Tras la escalada de violencia el FA defiende la estrategia del ministro Negro y apunta al crimen organizado
La reciente sucesión de homicidios, balaceras y enfrentamientos armados registrados en Montevideo y otros puntos del país volvió a instalar la seguridad pública en el centro de la agenda política. En paralelo, el Ministerio del Interior anunció una serie de cambios en la estructura de mando de la Policía Nacional, en una decisión que el gobierno presentó como parte de una estrategia de monitoreo y evaluación permanente.
Desde el oficialismo, tanto el diputado Nicolás Mesa, presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, como el senador Eduardo Brenta, integrante de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado, coincidieron en entrevista a El Explorador que el fenómeno actual debe analizarse en el marco de la expansión del crimen organizado y del narcotráfico internacional, aunque defendieron la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva más amplia que la exclusivamente represiva.
Homicidios: detrás de los números hay vidas
Mesa sostuvo que el aumento de los homicidios constituye hoy la principal preocupación en materia de seguridad y recordó que la reducción de estos delitos es uno de los objetivos centrales del Plan Nacional de Seguridad impulsado por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de analizar el fenómeno únicamente desde una perspectiva estadística. Señaló que “cuando hablamos de homicidios, hablamos de vidas perdidas, muchas veces de familias que han sido destruidas, o sea, comunidades enteras que se ven afectadas por este tipo de delitos de violencia”.
El legislador explicó que los homicidios presentan un comportamiento particular que muchas veces escapa a las tendencias lineales que muestran otros delitos.
“Se puede venir con determinados números en las estadísticas y en un fin de semana, por muchas veces razones que se pueden explicar u otras no, se disparan con un número como ha pasado. Por ejemplo, cinco o seis homicidios en pocas horas”, indicó.
A su entender, este tipo de fenómenos trasciende a los gobiernos de turno debido a que “es la forma en cómo se comporta este tipo de delitos”, por lo tanto, exige respuestas sostenidas en el tiempo.
El impacto del narcotráfico
Para Brenta, la situación actual no puede comprenderse sin observar las transformaciones que experimentó Uruguay en los últimos años dentro de las rutas internacionales de la droga. Por lo tanto, afirma que “Uruguay pasó de ser un país de tránsito de estupefacientes a ser un país de acopio”.
Según explicó, esta realidad generó la aparición de organizaciones criminales dedicadas a custodiar cargamentos de droga destinados principalmente al mercado europeo, provocando nuevas dinámicas de violencia asociadas al control territorial y a las disputas por el liderazgo de esas estructuras.
Ejemplificó con casos relacionados a los narcotraficantes uruguayos Sebastián Marset, Fernández Alvín y Alberto Suárez y consideró que estas situaciones dinámicas “introducen un elemento nuevo a lo que tiene que ver con las políticas de seguridad”.
El senador consideró que varios de los homicidios y tiroteos registrados recientemente están vinculados a ese proceso. Sostuvo que “hay una suerte de lucha por nuevos liderazgos” luego de que importantes organizaciones fueran desarticuladas y varios de sus líderes terminaran encarcelados.
En su opinión, buena parte de los episodios violentos registrados en la zona metropolitana responden a intentos de grupos criminales por demostrar poder y disputar espacios dentro del negocio del narcotráfico.
Un plan de seguridad pensado a diez años
Tanto Mesa como Brenta reivindicaron el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado por el gobierno tras un año de trabajo en el que participaron partidos políticos, organismos internacionales, académicos y organizaciones sociales.
Mesa destacó que durante la elaboración del documento se incorporaron propuestas provenientes de la oposición. “Las propuestas que tenga la oposición son bienvenidas para analizarlas en conjunto”, afirmó.
El diputado señaló que el principal desafío consiste en sacar la discusión de seguridad de la lógica electoral: “Si logramos corrernos de ahí y construir entre todo el sistema político una hoja de ruta para poder enfrentar al crimen organizado y al gran narcotráfico, vamos a estar dando un paso fundamental”.
Brenta compartió esa visión y valoró el intercambio desarrollado durante las mesas de diálogo convocadas por el Ministerio del Interior: “Sentí que en esas instancias había bastante coincidencia en lo que eran las políticas que había que desarrollar en materia de combate a las organizaciones delictivas”, afirmó.
