Valverde: “El modelo uruguayo de seguridad debe trascender gobiernos y partidos”

En una institución históricamente masculinizada como el Ministerio del Interior, por primera vez el Gobierno decidió designar a una mujer para su Subsecretaría. Se trata de Gabriela Valverde, contadora pública egresada de la Universidad de la República, con una extensa trayectoria en gestión pública.

Su carrera comenzó en 2002 en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde se desempeñó como consultora especialista en Gestión Pública y Presupuesto hasta 2009. Tras ganar un concurso de oposición y méritos en 2008, asumió la subgerencia del Área de Política Institucional y Planificación Estratégica (2009-2011), experiencia que la preparó para ocupar luego la gerencia del Área de Gestión y Seguimiento Presupuestal del Ministerio del Interior (2011-2020). Más adelante, entre 2020 y 2024, fue asesora en Presupuesto Nacional y Seguridad Pública de los senadores Enrique Rubio y Eduardo Brenta.

Hoy, orgullosa de su recorrido como funcionaria y como militante del Frente Amplio, Valverde enfrenta uno de los mayores retos de su carrera: la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

En un país marcado por la creciente preocupación ciudadana en torno a la seguridad, y en pleno proceso de elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública, recibió a El Explorador para repasar los desafíos de la gestión y detallar los fundamentos de un modelo que busca trascender gobiernos y partidos. Su tono es firme y convencido, pero también cercano y empático cuando se refiere a las familias de los policías heridos o a las adolescentes en riesgo de caer en redes de trata.

“No es fácil estar en un cargo de mando, no tanto por la Policía ni por mi equipo de gobierno, sino más por otros agentes que andan por allí. Para mí tener este cargo es un orgullo, y se lo voy a agradecer al presidente siempre”, asegura.

De la planificación al diseño de políticas de seguridad

Valverde recuerda con gratitud su aprendizaje en contacto directo con la Policía, mencionando que “muchos y muchas jerarcas policiales me enseñaron, compartieron su conocimiento, incluso en temas muy mínimos, que me ayudaron a entender cómo trabajan ellos, cuál es la lógica, cómo se mueven en el territorio, cómo se coordinan con otras instituciones”.

Explica que ese bagaje fue clave para aportar al nuevo Plan Nacional de Seguridad, diseñado junto al ministro Carlos Negro, el director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, Gustavo Leal, el criminólogo Emiliano Rojido y un gran equipo multidisciplinario. “La metodología, la dinámica, la conversamos en equipo. Se trata de buscar acuerdos y políticas de Estado que trasciendan nuestra gestión”, subraya.

Un plan que trascienda gobiernos

Uno de los mayores desafíos es asegurar que el plan no quede atrapado en un ciclo político de cinco años. “Cuando hablamos de políticas de Estado necesitamos el consenso de otros partidos políticos que puedan llegar a estar en el gobierno”, explica Valverde.

Por eso, el Ministerio convocó a todos los partidos con representación parlamentaria a los encuentros de seguridad. También a cámaras empresariales, organizaciones sociales e instituciones académicas. “Si con ellos no construimos, queda como política de gobierno. Y lo que buscamos es que sea una política de Estado, sostenible desde todo punto de vista”, insiste.

El concepto de modelo uruguayo de seguridad se basa en esa construcción plural y en la adaptación de buenas prácticas internacionales a la realidad local. “Importar una experiencia del exterior sin adaptación puede ser contraproducente y generar un gasto de recursos que después no es eficiente. Es generar nuestras propias políticas de seguridad, basadas en evidencia, interinstitucionales y multiagenciales”.

Al consultar sobre qué modelos extranjeros pueden servir de referencia, Valverde reconoce experiencias valiosas en Brasil, en la gestión del sistema carcelario; o en Chile, con el policiamiento comunitario. También destaca la herencia del modelo británico de policía orientada a problemas, adaptado en Uruguay durante los gobiernos anteriores.

En cambio, se distancia del modelo Nayib Bukele en El Salvador: “Ni criticamos ni estamos mirando ese modelo. Lo que sí entendemos es que el modelo que se implementó no funcionaría en Uruguay”.

Entre los modelos implementados en la administración anterior se encuentran los denominados interruptores de violencia, que continúan siendo objeto de evaluaciones. Se prevé que al finalizar el año 2025 se llevará a cabo una evaluación para generar un diagnóstico sobre su desempeño.

Fortaleza uruguaya

Valverde asegura que la fortaleza uruguaya radica en su institucionalidad con una sola Policía Nacional, robustos sistemas de información y una separación de poderes que organismos internacionales reconocen como sólida.

Por otro lado, considera que, dentro de la segunda fase de construcción del Plan Nacional de Seguridad, los diálogos con la sociedad civil y el sector privado dejaron aportes sumamente significativos, poniendo como ejemplo la participación de las cámaras empresariales. “Lo más disruptivo fue la reunión con las cámaras empresariales. Participaron todos los invitados, hicieron planteos de recibo, con una madurez y una solidez importantes”, señala.

