El costo humanitario del “Efecto Bukele”: ¿Seguridad sin garantías?

El debate sobre el modelo de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador recorre toda América Latina. Si bien se observa con atención la drástica reducción de la violencia en ese país, las encuestas también reflejan una gran preocupación por las denuncias de violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y hacinamiento carcelario. Dos miradas que centran la tensión entre eficacia y garantías. 

El abogado panameño Ricardo Shippritt, especialista en derecho laboral, advierte que aplicar mano dura sin programas de reinserción laboral solo alimenta un círculo vicioso de delincuencia. Además, cuestionó que se intente copiar en otros países la estrategia de seguridad implementada en El Salvador.

Por un lado, el mandatario salvadoreño consiguió reducir drásticamente los homicidios y el dominio de las pandillas en el territorio. Por otro lado, diversas organizaciones internacionales y expertos señalan violaciones sistemáticas a los derechos humanos, arrestos sin fundamento legal y la anulación de garantías esenciales.

¿Puede trasladarse ese modelo a otras naciones? ¿Es posible que una democracia enfrente al crimen organizado sin renunciar al debido proceso, a la presunción de inocencia o al derecho de defensa? Para Ricardo Shippritt, el gran ausente en esta discusión es el empleo.

Al respecto, Shippritt considera un error intentar imitar fórmulas sin analizar cada realidad. “El fenómeno del presidente Bukele es que en su país -es importante resaltarlo- cada realidad es totalmente diferente. La situación política, socioeconómica y social en El Salvador permitió este tipo de modelo por el grado de peligrosidad o de delincuencia que hubo por el tema de las bandas criminales”, explica.

Eso no implica que funcione en cualquier otro lugar, aclara. “No todos los modelos en todos los países funcionan de la misma manera. Incluso considero que para disminuir la delincuencia hay que aumentar el empleo en el sector privado. Entre mayor empleo tiene la población, menor intención de delinquir”. 

Tensión entre derechos humanos y eficacia punitiva

Uno de los aspectos más polémicos del gobierno de Bukele es la eliminación de garantías procesales. Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado arrestos masivos sin orden judicial, hacinamiento y denuncias de tortura. “Si bien son personas que han cometido ciertos grados de delitos, homicidios, existen principios fundamentales respecto al debido proceso y los derechos humanos que se tienen que respetar. Pero también esa persona tiene que volver a reinsertarse dentro de la sociedad”, afirma.

Junto a esto, se pregunta “¿Llevamos a todas esas personas dentro de una cárcel, pero cuando cumplieron su pena, ¿la sociedad las va a aceptar? Tenemos que pensar en eso. Porque si no van a continuar con el mismo ciclo y los vamos a tener nuevamente dentro del sistema penitenciario”.

El abogado recuerda que muchos Estados han suscrito pactos internacionales que protegen la integridad de los reclusos. “Si bien son personas que están cumpliendo una pena, tienen derechos básicos y elementales que deben respetarse. De lo contrario, el país se convierte en un violador sistemático de derechos humanos”.

El trabajo como eje central de la seguridad ciudadana

El análisis de Shippritt tiene un fuerte enfoque laboral, no como un aspecto técnico secundario, sino como columna vertebral de la seguridad. “El hecho de que tengamos países con mayores cárceles no quiere decir que se estén haciendo las cosas bien. Hay países donde no hay cárceles con estas características, porque ese no es el modelo a seguir”. Y añade: “¿Por qué no capacitar a ese personal con cierto tipo de mano de obra especializada que necesitan? Cuando esa persona salga, pueda tener un empleo digno. Los países, en vez de crear más cárceles, deberíamos reducir cárceles para aumentar la calidad de vida y la seguridad”.

Naciones como Costa Rica han mostrado interés en políticas de línea dura, incluyendo la construcción de una mega cárcel. Para Shippritt, eso refleja una tendencia “¿Para qué vas a construir una cárcel si tampoco tienes los elementos para poner seguridad en tu país? ¿Hay seguridad en las fronteras? ¿En ciertas áreas del territorio?”.

Sobre Panamá, comenta que “la ministra de Gobierno ha hecho cambios en el tema de resocialización, incluso hay un plan donde personas detenidas realizan trabajos en instituciones públicas para pagar sus horas de condena”.

El especialista alerta sobre un peligro de que la eficacia punitiva se convierta en un cheque en blanco para deteriorar la democracia. “Lo que se busca con la mano dura muchas veces es que la oposición no sea escuchada y se mantenga una dictadura. La gente piensa que están haciendo algo bien, cuando a todas luces se están violando muchos derechos”.

Añade que “no solamente debes crear miedo en las pandillas, sino lograr que la población no tenga miedo. Si yo quiero opinar en contra del presidente, ¿qué va a pasar? También estás creando un grado de intimidación. Si una persona está en contra del gobierno, que es normal en toda oposición, lo que no puedes hacer es reprimirla”.

