Aldo Lamorte: “Una ley no puede generar ciudadanos de primera y de segunda”

El gobierno de Giorgia Meloni emitió el 28 de marzo un decreto ley que restringe las condiciones de naturalización por derecho de sangre (iure sanguinis) para obtener la ciudadanía italiana. Esto implica que solo personas que tengan al menos un padre, madre, abuelo o abuela nacido en Italia y que nacieron y viven en el extranjero podrán optar por la ciudadanía italiana. El cambio en las reglas de juego afecta principalmente a descendientes en países de América Latina como el Uruguay, pero también Argentina, Brasil y Venezuela, que entre mediados del siglo XIX  y parte del siglo XX recibieron a miles de italianos. 

 Se estima que, fuera de Italia, Uruguay es el país con mayor porcentaje de italianos en proporción a su población. No obstante, alrededor del mundo hay unos 6 millones de italianos con la ciudadanía y se maneja que habría al menos unos 60 millones en condiciones de acceder a la misma. La reforma provocó el inmediato rechazo de cientos de miles de descendientes de italianos en el exterior -con o sin ciudadanía- en distintas partes del mundo. 

“Son medidas intempestivas, no se comprende la urgencia. Está planteado este decreto como un tema de seguridad nacional”, manifestó a El Explorador Aldo Lamorte, integrante del Consejo General de los Italianos en el Extranjero (CGIE). El espacio político que él integra, el Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior (MAIE), le envió una nota al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país europeo, Antonio Tajani, con una serie de observaciones que, esperan, sean atendidas.

La nota fue entregada el pasado viernes 2 de mayo en la sede de la embajada de Italia y, simultáneamente, en las embajadas respectivas de varios países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, entre otras, pero además en países del Caribe y Estados Unidos.

Lamorte, descendiente de italianos, aseguró que el decreto ley es “inconstitucional” en la medida que vulnera el principio de igualdad. “Una ley no puede cambiar los derechos o generar ciudadanos de primera y de segunda. Somos todos iguales frente a la ley”, afirmó. Agregó que, de todos modos, hay que esperar la votación en el Parlamento que se reúne durante este mes de mayo.  El decreto de Meloni debe ser ratificado por el Parlamento italiano en un plazo de 60 días. Pero además puede modificarlo o rechazarlo y, en caso de no ser ratificado, perderá validez. Lamorte mencionó además otro aspecto que tiene que ver con la  “retroactividad”. “No puede ser retroactivo, los que ya poseen la ciudadanía, ya la tienen. Y pueden transmitirla”, indicó.

En la nota, agregó, se pide que una reforma del instituto de la ciudadanía “tiene que ser hecha con equilibrio, tiene que haber consideraciones no solamente burocráticas, sino también sociales, políticas que no fueron tenidas en cuenta. Fue un grave error y una decisión simplemente unilateral del Ejecutivo”, agregó. 

A través de la carta, “pedimos que sea suspendido y revisado con urgencia, y que si hay que tratar algunos temas se traten por los mecanismos naturales parlamentarios y consultar a los institutos de representación de los italianos en el exterior”.

Se pide, además, que en la medida que el decreto no quede sin efecto, “se tome en consideración la retroactividad, el principio de  igualdad, el derecho de los italianos en el mundo a adquirir la ciudadanía y sobre todo poder transmitirla a las personas que ya tenemos la ciudadanía y que podemos acceder a ella”.

Lamorte agregó que el decreto “echa por tierra lo que había sido una política de Italia para conseguir la italianidad en el mundo de más de 200 años, en donde justamente se había sido proactivo en la medida de mantener por sangre la italianidad independientemente del lugar donde uno nazca”.

“Entonces eso cambia sustancialmente y queda reducido a  personas que tienen una o dos generaciones de italianos nacidos en Italia o hayan vivido 2 años ininterrumpidamente en Italia, lo que cambia totalmente el perfil de la italianidad por sangre”.

No obstante, aclaró que la medida “sí refuerza el hecho de que si hay un inmigrante en Italia, extranjero, que tiene un hijo, solo por el hecho de haber nacido en Italia ya le da la ciudadanía y queda restringido a eso, prácticamente a las personas que nacen en Italia”, reafirmó Lamorte. 

Consideró además que este decreto “había sido buscado ya desde hace tiempo; no es algo que sucede ahora por más que fue llamado de urgencia y grave, como que fuera una situación no esperada, cuando en realidad hay un trabajo de 200 años para llegar a esta realidad en la que hay 6 millones de italianos en el mundo con la ciudadanía y se considera el dato como una sorpresa y eso podría ser hasta peligroso, cosa que es inentendible”. 

En Italia, agregó, “seguimos trabajando a nivel del Senado con nuestro senador Borghese y después va a pasar a Diputados, donde también hemos presentado enmiendas y cambios al decreto para mejorar algunos aspectos de la ley vigente hasta ahora”.

