Clavijo: “Cuando vos vas a buscar el sustento no podés perder la vida”
Los accidentes y las enfermedades vinculadas al trabajo tienen una dimensión que excede ampliamente la atención médica, los subsidios o las estadísticas oficiales. Un reciente estudio publicado en Revista OS estimó que su costo económico total en Uruguay podría ubicarse, en un escenario central, en aproximadamente USD 1.062 millones anuales, equivalente al 1,38% del Producto Interno Bruto (PIB). La investigación también advierte que la siniestralidad laboral, luego de haber descendido entre 2014 y 2019, volvió a crecer de forma sostenida desde 2021.
En 2024, el Banco de Seguros del Estado (BSE) registró 39.675 accidentes laborales amparados y 32 fallecimientos. El estudio señala, además, que el impacto real puede ser aún mayor, debido a las dificultades para medir los accidentes no cubiertos, el trabajo informal y las enfermedades profesionales.
A partir de esos datos, El Explorador consultó a Carlos Clavijo, director representante de las y los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), para conocer cómo se traducen estas cifras en la vida cotidiana de quienes trabajan, qué sucede con las personas que quedan con secuelas y cuáles son las principales brechas del sistema de protección social.
“El primer impacto social es justamente las familias y los trabajadores y trabajadoras que van a buscar el sustento económico en materia laboral y muchas veces terminan siniestrados con un accidente de trabajo o incluso la muerte”, afirmó Clavijo. “Cuando vos vas a buscar el sustento no podés perder la vida”.
Las cifras y la realidad detrás de cada accidente
El estudio utiliza una metodología que considera los costos para empleadores, trabajadores y la sociedad. Entre sus conclusiones, advierte que las prestaciones económicas son solo una parte del impacto de la siniestralidad. También existen pérdidas de ingresos, gastos de bolsillo en salud y consecuencias sobre el capital humano de los trabajadores y sus hogares.
Para Clavijo, allí aparece una de las principales distancias entre una estadística y la experiencia de quienes atraviesan un accidente o una enfermedad. “Muchas veces hay un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, no se hace cargo muchas veces el Banco de Seguro o se hace cargo parcialmente”, explicó.
En esas situaciones, el BPS puede intervenir a través de diferentes prestaciones vinculadas a la incapacidad. Sin embargo, el representante de los trabajadores sostiene que existen casos en los que una persona queda sin posibilidades reales de continuar trabajando y, al mismo tiempo, no logra acceder a una prestación definitiva.
El problema está relacionado, entre otros factores, con el baremo utilizado para medir el grado de discapacidad. Para acceder a una jubilación por incapacidad física, la persona debe alcanzar un 66% de baremo. “Muchas veces no llegamos a contemplar el baremo suficiente, que es un 66% de baremo para generar una prestación definitiva”, señaló.
La consecuencia puede ser compleja: “Ese trabajador o esa trabajadora tiene una incapacidad física, no puede ingresar al mercado laboral y tampoco nos protegemos en materia de seguridad social por parte del Banco de Previsión Social”.
El “hueco” entre la incapacidad y la protección
Uno de los planteos impulsados por la representación de los trabajadores en el reciente diálogo social es la flexibilización y “humanización” del sistema de baremos.
Clavijo explicó que existe una prestación para quienes, estando en actividad, tienen un grado de discapacidad superior al 50% pero inferior al 66%: el subsidio transitorio por incapacidad parcial. La prestación puede otorgarse por tres años, pero luego la persona debe volver a solicitar una jubilación por incapacidad física.
“Algunos llegan al porcentaje de baremo para poderse jubilar por incapacidad física definitivamente, y otros lamentablemente no llegan. Y este subsidio es por única vez y por tres años. Por lo tanto, también hay un hueco ahí”, sostuvo.
Ese vacío es uno de los aspectos que los trabajadores buscan modificar. En el marco del diálogo social, según explicó Clavijo, hubo acuerdos para mejorar el acceso a las prestaciones en materia de discapacidad y ampliar la mirada más allá de la ayuda económica.
“No sólo la prestación económica sino la inclusión, los cuidados”, señaló. “Es muy lindo tener prestaciones que me van a proteger en algún momento, pero si yo no accedo porque realmente no puedo trabajar, no tengo ningún ingreso y la Seguridad Social no me protege, estamos lejos de la protección que nosotros pretendemos”.
El planteo se conecta directamente con las conclusiones del estudio. La investigación estima que el costo económico de los accidentes y enfermedades laborales podría ubicarse en un rango de entre USD 551 millones y USD 1.820 millones anuales, dependiendo de los escenarios considerados. En el escenario central, el cálculo alcanza los USD 1.062 millones.