Otro aspecto que incorpora el abogado es la situación de los migrantes en contextos de mano dura. “Todo inmigrante que vive en cualquier país tiene que obedecer las reglas del país donde va, pero también existen protecciones de la Organización Internacional de Migración que se tienen que respetar”. Menciona el caso de las salidas voluntarias de venezolanos en Panamá y sostiene que las políticas migratorias deben equilibrar control y respeto por los derechos humanos. “Las deportaciones masivas, sin debido proceso, también vulneran derechos humanos”.

Educación y reinserción

Para el especialista, cualquier estrategia seria de seguridad debe comenzar mucho antes de la cárcel. “La educación es la clave de todo. Si no tenemos educación, no podemos hacer absolutamente nada”. Y aplica el mismo razonamiento a quienes están privados de libertad: “Tienen derecho a educación, a salud, a alimentación. Hay programas para bajar horas de condena trabajando. La idea es que la persona pueda hacer algo útil estando ahí y acepte que cometió un delito”.

Shippritt insiste en que el derecho al trabajo es un derecho social fundamental. “Si una persona cometió un delito y quiere reinsertarse, tiene todo el derecho de obtener un trabajo. El Estado y el sector privado tienen que apoyar a estas personas dándoles algún tipo de empleo para que sean útiles a la sociedad. Pagaste tu pena, vuelves a trabajar y te resarces. Si no, las personas se sienten excluidas y eso trae consecuencias”. 

Una mirada desde Uruguay

Uruguay no es ajeno a la discusión regional sobre la aplicación y análisis causa-efecto del modelo Bukele. El presidente Yamandú Orsi, aclaró su postura al referir que dicho modelo es “un ejemplo a analizar, no a seguir”. Y lo fundamentó con la decisión de fortalecer las políticas de reinserción social y laboral de las personas que egresan del sistema penitenciario.

En noviembre de 2025, Orsi declaró en una entrevista que el presidente salvadoreño era “un ejemplo para analizar”. La frase, extraída de contexto, provocó críticas de organismos de derechos humanos y de la oposición.  Posteriormente, afirmó que “es imposible, es inaceptable” aplicar esas políticas en Uruguay. Explicó que le llamaba la atención “el nivel de adhesión que genera en la población” un gobierno que logró que la gente volviera a salir a la calle después de años de terror. Pero advirtió que “hay gente inocente que de repente la está pagando”.

Junto a esto Orsi planteó una pregunta que debería hacerse cualquier democracia “¿cuánto está dispuesta la gente a ceder de su libertad en aras de mejorar una situación de seguridad que se vuelve imperiosa?”. Su respuesta implícita fue que Uruguay no está dispuesto a ceder garantías constitucionales ni derechos humanos, pues la seguridad no puede construirse sobre la base de la excepción permanente.

A diferencia de la mano dura, el gobierno de Orsi lanzó en mayo de 2026 el programa “Libertad Segura”, una iniciativa interinstitucional que involucra a los ministerios del Interior, Desarrollo Social y Trabajo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Intendencia de Montevideo. El objetivo es reducir una tasa de reincidencia que alcanza a siete de cada diez personas que recuperan la libertad en los primeros tres años.

El programa se divide en tres fases, la primera fase consiste en el acompañamiento dentro de los centros penitenciarios durante aproximadamente seis meses, con foco en la elaboración de un plan de egreso y en la inserción sociolaboral. La segunda incluye acceso a empleo protegido en el sector público con acompañamiento sociolaboral, por un periodo de 12 meses desde el egreso carcelario. Y una tercera fase enfocada en la inserción laboral en el sector privado mediante la modalidad de empleo subsidiado, con acompañamiento durante los primeros seis meses.

Del mismo modo el programa incluirá capacitaciones en habilidades blandas y formación técnica, finalización de ciclos educativos y talleres de búsqueda de empleo, a través de convenios con Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). Por otro lado, garantizará el acceso a atención en salud a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y brindará soluciones habitacionales provistas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) junto a un kit de necesidades básicas que incluirá prestaciones sociales, boletos, vestimenta y un celular con precarga.

Educación y trabajo en cárceles

En Uruguay desde 2021, el Programa Nacional de Educación en Cárceles (PNEC) coordina propuestas educativas formales y no formales en 11 unidades penitenciarias de 10 departamentos. La ley 19.924 estableció un Plan Nacional de Educación en Cárceles, que integra a ANEP, la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Incluye alfabetización, terminalidad de primaria y secundaria, formación universitaria y talleres culturales.

Sin embargo, los datos muestran que solo el 38% de las personas privadas de libertad realizan alguna ocupación dentro del sistema, y apenas el 22% recibe remuneración. En este caso, el desafío para Uruguay es demostrar que es posible bajar la reincidencia sin violar derechos humanos con apuestas basadas en la articulación de sectores que apunten a una misma dirección.