Demanda contra el Estado por incendio que dejó 6 reclusos muertos

En medio de una creciente población en el sistema carcelario, que se ha venido cuestionando, seis reclusos murieron, a finales de setiembre, en un incendio intencional registrado en el módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Ante lo ocurrido, se informó que los abogados Rafael Silva, Valeria Campos y Nicolás Pereyra, demandarán al Estado.

Las acciones administrativas, penales y civiles son por las condiciones en las que fallecieron los presos y la investigación por parte de la Fiscalía de Homicidios está en curso y se presentará un escrito para aportar datos a la investigación. El informe pericial concluyó que el incendio fue intencional y las autoridades ya tienen identificados a varios presos como autores y el motivo. Se estableció que la muerte de los reclusos fue por «asfixia por inhalación de humo» y que sus cuerpos presentaban quemaduras.

Silva habló con varios medios de comunicación donde informó que cuentan con «un importante volumen de evidencias incorporadas a la investigación». En ese sentido aclaró que si bien «no va a haber responsabilidad penal del Estado porque no hay responsabilidad penal sobre personas jurídicas» la denuncia radica en acciones civiles por la muerte reclamando un «daño moral».

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) defendió el accionar policial, asegurando que los guardias carcelarios acudieron a la celda apenas notaron lo que estaba sucediendo y que «se hizo todo lo posible» para «abrir la reja cuanto antes» y sacar a los presos de allí. Por parte de los abogados expresaron que les llama la atención «que los policías no se habrían enterado de lo que estaba sucediendo» accionando cuando «ya estaban todos muertos».

«Todos los fallecidos estaban recluidos en condiciones infrahumanas, deplorables», expresó Silva.

Responsabilidad del Estado

En conversación con la Asociación Civil Familias Presentes, anunciaron que «es justo y necesario» siendo el deber del Estado y recordaron que el Comisionado lo recomendó en su informe. En el punto número 20, anuncia que «teniendo presente que hay una relación clara entre lo ocurrido y la situación de hacinamiento y falta de tratamiento del sistema carcelario y de ese módulo en particular, el Estado debe resarcir a las víctimas (ver arts. 24 y 25 de la Constitución sobre responsabilidad objetiva del Estado y daño a terceros)».