También valora el rol de las organizaciones sociales, las cuales “sienten que es la primera vez que son integradas para participar en estos temas que les duelen tanto. A ellas les duelen en  la piel los problemas de seguridad en el territorio”.

Crimen organizado, narcotráfico, armas y violencia: una realidad en nuestro país

Uruguay, admite Valverde, ya no es solo un país de tránsito, sino también de acopio de drogas. La reciente incautación de dos toneladas de cocaína enterradas fue una señal de alerta. “Eso no se completa en un solo día, lleva meses de acopio, con personas encargadas de custodiar la sustancia y jóvenes que son captados por estas bandas”, explica.

Frente a esta amenaza, la estrategia combina represión con inteligencia, investigación criminal y coordinación interinstitucional. “Necesitamos al Ministerio de Defensa en las fronteras, a Aduanas, al Poder Judicial y a Fiscalía. Lo fundamental es el intercambio de información entre países y el fortalecimiento de la capacitación policial”, sostiene.

El control de armas es otra de las prioridades para el ministerio. Con un parque estimado de entre 600.000 y un millón de armas en circulación, la subsecretaria plantea que “es un margen muy grande y debemos abordarlo con seriedad y rigurosidad, porque sabemos que la población civil está armada”. El trabajo conjunto con Defensa, Aduanas y Parlamento apunta a una normativa más estricta, sin dejar de respetar a cazadores y coleccionistas.

Sobre violencia de género, Valverde lo toma como una prioridad y afirma que “ha crecido el número de denuncias, no solo porque quizás la violencia creció, sino porque ahora se contempla y se visibiliza”. El plan incluye nuevos dispositivos electrónicos de protección para víctimas y proyectos educativos en centros de secundaria para prevenir conductas violentas en relaciones adolescentes.

En los departamentos limítrofes con Brasil, la estrategia aborda no solo narcotráfico, sino también trata, explotación y contrabando. “Estamos trabajando con el INAU, con Inisa y con organizaciones de mujeres para proteger a adolescentes que puedan ser captadas por estas redes”.

Tecnología dentro del Ministerio

En el mes de junio, se dieron a conocer las prioridades en equipamiento tecnológico para el Ministerio del Interior, el cual proyecta una fuerte inversión con tótems de emergencia, centro de trámites y denuncias, unidad móvil de seguridad, cámaras y lectores-peajes, anillo digital, drones automatizados y por último un centro de comando virtual. Valverde aseguró que algunas de estas tecnologías están en construcción y otras que aún se debe definir cuándo se van a adquirir.

Pone como ejemplo la adquisición de tótems, los cuales se están construyendo, y una vez arribada al país la tecnología, se realizará un piloto para conocer su funcionamiento y rendimiento. Existen otros casos en los que las tecnologías ya fueron utilizadas y diagnosticadas de manera positiva, las cuales no requieren de pruebas, por lo que pasan a compras directas. 

Valverde defiende la continuidad de políticas previas, resaltando que “la acumulación de tecnología que a lo largo de los últimos 20 años ha tenido el Ministerio es una acumulación positiva; lo que no se estaba usando por diversos motivos, ahora se está usando”.

Salud física y mental

Por otro lado, otro de los ejes centrales dentro de las bases pragmáticas presentadas por el Frente Amplio durante la campaña electoral se refiere a la salud física y mental de los funcionarios policiales. “Muchas veces no atendemos esas circunstancias y terminan en un suicidio o un intento de autoeliminación. El alcohol está muy presente en el personal policial, y es algo que debemos atender”, reconoce. Para ello se creó una comisión con participación de sindicatos y se trabaja con el Hospital Policial, el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina.

Para el ministerio, trabajar en mejores condiciones laborales es esencial para colaborar en la mejora de la salud física y mental de los funcionarios, ya que “muchas veces parte de las presiones se dan en el entorno laboral, más allá de lo familiar. Eso está en nuestras manos”. 

La mujer en el Ministerio

Gabriela Valverde asume con naturalidad los desafíos de ser mujer en un cargo de alta responsabilidad. “No ha sido fácil ni por el rol de mujer ni por ser contadora pública. Tengo que explicar mucho por qué estoy acá, cuando no se conoce que vengo de la institución y que he trabajado con la Policía. Pero yo creo que la mirada de la mujer complementa, es diferente y necesaria”.

A lo largo de la entrevista, insiste en un concepto que atraviesa todas las áreas, acerca de que la seguridad no puede reducirse al accionar policial. “Si en los territorios no hay propuestas desde vivienda, obras públicas, educación y gobiernos locales, solo con la Policía se produce una irrupción puntual. Se pacifica en un momento, pero sin otros organismos del Estado no se construye convivencia”.

Ese enfoque interinstitucional e interpartidario, que busca sumar desde las cámaras empresariales hasta los organismos internacionales, es la base de lo que ella y su equipo llaman “el modelo uruguayo de seguridad”. Un modelo que, en palabras de Valverde, “tiene que ser flexible, basado en evidencia y lo suficientemente fuerte para trascender gobiernos”.