Detrás de esa diferencia metodológica existe también una realidad difícil de cuantificar: trabajadores que pierden ingresos, familias que asumen gastos adicionales y personas que quedan fuera del mercado laboral sin alcanzar, necesariamente, los requisitos para acceder a una prestación definitiva.
La informalidad y las zonas más vulnerables
El trabajo informal constituye otro de los desafíos para conocer la verdadera dimensión de la siniestralidad. El estudio incorpora esta problemática como una de las variables que pueden modificar significativamente las estimaciones, al considerar accidentes registrados y no amparados.
Clavijo sostuvo que “la informalidad crece en el Uruguay a consecuencia del desempleo y a consecuencia de las nuevas tecnologías y también de la precarización del empleo”.
El BPS cuenta con algunas prestaciones para personas que no realizaron aportes, como la pensión por invalidez. Sin embargo, también en esos casos se exige alcanzar determinados niveles de discapacidad. “La Seguridad Social igual tiene una ‘pata’ de proteger, aunque esté en el sistema informal”, explicó, aunque reconoció que “muchas de esas prestaciones todavía están lejos de una cobertura mucho más universal”.
El acceso a determinados beneficios, como ayudas especiales, órtesis o prótesis, también presenta diferencias según la situación laboral y el tipo de prestación. Para Clavijo, la discusión sobre el baremo atraviesa buena parte de esas dificultades. “En el Uruguay el baremo está muy alto como para poder acceder a un derecho”, afirmó.
Prevenir antes que reparar
La investigación plantea que mejorar la información disponible es fundamental para diseñar políticas públicas. También sostiene que una reducción del 10% de la accidentalidad podría generar ahorros de entre USD 55 millones y USD 182 millones anuales, según los distintos escenarios, lo que reforzaría la conveniencia económica de invertir en prevención.
Clavijo coincide en la importancia de prevenir, aunque introduce una diferencia sobre el enfoque. “No comparto que se mida nada más que por el gasto”, expresó. “Pero sí está bueno que se muestre que ese gasto, que a veces no se tiene en prevención, después lo termina pagando el Estado en la salud de esa gente y por lo tanto lo que hay que trabajar es la prevención”.
Desde la representación de los trabajadores, el planteo apunta a construir una cultura de cuidado que involucre a empresas, trabajadores y Estado. “No solo nos tienen que cuidar, sino también nosotros mismos cuidarnos”, señaló, al referirse a la utilización de equipos de protección y al cumplimiento de las normas de seguridad.
Sin embargo, remarcó que la principal responsabilidad también debe estar acompañada por controles. “Todos tenemos que cumplir la normativa, los trabajadores, pero las empresas también, para cuidar a los trabajadores, que lo más preciado de todo esto es la vida y la salud de la gente”.
En ese sentido, fue crítico con la capacidad inspectiva del Estado. “Hace falta también una inspección del trabajo fuerte”, afirmó. “Sin control no hay política que sea una realidad”.
El desgaste también enferma
La salud mental es otro de los temas que gana peso dentro de las realidades laborales y la prevención. Clavijo aseguró que las certificaciones vinculadas a problemas de salud mental, estrés y ansiedad han aumentado: “Las certificaciones en el Banco de Previsión Social han subido sustancialmente en los temas de salud mental, en los temas de estrés, en los temas de ansiedad”.
A su entender, la aceleración de los sistemas productivos y los cambios en la forma de trabajar forman parte de esa realidad. “Esto ha aumentado porque es una cuestión real, se hizo más visible y aparte se disparó después de la pandemia y esto hay que tratarlo”, sostuvo.
El movimiento sindical viene solicitando información por sectores de actividad para identificar la cantidad de certificaciones relacionadas con la salud mental y generar políticas específicas. Entre las propuestas mencionadas por Clavijo aparece también la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial: “Tiene que ver con la salud mental, la recreación, el descanso”.
La discusión también se vincula con el envejecimiento de la población y la permanencia en el mercado laboral. Para el representante de los trabajadores, prolongar la vida laboral en actividades de fuerte desgaste físico puede incrementar el riesgo de enfermedades, accidentes e incapacidades.
“Lo que queremos los trabajadores y las trabajadoras es que nos cuiden, que transitemos nuestra vida laboral de la mejor manera y terminar nuestra vida laboral de la mejor manera”, afirmó.
De la estimación a las políticas
El estudio publicado en Revista OS advierte que Uruguay necesita mejorar sus sistemas de información y avanzar en un registro más completo de los accidentes, los días de trabajo perdidos, las prestaciones otorgadas y las enfermedades profesionales. También plantea la necesidad de contar con información que permita conocer exposiciones laborales que hoy permanecen invisibles.
Para Clavijo, el desafío va más allá de las cifras y requiere traducir los diagnósticos en acciones. “La acción es fundamental porque estamos hablando de vidas de seres humanos”, concluyó.
