Uruguay más seguro: Gobierno presentó el PNSP con más de 130 medidas
El gobierno presentó oficialmente este jueves el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, una estrategia de largo plazo que establece 79 acciones y más de 130 medidas orientadas a enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad en el país.
La iniciativa, liderada por el Ministerio del Interior, busca consolidar una política sostenida en el tiempo que combine prevención, investigación criminal, coordinación institucional y fortalecimiento de la Policía Nacional.
Continuar la línea de trabajo
Durante la presentación, el presidente Yamandú Orsi definió la iniciativa como una política de Estado construida a partir de la experiencia acumulada por las instituciones de seguridad. El mandatario señaló que el plan recoge aprendizajes de años de trabajo policial y permite identificar qué acciones han resultado efectivas.
En ese sentido, explicó que una muestra de continuidad es haber mantenido al frente de la Policía Nacional a José Azambuya. Según Orsi, esto permite “seguir una línea de trabajo que viene de lejos”.
A su vez, destacó el carácter institucional de la estrategia, que involucra a distintos organismos del Estado y del sector privado. “Cuando hablamos de tecnología, de cámaras, de identificación facial, es un trabajo que interactúa fuertemente con otros ministerios, como por ejemplo: el Ministerio de Transporte”, señaló.
Agregó que la política de seguridad requiere coordinación con áreas sociales: “Por supuesto que un plan de seguridad de este tipo, cuando trabajamos con gente que tiene problemas de adicción, que está en situación de calle, articula con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud Pública”.
Siete ejes para abordar la seguridad
El plan se estructura en siete ejes estratégicos que abarcan desde la prevención del delito hasta el fortalecimiento del sistema de justicia. Entre sus prioridades se encuentran reducir los homicidios, combatir el narcotráfico y las economías criminales, controlar la circulación de armas, enfrentar los delitos digitales y mejorar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Uno de los objetivos centrales es proteger la vida como valor principal, mediante intervenciones focalizadas en territorios con mayores niveles de violencia y el fortalecimiento de la investigación criminal para aumentar el esclarecimiento de homicidios y reducir la impunidad.
El plan también incluye acciones para disminuir la violencia basada en género y mejorar la respuesta institucional ante estos casos, así como medidas para controlar la circulación de armas de fuego y reforzar los controles en fronteras y rutas.
Otro de los ejes apunta a enfrentar el narcotráfico y las economías criminales mediante inteligencia policial, cooperación internacional y el seguimiento del dinero ilícito para desarticular redes financieras del crimen organizado.
Tecnología y presencia policial
Entre las herramientas previstas se destaca la incorporación de tecnología para el monitoreo y la investigación del delito, como sistema de análisis de datos, videovigilancia ampliada y dispositivos de control territorial.
Se informó que también se implementaran anillos inteligentes de vigilancia en áreas metropolitanas y fronteras, junto con nuevas capacidades de inteligencia para detectar patrones delictivos y anticipar acciones criminales.
El fortalecimiento de la Policía Nacional es otro de los pilares. El gobierno prevé el ingreso de más de 2.000 nuevos policías, la ampliación de la formación profesional y la creación de un Instituto Universitario Policial.
Además, se incorporarán comisarías móviles y unidades especializadas para tareas específicas, entre ellas una fuerza destinada a la seguridad en espectáculos deportivos.
Elaboración participativa y resultados iniciales
El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que al inicio de la administración fue necesario actuar con rapidez frente a la situación de seguridad y, al mismo tiempo, diseñar una estrategia de mediano y largo plazo.
Según detalló, el plan fue elaborado en tres etapas: diagnóstico, diálogo social y sistematización de propuestas. En el proceso participaron casi 80 instituciones, entre sindicatos, empresarios, académicos y partidos políticos.
Prevención y reinserción social
El plan incorpora también una dimensión preventiva basada en políticas sociales orientadas a intervenir en territorios de mayor riesgo. Las mismas, buscan promover la inserción educativa y laboral, reducir la violencia comunitaria y fortalecer la convivencia.
En paralelo, la estrategia contempla reformas en el sistema penitenciario, con la construcción de nuevas cárceles para personas de alto riesgo, la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación y programas de reinserción laboral para personas privadas de libertad.
Fotos: Presidencia de la República
