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El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto que deja sin efecto la reglamentación de la ley de medios aprobada el año pasado e impulsada por la gestión que encabezara Luis Lacalle Pou.
El Frente Amplio (FA) ya ha manifestado su postura crítica al decreto N° 31/025 emitido los últimos días de la administración anterior, el 13 de febrero de este año. El FA, hoy en el gobierno, sostuvo que en la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, “se ha constatado que la referida norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente”.
Por esto, en la misiva firmada por Orsi y respaldada por todo el gabinete de ministros, se argumentó que “es necesario proceder a su revisión a efectos de evaluar la legalidad de su articulado”, así como al hecho de “que no vulnere normas o principios de derecho”.
Se trata de un mensaje significativo de la administración frenteamplista, ya que a la firma de Orsi se sumó la de los ministros Gabriel Oddone (Economía) Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), Fernanda Cardona (Industria), Lucía Etcheverry (Transporte), Cristina Lustemberg (Salud), Pablo Menoni (Turismo), Alfredo Fratti (Ganadería), Cecilia Cairo (Vivienda), José Carlos Mahía (Educación), Juan Castillo (Trabajo), Edgardo Ortuño (Ambiente), Gonzalo Civila (Desarrollo Social), así como la subsecretaria del Interior Gabriela Valverde y el de Defensa, Joel Rodríguez.
Mirada crítica
El FA ya había anticipado su rechazo a la ley de medios durante el debate en el Parlamento, por considerar que afectaba a Antel con disposiciones “monopólicas, extranjerizantes y anticompetitivas”, además de cuestionar el “mecanismo de censura previa” del artículo 72.
El polémico aditivo impulsado por Cabildo Abierto y que fue vetado por Lacalle Pou por “incompatibilidad con la libertad de expresión”, apuntaba a la “imparcialidad” política de parte de los medios.
En aquel momento, Guido Manini Ríos consideró que el artículo, cuestionado por organismos internacionales, buscaba “garantizarle al ciudadano de a pie que va a decidir su voto en base a información veraz, completa, equilibrada, seria, plural», con el objetivo de dotar de «fuerza a la democracia».
Los cambios que impulsaba la norma
Entre las modificaciones de la ahora suspendida norma, se destacaba que los órganos competentes pasaban a ser el MIEM, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y la Ursec, materializando la eliminación del Consejo de Comunicación Audiovisual.
Al mismo tiempo, creaba el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional como un servicio descentralizado, que es al momento una unidad ejecutora del MEC.
Con respecto a los límites de la publicidad, se establecieron 15 minutos para la televisión abierta y por cable, llegando a 20 minutos en radio, con la habilitación de un incremento de 5 minutos en épocas de mayor comercialización.
