes.
También aclaró cuál será la situación de los militares que eventualmente conduzcan los blindados. Explicó que podrán portar su arma por su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas, pero su utilización estará limitada a los supuestos de legítima defensa.
A las explicaciones dadas por el ministro del Interior, Carlos Negro, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se sumó la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra, quien en diálogo con El Explorador y respaldó la iniciativa. Sierra, quien integra la Comisión de Seguridad y Convivencia en el Parlamento, sostuvo que busca fortalecer la presencia del Estado en los barrios más afectados por la violencia.
«Esto no es militarizar las calles ni mucho menos. Está lejos de ser así. Es utilizar vehículos del Ministerio de Defensa bajo la órbita de la Policía, bajo la órbita de operativos policiales. Es un soporte logístico que va a estar bajo supervisión del Ministerio del Interior», afirmó Sierra.
El convenio establece que Defensa pondrá a disposición del Ministerio del Interior hasta 12 vehículos blindados de cinco modelos diferentes, que serán utilizados según las necesidades de cada operativo. Entre ellos se encuentran los Mamba, aunque no serán los únicos vehículos disponibles.
Según explicó Negro, los blindados serán conducidos por policías previamente capacitados por personal militar. Solo de forma excepcional, cuando aún no exista personal policial habilitado para conducir determinado vehículo, podrá hacerlo un militar en régimen de comisión de servicios y bajo el mando del Ministerio del Interior.
Además, el ministro sostuvo que el gobierno entiende que no necesita aprobar una nueva ley para implementar la medida, ya que la normativa vigente permite tanto el préstamo de vehículos entre organismos públicos como la comisión de servicios de funcionarios militares.
«La ciudadanía está a favor»
Consultada sobre las críticas que surgieron desde algunos sectores políticos y también dentro de la izquierda, Sierra aseguró que la medida responde a una de las principales demandas de la población.
«Yo honestamente creo que la gran mayoría de la ciudadanía está a favor de esta medida, porque si la seguridad es uno de los problemas que figuran como de mayor preocupación, hay un reclamo de tener más instrumentos para modificar esta realidad y vivir en una sociedad mucho más segura», sostuvo.
La legisladora remarcó que la diferencia entre cooperación logística y militarización es clara, ya que los operativos seguirán siendo dirigidos por la Policía. «No va a haber militares en operativos. A lo sumo se está hablando de que tengan que conducir los vehículos porque requieren una preparación específica. Ese va a ser el único soporte logístico», dijo la diputada del Movimiento de Participación Popular.
En ese sentido, defendió la utilización de los blindados para reforzar operativos como Atenea y Dominio, destinados a prevenir homicidios y combatir organizaciones criminales. «Hay una cuestión muy violenta en muchos barrios de Montevideo y del interior donde las bandas de crimen organizado toman el territorio. Si nosotros no marcamos una presencia del Estado mucho más tajante, lo que hacemos es permitir que esa violencia siga avanzando», expresó.
«No podemos discutir desde la comodidad»
Sierra también respondió a quienes cuestionan el uso de vehículos militares en tareas de apoyo a la Policía. «Hay gente que está viviendo estas situaciones todos los días. Hay niños que terminan baleados y nosotros no podemos desconocer esa realidad. Creo que tratar esto como militarización es un error muy grande», afirmó.
Para la diputada, el Frente Amplio mantiene una posición clara respecto al papel de las Fuerzas Armadas. «Las Fuerzas Armadas no pueden estar a cargo de la seguridad interna del país. Ese límite está muy presente para el Frente Amplio», señaló.
Agregó que justamente por esa razón el convenio se limita al uso de vehículos blindados y no implica que militares participen en procedimientos policiales.
Posible extensión al interior
Respecto a una eventual ampliación de la medida, Sierra consideró que, si los resultados son positivos, sería deseable extenderla a otros departamentos. «Entiendo que se iniciará por las zonas de mayor complejidad, pero ojalá pueda desarrollarse también en el interior del país», sostuvo, al mencionar barrios con problemas de violencia en departamentos como Maldonado y Durazno.
Sobre la información que indica que algunos de los vehículos fueron donados por Estados Unidos para misiones de paz, la legisladora dijo no contar con información oficial sobre posibles restricciones de uso, aunque señaló que confía en que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa hayan resuelto ese aspecto antes de avanzar con la firma del convenio. «Si estamos a días de que se firme un convenio es porque hay garantías de que no hay ningún problema para avanzar», concluyó.
