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Nueva metodología de cálculo del Fonasa permitirá un ahorro de hasta 80 millones de dólares

Nueva metodología de cálculo del Fonasa permitirá un ahorro de hasta 80 millones de dólares

El Poder Ejecutivo resolvió modificar la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud (SNS), una medida que, según estimaciones oficiales, permitirá generar un ahorro anual de entre 70 y 80 millones de dólares para el sistema, lo que representa menos del 10% del déficit estructural del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La decisión fue explicada en conferencia de prensa por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el subsecretario Martín Vallcorba, quienes señalaron que el cambio apunta a corregir dos errores de diseño presentes en la forma en que se venía calculando el CPE desde la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.

El CPE es un parámetro clave dentro del funcionamiento del Fonasa, ya que se utiliza como referencia para determinar el tope anual de aportes y, en consecuencia, la eventual devolución de excedentes a trabajadores y pasivos que aportan por encima de ese umbral.

Las correcciones venian siendo postergadas desde 2019, aclaró el titular de la cartera, sin ingresar en los motivos que tuvieron las dos últimas administraciones para no efectuar las adecuaciones recomendadas por los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Marco legal y funcionamiento del CPE

El artículo 55 de la Ley N.º 18.211 establece que el Costo Promedio Equivalente debe calcularse considerando las cuotas salud que paga el Fonasa, las expectativas de vida de la población, las cuotas correspondientes al Fondo Nacional de Recursos y los costos administrativos del SNS.

A su vez, el decreto reglamentario N.º 221/011, en su artículo 13, dispone que el CPE debe determinarse a partir del valor promedio intertemporal de las cuotas salud, es decir, el promedio del costo que el sistema asume por cada beneficiario a lo largo de toda su vida.

Para ello, el cálculo contempla dos componentes principales: el valor promedio intertemporal de las cápitas Fonasa —diferenciadas por tramo de edad y sexo— y el valor asociado al componente metas.

Los problemas del método vigente

Según explicó el Ministerio de Economía y Finanzas, la metodología utilizada hasta ahora presentaba dos distorsiones relevantes que llevaban a una subestimación del costo real del sistema.

El primer problema radica en que el cálculo asumía que todos los beneficiarios habían contado con cobertura del Sistema Nacional de Salud desde su nacimiento hasta el fallecimiento. Sin embargo, el SNS comenzó a funcionar en enero de 2008, por lo que la mayoría de los actuales beneficiarios se incorporó al sistema muchos años después de nacer.

Este supuesto implicaba incluir en el cálculo tramos de la vida con cápitas más bajas —principalmente entre los 1 y 45 años— en períodos en los que, en los hechos, no existía cobertura, lo que reducía artificialmente el valor del CPE.

El segundo error metodológico consistía en asumir que todas las personas viven exactamente hasta la edad promedio de expectativa de vida según sexo (74,9 años para los hombres y 81,4 para las mujeres). Este criterio no considera que una parte de la población vive más allá de esa edad, precisamente en los tramos etarios donde el costo para el sistema es más elevado.

Al no ponderar adecuadamente los años de vida con mayor utilización de servicios de salud, el cálculo vigente también tendía a subestimar el costo promedio real que enfrenta el SNS.

Los cambios introducidos

Para corregir estas distorsiones, el Poder Ejecutivo resolvió introducir dos modificaciones metodológicas centrales.

La primera consiste en incorporar curvas de supervivencia al cálculo del CPE. Estas curvas permiten estimar, para cada cohorte y según el sexo, la proporción de personas que permanece con vida a cada edad, reflejando de forma más precisa el patrón real de mortalidad de la población.

De este modo, el cálculo deja de basarse en una única edad promedio de fallecimiento y pasa a considerar la probabilidad de supervivencia en cada tramo etario, otorgando mayor peso a los años de vida de mayor costo para el sistema.

El segundo cambio metodológico atiende al momento de creación del SNS. Dado que el sistema comenzó a operar en 2008, solo las personas menores de 18 años han tenido cobertura desde su nacimiento. Para el resto de los beneficiarios, mayores de esa edad, corresponde considerar únicamente los años efectivamente cubiertos por el sistema.

En ese sentido, el nuevo cálculo del CPE para las cohortes mayores de 18 años tomará en cuenta el promedio de las cápitas correspondientes a los últimos 18 años, desde 2008 hasta la fecha, y los años futuros esperados, ponderados por la probabilidad de supervivencia.

Impacto fiscal y medidas complementarias

De acuerdo con las autoridades económicas, la aplicación de esta nueva metodología permitirá un ahorro estimado de entre 70 y 80 millones de dólares anuales. No obstante, Oddone subrayó que se trata de una corrección técnica y no de una reforma estructural del Fonasa, dado que el ahorro representa una porción acotada del déficit total del sistema.

El Ministerio también aclaró que, dado que el CPE se utiliza para determinar el aporte mínimo de las personas que perciben ingresos exclusivamente por la prestación de servicios personales fuera de la relación de dependencia, se promoverá un cambio legal para que este colectivo no vea alterado su aporte mínimo como consecuencia de la nueva metodología.

Mientras se tramita esa modificación legislativa, el Banco de Previsión Social (BPS) mantendrá el criterio actualmente vigente para este grupo de contribuyentes.

Alcance del sistema

Actualmente, el Fonasa brinda cobertura a 2.653.873 personas. De ese total, aproximadamente 1,2 millones son trabajadores activos, unos 600.000 son menores de 18 años, una cifra similar corresponde a jubilados y pensionistas, y alrededor de 200.000 son cónyuges o concubinos.

Con la nueva metodología, el valor del Costo Promedio Equivalente se fijará en 6.693 a partir del 1.º de enero próximo, un ajuste que, según el Gobierno, busca dotar al sistema de mayor sostenibilidad financiera sin alterar sus principios de universalidad y solidaridad.

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