Allanamientos nocturnos: “La vigencia no implicará un uso sistemático de este instrumento”

El 27 de octubre además de realizarse la elección presidencial nos encontraremos con dos papeletas, una de ellas a favor del plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos. En este contexto que ha generado discusiones, opiniones y posturas, salimos a explorar qué dicen autoridades y asesores en seguridad al respecto. Por parte de la actual administración hablamos con el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, quien a su juicio, no contar con esta medida “entorpece” la labor policial.

El artículo 11 de la Constitución expresa que “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.”. En caso de que el ciudadano opte por colocar la papeleta a favor de los allanamientos nocturnos y se alcance la mayoría necesaria, el artículo se modificará señalando que: “El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley.”

Según el portal de Análisis Político, Opinión Pública y Estudios Sociales, Factum, el 68% de los uruguayos se mostró a favor de esta propuesta. Teniendo en cuenta este porcentaje Abdala recordó que desde la instancia electoral pasada, cuando promovieron con el ex senador Jorge Larrañaga un paquete de medidas en seguridad, siendo una de ellas el allanamiento nocturno, ya se advertía que este acto era interpretado positivamente por la población. Quedando así su expectativa de que esta medida prospere.

El senador del Partido Nacional Carlos Camy, quien presentó el año pasado la iniciativa informó que de los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dos observadores y 8 que no la integran, únicamente cuatro tienen esta prohibición siendo Uruguay, Cabo Verde, Mozambique y Guatemala. En ese sentido el subsecretario concluyó que “es un tema laudado y creo que por eso está prevaleciendo en la mirada y el sentido de la gente”.

Aportes y objetivos de los allanamientos nocturnos

“No se trata de una solución mágica” como se ha expresado, sino que es una “adecuación de la Constitución que apela al sentido común”, comentó. Defendiendo que es un “instrumento necesario en la lucha contra el narcotráfico”, cuando hay operaciones que necesariamente deben terminar en la noche dejando a los efectivos policiales a la espera de que salga el sol, “eso implica contrariamente a lo que se ha dicho por parte de algunos actores, exponer a la policía a un riesgo mayor”. 

En el contexto de que es una limitación que se arrastra desde la primera Constitución Nacional del 1830, donde “se estableció este cerrojo por circunstancias distintas de las que tenemos hoy”, expresó que este condicionamiento está “entorpeciendo” la labor de la Policía, de Fiscalía y del Estado a la hora de la persecución del delito. Abdala insistió que hace 200 años las garantías constitucionales de los ciudadanos no estaban todavía completamente consolidadas, así como tampoco instalado el narcotráfico o las bocas de droga, entendiendo que en algún sentido fue una disposición garantista a los efectos de proteger los derechos de las personas, pero que hoy en esa perspectiva “resulta absolutamente innecesaria”.

No hay ningún estudio que avale la eficacia de la habilitación de los allanamientos nocturnos y desde la cartera, como han expresado, tampoco la aseguran, en ese contexto Abdala responde que los allanamientos como instrumento existe en el país han sido de “enorme utilidad” y una “necesidad imperiosa para perseguir el delito y el narcotráfico”. Quedando el camino de poder proceder en la dirección de habilitarlos en la noche. Cabe destacar que durante todo el periodo de la actual administración de gobierno esta práctica presentó un aumento sostenido, llegando a duplicarse respecto a la anterior administración.

Implementación

“La vigencia no implicará un uso sistemático de este instrumento” aclaró Abdala, expresando que está la garantía de la autorización judicial, que indica que los allanamientos nocturnos se aplicarán en aquellos casos donde las circunstancias indiquen que es necesario allanar en horas de la noche. Para obtener esa autorización tienen que haberse recabado los elementos y pruebas requeridas para que la policía sea capaz de convencer al fiscal y el fiscal al juez.

Destacó que actualmente los ingreso a la propiedad privada diurnos se habilitan de forma “indiscutida” y que se espera que para los allanamientos nocturnos sean “todavía un poco más celosos a la hora de habilitarlos”. En ese sentido transmitió la tranquilidad de que están dadas las garantías.

Consultados sobre las principales preocupaciones que surgen a raíz de la posible implementación de este factor, que son la violencia provocada e inseguridad hacia los efectivos policiales, Abdala expresó que no advierten desde el mando y el sistema político y tampoco desde los mandos policiales que existan riesgos mayores a los que el régimen actual acarrea.

Capacidades policiales

Abdala resaltó que durante esta administración se realizó un importante avance en cuanto al fortalecimiento de la Policía en lo que tiene que ver con su equipamiento y con la provisión de todos los elementos de trabajo. Asociada tanto a los uniformes, al armamento, protecciones, como también a la tecnología y móviles policiales, el Ministerio del Interior realizó en 2023 una inversión de 1500 millones de pesos uruguayos y para finalizar este año se proyecta una inversión de mil millones más.

“Hoy la Policía trabaja con más herramientas, instrumentos y mucho más arropada, en el sentido de contar con los elementos necesarios para poder combatir de mejor manera el delito”, expresó.

Hasta el momento desde la cartera no tienen prevista la necesidad de realizar capacitaciones especiales respecto a allanamientos nocturnos a los efectivos. Afirman que la fuerza efectiva (como se conoce a los funcionarios que están en el combate directo con los delitos) ya “tiene una gran formación” adquirida en la Escuela de Policía. Abdala destacó que a esa formación se le va sumando de forma permanente experiencia tras los distintos procesos policiales y capacitación gracias a proyectos en la propia dirección y de las instancias de capacitación que existen en el marco de la cooperación y el intercambio permanente con los demás países de la región y del mundo.

