Orsi: “El contrato está vigente, buscaremos la mejor salida”

El presidente Yamandú Orsi se refirió este lunes en rueda de prensa a diversos temas tratados en el Consejo de Ministros y fue consultado sobre la situación del contrato con el astillero español Cardama.

“Hay una denuncia en la Justicia. Ahora mucha tranquilidad, paciencia y prudencia. El contrato está vigente. Una cosa es el contrato y otra lo que nosotros queremos. Nosotros precisamos defender nuestra soberanía también en el mar y eso no tiene dos lecturas, por suerte tanto a nivel de gobierno como de oposición”, señaló el mandatario al finalizar el Consejo de Ministros donde el caso del astillero español fue uno de los temas analizados.

A su vez, Orsi agregó que el objetivo del gobierno es “buscar la mejor fórmula, la mejor salida”, recordando que se trata de obras complejas y de alto costo, pero necesarias para el país. Consultado sobre la posibilidad de continuar con Cardama bajo las condiciones actuales, respondió: “Así como está, no”.

Al ser preguntado si la presentación de una nueva garantía podría destrabar la situación, expresó que se trata de “una parte de una historia bastante más larga, profunda y con más componentes”.

Posición del Ejecutivo

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, ratificó la decisión del gobierno de iniciar el proceso para rescindir el contrato con Cardama y, en paralelo, presentar una denuncia penal “por presunta estafa o engaños al Estado uruguayo”.

En conferencia de prensa, Sánchez explicó que el Ejecutivo mantiene el objetivo de contar con las patrullas oceánicas previstas en el contrato original, aunque aclaró que “será con este astillero, con otro o con un consorcio”.

Indicó además que el proceso de rescisión podría derivar en una mediación con la empresa. Señaló que Cardama intentó comunicarse con el gobierno, pero se le informó oficialmente la decisión de rescindir el contrato vigente para la construcción de dos patrullas oceánicas por 90 millones de dólares.

Rescisión del contrato

El pasado 22 de octubre, el presidente Orsi anunció el inicio de acciones administrativas, civiles y penales para rescindir el contrato de compra de las dos patrullas oceánicas, al constatarse “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”.

Acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, el mandatario realizó una conferencia de prensa junto a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

Orsi explicó que el 20 de octubre instruyó al embajador uruguayo en el Reino Unido para que verificara la existencia de la empresa Eurocommerce, que había emitido la garantía de fiel cumplimiento del contrato. El diplomático constató que en la dirección declarada no funcionaba dicha empresa, sino una inmobiliaria propiedad de un ciudadano ruso residente en su país.

Ante esa situación, el presidente resolvió rescindir el contrato para la compra de las dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) firmadas durante la administración anterior, y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento rubricada por Cardama.

“Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas”, afirmó Orsi, quien agregó que también se decidió efectuar una denuncia penal “debido a los fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo”.

“Empresa de papel”

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto total del contrato, lo que no se concretó en tiempo y forma.

“El plazo original de 45 días se transformó en 11 meses, y el primer barco debía estar construido en 18”, indicó. Recordó que el Ministerio de Defensa de la época consultó al Banco Central, que desaconsejó aceptar las garantías ofrecidas y sugirió contratar un corredor de seguros, lo cual no se cumplió.

Díaz señaló que la empresa presentó una garantía emitida por Eurocommerce, redactada en inglés, sin apostilla ni acreditación válida. Según el análisis de cuentas, Cardama mantuvo entre 2022 y 2024 solo un empleado y mínima actividad comercial.

“Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo. Esta garantía no existiría”, afirmó el jerarca, quien anunció que se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales.

“Hechos muy graves”

Sánchez añadió que el astillero seleccionado por la anterior administración demoró 11 meses en constituir las garantías exigidas. “La administración anterior no tomó los recaudos necesarios para asegurar que esa empresa pudiera cumplir con el contrato”, sostuvo.

Indicó que en tres días el gobierno logró reunir información que evidencia “una situación muy grave” que requerirá investigación profunda, incluso para determinar si existió complicidad de funcionarios públicos.

Sánchez precisó que el Estado uruguayo ya transfirió al astillero unos 30 millones de dólares en cumplimiento del contrato. “Estos hechos son muy graves y se tienen que esclarecer. Estamos muy preocupados”, expresó.

El secretario añadió que el presidente Orsi instruyó resguardar los recursos del Estado y evaluar los mecanismos administrativos y judiciales necesarios para determinar responsabilidades.

Plan B 

El funcionario detalló que en caso de que el contrato con Cardama se rescinda, “habrá que buscar otras alternativas, que hoy el Ejecutivo está valorando” y enfatizó que “Uruguay necesita las OPV y si las negociaciones con el contratista no prosperan, habrá que buscar un plan B para que haya otra construcción en otro astillero”. Sánchez dijo que desde el Poder Ejecutivo esperan “que la Fiscalía comience a trabajar sobre este tema”. El jerarca señaló la necesidad de que la Armada cuente con los buques patrulleros, y afirmó que los mismos se conseguirán “con el mismo astillero o con otro, en conjunto o en un consorcio”.

Interpelación 

Por otra parte, la oposición acordó que el senador blanco y exministro de Defensa, Javier García, será el encargado de interpelar a la titular de esa cartera, Sandra Lazo, debido al anuncio del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama. 

García calificó la decisión del gobierno como “una enorme irresponsabilidad”. “No saben a dónde van y han decidido destruir. Por eso yo he pedido personalmente llevar adelante la interpelación en el Senado”, afirmó en una rueda de prensa.

“El gobierno no tiene agenda positiva. Van ocho meses y el gobierno no tiene rumbo, entonces han decidido que su rumbo es destruir lo del gobierno anterior; dejar sin efecto Arazatí y el proyecto Neptuno, dejar sin efecto el plan de saneamiento en 61 localidades del interior; dejarnos sin patrullaje oceánico”, agregó.

Fraude y resolución del contrato 

Si se comprueba que existió fraude en el contrato accesorio de garantía, la validez del contrato principal -el de arrendamiento de obra para construir las dos OPV- no se ve directamente afectada. Sin embargo, el incumplimiento de la garantía constituye una violación contractual que habilita la resolución del contrato principal debido a esa infracción.

Esta garantía es esencial, ya que asegura que el Estado uruguayo recibirá las patrullas oceánicas conforme a lo pactado y actúa como respaldo económico para indemnizar al Estado en caso de incumplimiento. En el contrato con Cardama, representaba el 5% del total (unos 4 millones de euros).

El gobierno uruguayo fundamentó la rescisión del contrato en las irregularidades detectadas en esa garantía, lo que subraya su papel central como instrumento de seguridad jurídica y financiera para la ejecución del acuerdo.

Foto: Presidencia