Con toda seguridad

La seguridad pública es uno de los temas más acuciantes en la agenda política de Uruguay. Con la cercanía de las elecciones de 2024, las propuestas de los diferentes partidos políticos reflejan un abanico de enfoques. Cada uno con su visión particular sobre cómo enfrentar la creciente criminalidad y la percepción de inseguridad en el país. Sin embargo, para lograr una mejora sustancial y sostenible en la seguridad, Uruguay podría beneficiarse de la integración de varias teorías y enfoques contemporáneos. Adaptándose a su propia realidad.

El camino hacia la solución parece ser obvio. Una política pública concebida en el consenso multipartidario, una visión superadora que abandone los fundamentalismos de las ideologías y haga foco en la preocupación de los ciudadanos. Una obligación: estar a la altura de las circunstancias históricas de una realidad que demanda soluciones. Los dirigentes políticos están llamados a la honestidad intelectual. Conscientes de que han sido superados después de haber tenido cada uno su oportunidad y haber fracasado.

En este contexto, analizar enfoques y teorías de las diferentes tiendas políticas nos lleva a la sorpresa de que, bajo diferentes nombres y colores, aparecen propuestas con puntos coincidentes invisibilizados por los discursos altisonantes del “yo hice lo que vos no hiciste”.

Policía Comunitaria orientada a problemas: una mirada prometedora. Este modelo se centra en la colaboración estrecha entre la policía y la comunidad. Buscando construir relaciones de confianza y cooperación que faciliten la prevención del delito. En un país donde la confianza en las instituciones de seguridad ha sido variable, y dependiente de los tiempos, este enfoque podría restaurar la confianza de los ciudadanos en la policía y mejorar su efectividad.

El Partido Independiente y el Frente Amplio han mostrado su interés en esta estrategia. La proximidad y la cooperación han demostrado ser eficaces en contextos internacionales, reduciendo la delincuencia y fortaleciendo el tejido social.

Diseño Urbano al Servicio de la Seguridad: una realidad que multiplica ejemplos en el mundo. Concebido bajo la teoría de la “prevención situacional del delito”, se refiere a la modificación del entorno físico para reducir las oportunidades de criminalidad. Implementando medidas como la mejora de la iluminación en las calles, la instalación de cámaras de seguridad y el diseño de espacios públicos que desincentivan la comisión de delitos.

El Partido Nacional ha puesto el foco en el uso de la tecnología para mejorar la seguridad y la vigilancia. Sin embargo, es crucial que estas medidas tecnológicas se integren en un enfoque más amplio de prevención situacional que también incluya el diseño urbano. Promoviendo entornos que desalienten naturalmente la delincuencia. Este enfoque no es ajeno a otros partidos que también ven en los desarrollos tecnológicos una solución.

En un contexto como el nuestro, donde el narcotráfico y el crimen organizado han dejado de ser un escenario lejano para constituirse en una amenaza real, la “policía basada en inteligencia” es esencial. Esta estrategia permite a las fuerzas de seguridad anticipar y prevenir delitos mediante el análisis de datos y la identificación de patrones delictivos. En lugar de actuar solo de manera reactiva. Este enfoque capacita a la policía para ser proactiva y focalizar sus recursos en las amenazas más serias.

La coalición de gobierno actual ha mostrado una estrategia hacia la integración de tecnología avanzada en las operaciones de seguridad, lo cual es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, ha sido claramente insuficiente; este esfuerzo se debe profundizar.

Más allá de la prisión: un salto al vacío que devuelve al delito. La alta tasa de encarcelamiento en Uruguay, una de las más altas de la región, plantea serios desafíos a la sostenibilidad del sistema de justicia. La “justicia restaurativa” emerge como una alternativa viable y necesaria. Este enfoque se centra en la reparación del daño causado por el delito, promoviendo el diálogo y la reconciliación entre la víctima, el infractor y la comunidad.

El Frente Amplio ha propuesto la desprisionalización como parte de su estrategia de seguridad, promoviendo alternativas a la prisión para delitos menores. Integrar prácticas de justicia restaurativa podría no solo aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, sino también reducir la reincidencia y contribuir a la rehabilitación efectiva de los delincuentes.

Finalmente, es crucial que Uruguay adopte un “enfoque de seguridad humana”, que no solo aborde la seguridad física, sino también las dimensiones económica, alimentaria, sanitaria y social.

La inseguridad no puede ser disociada de otros factores sociales y económicos. Para lograr una seguridad duradera, es necesario abordar las raíces de la delincuencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social.

El país debe desarrollar una política de seguridad robusta y sostenible, que no solo responda a los síntomas del problema, sino que también trabaje en la prevención de sus causas subyacentes.

La seguridad en Uruguay no puede abordarse desde un solo ángulo. Es necesario un enfoque integral que combine elementos. Solo a través de una estrategia multifacética se podrá avanzar hacia una realidad más segura y justa para todos los ciudadanos. Es imperativo que las políticas se diseñen y apliquen con una visión a largo plazo, que respete los derechos humanos y fomente el desarrollo social. Este es el reto y la oportunidad que enfrentan los políticos y el país en los próximos años.