“La policía está debidamente capacitada para allanar en la noche y para muchas cosas más” concluyó sin descartar la posibilidad de establecer un protocolo específico en caso de ser necesario. El subsecretario informó que la actividad de la policía está pautada y protocolizada desde la Ley de Procedimiento Policial y en distintas circulares internas de la Dirección de la Policía Nacional que “están en permanente revisión y ajuste, porque el delito es dinámico y la respuesta de la estrategia policial implica la necesidad de ajustarse permanentemente”.

Sindicatos policiales piden garantías

Entre las voces que se han pronunciado los sindicatos policiales fueron parte de ellas pidiendo garantías en seguridad, equipamiento y respaldo legal. Hablamos al respecto con Abdala quien nos informó que han tenido intercambios con estos actores quienes mostraron tener una visión crítica pero que no transmitieron la intención de hacer campaña en contra. “Me parece muy legítimo el planteamiento en cuanto a que en la medida que esto prospere, como parecen indicarlo las encuestas, sea necesario tomar determinadas prevenciones o precauciones” expresó.

Según datos, recabados por la cartera, la Policía Nacional en sus diferentes estamentos están de acuerdo y apoyan la medida bajo la comprensión de que esta medida “en realidad no es el detrimento sino en beneficio de la policía a la hora de combatir la delincuencia”.

¿Qué sucedería en caso de que prosperará la reforma constitucional pero hubiera cambio de gobierno?

El subsecretario propone separar las dos decisiones explicando que el cambio constitucional se justifica por razones que están más allá de las posiciones coyunturales asociadas a la campaña electoral y de los propios partidos.

Ante las dudas de la sociedad manifestó que “son legítimas y el debate hasta necesario” pero celebró que en el sistema político “en algún momento todos estuvimos de acuerdo con dar este paso, incluso el Frente Amplio”. El subsecretario comentó que las opiniones que están recogiendo en el escenario político, parecen “bastante ambiguas» por parte de la coalición de izquierda, recordando que el candidato presidencial, Yamandú Orsi, expresó estar dispuesto a considerarlo y que el partido en algunos temas importantes del país, en esta campaña electoral, “no está dando señales claras”.

“Durante los gobiernos del Frente Amplio se planteó y hasta de una forma más audaz porque llegó a insinuarse la posibilidad de hacerlo por ley, cosa que finalmente no prosperó”, agregó.

Narcotráfico y demanda de consumo

En cuanto al narcotráfico, explicó que es un tema que preocupa, pero que “no lo vamos a superar ni en este país ni en el mundo, hasta tanto no resolvamos la punta de la demanda del consumo problemático de esta sociedad”.

Continuando en ese tema Abdala expresó que antes se pretendía combatir al gran distribuidor y no tanto a la boca o al micro tráfico bajo el entendimiento de que combatiendo el ingreso de la droga al país se iba a solucionar el problema “y no pasó ni lo uno, ni lo otro”. Por el contrario creció el microtráfico y el macrotráfico. Según, el subsecretario de la cartera actualmente se está trabajando en los dos planos, con el restablecimiento de las brigadas departamentales antidrogas, el trabajo de la policía en materia de allanamientos asociados al narcotráfico, formalizaciones y condenas de narcotraficantes y desarticulación de boca de pasta base.

Hoy el Ministerio y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas tiene identificadas las zonas y los grupos las bandas criminales y respondiendo a por qué no lo resuelven definitivamente al problema, Abdala informó que en este “negocio” la eliminación de un grupo implica la aparición de otro. Entonces, la estrategia es golpear a las bandas criminales y al mismo tiempo cercarlas en el circuito financiero, con la decomisación de bienes a aquellas personas que no pueden justificar su origen o titularidad.

Política criminal en el último quinquenio

Desde marzo del 2020 la administración viene desarrollando una política criminal que Abdala entiende es “el camino que el país debe transitar”. En ese sentido expresó que el respaldo está en los resultados y los datos llegando a la conclusión de que este “es el único camino posible” que en materia criminal se puede transitar. Los cambios introducidos en la Ley de Urgente Consideración destacó que fueron los que le dieron nuevas herramientas a la policía y respondieron a la necesidad de respaldar la acción policial en cuanto a “proteger a quienes nos cuidan la legítima defensa”.

Por otro lado celebró los cambios aplicados en cuanto al despliegue en el territorio y a la estrategia policial acompañados de la inversión antes mencionada. Que a su juicio ha conducido a un escenario “como el que tenemos hoy, en el cual los principales delitos vienen cediendo”. Con una caída que consideran marca tendencia tras ser un 30% en las rapiñas con relación al año 2019, de más de un 20% de los hurtos y más de un 50% de la vigilia.

Respecto a los altos niveles de homicidios Abdala cree que va más allá del propio Ministerio del Interior y de la propia respuesta policial y responde a un concepto de seguridad más amplio. “Los homicidios responden a realidades que hoy enfrentamos los uruguayos, vivimos en una sociedad que es cada vez más violenta. Hay más violencia en la sociedad y la hay en Uruguay como la hay en otras sociedades de la región, siendo una característica del tiempo que estamos viviendo”, lamentó.

En ese sentido aclaró que no es cierto que los homicidios respondan exclusivamente al ajuste de cuentas o a la lucha entre bandas, sino que una parte responde al aumento de la violencia doméstica, de la violencia de género y de los conflictos interpersonales que se dirimen por la fuerza.