El costo de la siniestralidad laboral: qué revelan las cifras y qué falta medir en Uruguay
¿Cuánto le cuesta a Uruguay la siniestralidad laboral? Esa es una de las preguntas que busca responder el estudio publicado en la segunda edición de la Revista OS, elaborada por el Observatorio del Sistema de Salud del Uruguay. A partir de la información disponible y de un modelo adaptado a la realidad nacional, la investigación estimó por primera vez un rango posible del impacto económico de los accidentes y enfermedades laborales: entre US$ 551 millones y US$ 1.820 millones anuales. En el escenario central, la cifra asciende a US$ 1.062 millones, equivalente al 1,38% del PIB.
La estimación incluye no solo prestaciones y costos directos, sino también pérdidas de productividad, ausentismo, rotación, ingresos que dejan de percibirse y otros efectos que alcanzan a trabajadores, familias, empresas y al Estado. Sin embargo, el propio estudio reconoce importantes limitaciones por la falta de información sobre accidentes no registrados, informalidad y enfermedades profesionales.
Para conocer el alcance de la investigación y profundizar en las principales conclusiones, El Explorador consultó al Observatorio del Sistema de Salud del Uruguay. En sus respuestas, el equipo advierte que la cifra no debe interpretarse únicamente como un costo económico, sino como una herramienta para dimensionar un problema que impacta directamente en la salud y las condiciones de vida de las personas y que todavía presenta importantes zonas de invisibilidad.
¿Qué significa para Uruguay que estos eventos puedan representar hasta US$ 1.820 millones anuales y qué dimensiones del problema quedan ocultas detrás de esa cifra?
El trabajo contenido en la edición de la Revista plantea la relevancia de la cuantificación de los costos económicos que, para trabajadores, empleadores y la sociedad generan los accidentes y enfermedades laborales. Esa cuantificación muchas veces queda oculta y difícil de cuantificar por diversos motivos: informalidad, falta de datos e información, costos indirectos, etc.
La significancia tiene que ver tanto con la necesidad que tiene nuestro país de seguir avanzando en el registro y la medición de los costos asociados a los accidentes y enfermedades laborales que representa un porcentaje importante del producto, incluso con supuestos conservadores si se mira la experiencia internacional. Este comentario siempre en el marco que el impacto principal se da en la salud y las condiciones de vida de las personas y que por lo tanto la evidencia y el análisis ayudan a la toma de decisiones, pero no es un fin en sí mismo.
El escenario central del estudio ubica el costo en aproximadamente US$1.062 millones, equivalente a cerca de 1,38% del PBI. ¿Cómo debería interpretarse esa cifra dentro de la economía uruguaya?
Una comparación puede ser la discusión pública sobre los montos incrementales de las asignaciones para primera infancia que se está dando en el marco de la Rendición de Cuentas, montos que alcanzan aproximadamente el 0.035 del PIB.
Por lo tanto, es una discusión relevante tanto en lo relativo a la calidad de vida de los trabajadores, como en los efectos sociales y económicos que los accidentes y enfermedades laborales genera.
En relación con las pérdidas de productividad, ausentismo, rotación, ingresos no compensados y otros costos que recaen directamente sobre los trabajadores, hogares y empresas, el modelo estima esos datos en base a la información disponible, bajo una serie de supuestos y de comparación con datos internacionales. No es un cálculo, es una primera aproximación que nos acerca a la magnitud de problema.
¿Cuáles son los costos que habitualmente permanecen invisibles?
Los costos indirectos —pérdida de productividad, rotación de personal, reducción de ingresos del hogar, jubilaciones anticipadas— permanecen mayormente invisibles para los sistemas de información económica convencionales.
Esta invisibilidad tiene consecuencias políticas directas. Como señalan estudiosos del tema a nivel internacional, la ausencia de estimaciones nacionales de costos contribuye a un “ciclo de negligencia”: la baja prioridad política genera escasez de datos, que a su vez impide dimensionar el problema, lo que refuerza la baja prioridad. Romper ese ciclo requiere, precisamente, construir evidencia económica robusta.
La investigación advierte, además, que las prestaciones económicas constituyen solamente una parte del costo económico total asociado a un accidente laboral.
¿De qué manera un accidente o una enfermedad laboral puede afectar los ingresos y el patrimonio de una familia más allá de la compensación que recibe el trabajador?
Los efectos de un accidente o enfermedad laboral se dan sobre las personas, las familias, las empresas y la sociedad en general.