Según explicó, el objetivo es construir acuerdos que trasciendan los períodos de gobierno y permitan sostener políticas de Estado en materia de seguridad.
Más Barrio y la presencia del Estado en los territorios
Uno de los aspectos que ambos dirigentes destacaron fue la estrategia territorial impulsada por el gobierno a través del programa Más Barrio.
Mesa consideró que se trata de una herramienta clave para intervenir en zonas donde los niveles de violencia son elevados y donde existen múltiples factores de vulnerabilidad social. Señaló que “el Estado se tiene que hacer presente con más potencia, con más volumen”, señaló.
Según explicó, estas intervenciones combinan acciones en materia de seguridad con políticas vinculadas a educación, desarrollo social, salud, vivienda y recuperación de espacios públicos.
Por su parte, Brenta sostuvo que el programa busca fortalecer la presencia estatal en aquellos territorios donde las organizaciones criminales intentan consolidar influencia. “Tenemos que tener una mirada integral, transversal y fuertemente vinculada con la sociedad civil”, afirmó.
Para el senador, el combate al delito no puede quedar exclusivamente en manos del Ministerio del Interior, sino que requiere la participación coordinada de distintas áreas del Estado.
El debate sobre las penas y la represión
Las declaraciones de ambos legisladores contrastan con los planteos realizados por dirigentes de la oposición, que en los últimos días reclamaron endurecer las penas para determinados delitos y aumentar la capacidad represiva del Estado.
Consultado sobre ese debate, Mesa señaló que existen distintas visiones académicas y jurídicas respecto a la efectividad del aumento de penas. “Hay varias bibliotecas que hay que analizarlas todas”, expresó.
Brenta lo definió como un proceso de “inflación penal” desarrollado durante los últimos años. “El incremento de penas no ha demostrado ser eficaz”, sostuvo.
No obstante, aclaró que el Frente Amplio no descarta discutir modificaciones específicas para determinados delitos, aunque entiende que las soluciones estructurales deben centrarse en la prevención, la inteligencia criminal y el fortalecimiento de la presencia estatal en los territorios más afectados.
Los cambios en la cúpula policial
La discusión sobre seguridad se intensificó además tras los cambios anunciados por el ministro Carlos Negro en la estructura de mando de la Policía Nacional.
Las modificaciones incluyeron la designación del comisario general Alfredo Clavijo al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo, el traslado de Julio Sena a la Subdirección de la Policía Nacional, el nombramiento de Pablo Lotito en Investigaciones y cambios en la Guardia Republicana.
Para Mesa, estas decisiones reflejan uno de los principios centrales de la actual gestión. “Hay que evaluar y monitorear permanentemente. Y en función de esa evidencia, ajustar lo que haya que ajustar y corregir lo que haya que corregir”, afirmó.
El diputado interpretó los relevos como una señal de liderazgo político. “Es una fuerte señal de convicción del ministro, de estar evaluando permanentemente y cuando hay que hacer cambios, se realizan”, sostuvo.
Brenta coincidió con esa lectura y señaló que las modificaciones responden a la necesidad de adaptar las estructuras policiales a fenómenos delictivos cada vez más dinámicos. “Implica encontrar los mejores para cada uno de los lugares”, explicó.
Seguridad, cárceles y recursos
Más allá de las respuestas inmediatas, ambos dirigentes insistieron en la necesidad de abordar problemas estructurales vinculados al sistema penitenciario y la reincidencia.
Brenta recordó que la transformación del sistema carcelario forma parte de los desafíos incluidos en el Plan Nacional de Seguridad y destacó que se trata de una tarea que excede un período de gobierno.
El senador también remarcó que las prioridades definidas por el gobierno deberán traducirse en recursos presupuestales. “La seguridad ha sido priorizada en el presupuesto nacional y va a ser priorizada en la próxima Rendición de Cuentas”, aseguró.
Mientras la oposición reclama respuestas más contundentes frente a la ola de homicidios y cuestiona algunos aspectos de la conducción política del Ministerio del Interior, el oficialismo apuesta a consolidar una estrategia que combine represión, inteligencia criminal, fortalecimiento institucional y presencia estatal en los territorios más afectados por la violencia.
La discusión volverá a instalarse hoy jueves en el Parlamento, cuando el ministro Carlos Negro comparezca ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes para profundizar sobre la implementación del Plan Nacional de Seguridad y responder a las inquietudes de los distintos partidos políticos.