La carta dirigida a Tajani

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación respecto al contenido de la reforma del instituto de la ciudadanía introducida por el decreto 36/25. Una revisión de la normativa es deseable, considerando los principios del concepto de ‘genuine link’ y la necesidad de fortalecer el vínculo efectivo entre el Estado y sus ciudadanos. Sin embargo, el decreto en cuestión avanza en una dirección diametralmente opuesta, presentando numerosos problemas que, de no ser corregidos, podrían causar un daño irreversible a los intereses de Italia a largo plazo”, se señala en la carta a la que tuvo acceso El Explorador firmada por el senador Ricardo Merlo (presidente del MAIE) y Mario Borghese (vicepresidente) y Aldo Lamorte (coordinador). 

En particular, el MAIE mostró su preocupación ante el “riesgo real de comprometer definitivamente la presencia de Italia en el mundo” a partir de las restricciones de la ciudadanía. “La introducción de restricciones al reconocimiento de la ciudadanía por descendencia -especialmente con la cuestionable fórmula ‘no han adquirido nunca la ciudadanía’- podría provocar la desaparición progresiva de las comunidades italianas en el extranjero”, apuntó el MAIE. Se trata de un “recurso fundamental para el país, promoviendo espontáneamente el ‘Made in Italy’, la cultura, el idioma y los valores italianos en el mundo”.

Si se elimina este “patrimonio humano y simbólico”, el espacio resaltó que se “debilitaría la capacidad de Italia para proyectarse globalmente, afectando las redes económicas, culturales y diplomáticas construidas a lo largo de más de un siglo de emigración italiana”.

Otro problema clave, según el MAIE, es la exigencia de haber nacido en Italia o haber residido al menos dos años en el país para acceder al reconocimiento de la ciudadanía. “Aunque estos criterios puedan parecer racionales, excluyen completamente la transmisión de la italianidad a las generaciones futuras nacidas en el extranjero y educadas en entornos italianos. En efecto, se restringe la ciudadanía a los hijos de italianos solo si han nacido o residido en el territorio, lo que anula la identidad italiana en el extranjero”, apuntó el espacio.

Esto significa que, en una o dos generaciones, “las familias italianas emigradas hace tiempo no podrán transmitir la ciudadanía a sus hijos o nietos, lo que llevaría a la desaparición de la ciudadanía italiana en el mundo”.

Otro elemento fundamental es abordar la cuestión de la “retroactividad del decreto, tanto desde un punto de vista legal como moral”. El MAIE consideró que es “inaceptable que una ley como esta, vigente desde el 27 de marzo de 2025, pueda negar retroactivamente derechos adquiridos o en proceso de reconocimiento”.

Y agregó: “Una persona nacida antes de esa fecha, que según el artículo 1 de la Ley 91/92 tenía derecho a la ciudadanía iure sanguinis (línea de sangre), no debería perder ese derecho por una norma posterior. Hacerlo sería una violación de uno de los principios fundamentales del sistema jurídico italiano”.

En la misma línea, se sostiene que “es preocupante la cuestión de la igualdad ante la ley”, ya que el decreto genera una “injusticia evidente entre dos ciudadanos italianos: uno que puede transmitir su ciudadanía hasta el 26 de marzo de 2025 y otro nacido después que ya no tiene ese derecho. Esta discriminación en el tratamiento legal es inconstitucional y podría ser objeto de numerosos recursos y litigios”.

Además, el decreto reglamentario genera una paradoja “jurídica y social inaceptable”. Esto se debe a que “existen ciudadanos italianos que hablan italiano, consumen productos italianos, participan activamente en la vida política votando e incluso siendo elegidos en parlamentos extranjeros, pero que no pueden transmitir su ciudadanía italiana a sus hijos”.

Esta situación demuestra que el decreto “no se ajusta al principio internacional del ‘genuine link’: no es el número de generaciones lo que determina la existencia de un vínculo auténtico con una nación, sino múltiples factores -lingüísticos, culturales, identitarios y políticos- que la medida no ha tomado en cuenta”.

En este contexto, el MAIE señaló que reformar el sistema de ciudadanía “es una responsabilidad seria y necesaria, pero debe hacerse con equilibrio y considerar aspectos políticos y no solo burocráticos”.

En efecto, debe ser el resultado de “elecciones conscientes por parte de los representantes democráticamente electos y no quedar exclusivamente en manos de la gestión administrativa, que muchas veces está desconectada de la realidad de las comunidades italianas en el mundo”.“El decreto 36/25, tal como está redactado, corre el riesgo de debilitar los lazos entre Italia y su diáspora, comprometer su influencia global y negar derechos fundamentales a ciudadanos que han construido su identidad en torno a la italianidad. Por ello, solicitamos que sea suspendido y revisado con urgencia, mediante un proceso de discusión amplio, democrático y participativo, en nombre del interés nacional y los principios constitucionales”, señala la carta.