Con relación a las familias los efectos van desde los visibles de corto plazo —pérdida de ingresos, costos de atención de salud, cuidados, etc.— hasta los de mediano y largo plazo: ingresos futuros que se dejan de percibir, afectación patrimonial, etc.
El estudio incorpora un ajuste para considerar la realidad del sector informal y diferencia entre accidentes amparados y no amparados. ¿Cuánto influyen la informalidad y el subregistro en la verdadera dimensión de la siniestralidad laboral?
La informalidad y el subregistro es un problema en todo el mundo para cuantificar estos modelos. El primer problema es la situación del trabajador que queda sin protección social ante un evento de este tipo, como la compensación de ingresos o la atención de salud.
Como efecto secundario, la informalidad reduce la disponibilidad de información y por lo tanto aumenta la incertidumbre en relación a los costos “reales”.
El estudio incorpora justamente esa dificultad como una de las variables que condicionan las estimaciones. El escenario más amplio considera la expansión del sector informal y la inclusión de enfermedades profesionales, mientras que los escenarios más conservadores se limitan a los accidentes registrados y a supuestos más restrictivos.
En el estudio se plantea que una reducción de 10% en los accidentes podría generar un ahorro de entre US$55 millones y US$182 millones anuales. ¿Qué demuestra este cálculo sobre la necesidad de invertir en prevención?
Como señala la literatura internacional, la sola existencia de una estimación nacional creíble tiene el poder de elevar la seguridad y salud en el trabajo a la agenda política donde le corresponde estar.
Además, desde el punto de vista de la cuantificación de los costos, es relevante seguir avanzando en la consolidación de datos e información. La propuesta del Observatorio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Uruguay del BSE parece una buena propuesta, porque permitiría desarrollar un modelo más preciso del costo para el país y posibilitaría adoptar políticas públicas costo efectivas y en base a evidencia.
Desde la perspectiva empresarial aparecen costos como la pérdida de producción, el ausentismo, el presentismo, la rotación y el reemplazo de trabajadores. ¿La prevención debería ser entendida también como una decisión económica para las empresas?
Es una discusión relevante tanto en lo relativo a la calidad de vida de los trabajadores, como en los efectos sociales y económicos que los accidentes y enfermedades laborales genera.
Sí es importante rescatar y emular procesos enfocados en la seguridad laboral que tienen éxito, como la política que lleva adelante UTE, el acuerdo entre el SUNCA y la Cámara de la Construcción con programas como el “Cuidate Mucho” o el foco que se está poniendo en estos temas en la industria frigorífica.
El estudio sostiene que una reducción del 10% en la accidentalidad podría generar un ahorro de entre US$ 55 millones y US$ 182 millones anuales, según el escenario considerado.
En el documento se advierte que la falta de estimaciones nacionales puede contribuir a un círculo en el que la falta de datos reduce la prioridad política y, a su vez, dificulta dimensionar el problema. ¿Qué información debería empezar a relevar y publicar Uruguay para diseñar mejores políticas de prevención?
En materia de datos, es prioritario que se publique anualmente los días perdidos por accidente desagregados por sector, sexo y gravedad, así como el monto total de prestaciones por categoría.
El relevamiento anual de la Oficina Nacional del Servicio Civil constituye un antecedente institucional concreto de que este tipo de publicación es factible; extender un esquema equivalente al conjunto del empleo formal permitiría cerrar la principal brecha de información identificada en este trabajo.
En materia de enfermedades profesionales, Uruguay debería avanzar en la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional que permita estimar fracciones atribuibles locales, en lugar de depender de las finlandesas y norteamericanas. El desarrollo de encuestas de condiciones de trabajo similares a las europeas proporcionaría información sobre exposiciones hoy invisibles.
En materia de política pública, las estimaciones de costo deben integrarse a los análisis costo-beneficio de las inversiones en prevención. Este tipo de argumento, que la Organización Internacional del Trabajo denomina “net cost analysis”, puede ser esencial para priorizar intervenciones.
Del cálculo a las decisiones
La estimación elaborada por el Observatorio del Sistema de Salud del Uruguay no pretende ofrecer una cifra definitiva sobre el costo de la siniestralidad laboral, sino aportar una primera aproximación a la magnitud de un problema que todavía presenta importantes vacíos de información.
El desafío, según surge del estudio, es transformar esa evidencia en mejores registros y en políticas de prevención que permitan reducir accidentes y enfermedades antes de que sus consecuencias recaigan sobre los trabajadores, sus familias, las empresas y el Estado.
