Madres y Familiares cuestiona la reunión entre Yamandú Orsi y la Suprema Corte

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos difundió en la jornada de hoy un comunicado en el que expresa una profunda preocupación por la reunión reservada realizada a mitad de año entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez. El encuentro, que se mantuvo en reserva, fue revelado por Búsqueda y tuvo como eje la situación de salud de militares de edad avanzada presos en el establecimiento Domingo Arena.

Según informó el semanario, Orsi mostró a Pérez “informes médicos sobre la situación de salud comprometida de más de una decena de presos de edad avanzada” y expresó inquietud porque alguno pudiera morir en la cárcel. También preguntó al presidente de la Corte “cómo debía proceder” para que esa información fuera considerada por los jueces. Pérez le respondió que el asunto era “resorte de los jueces y no de la Corte”, y que los documentos debían enviarse directamente a los juzgados competentes.

Preocupación por señales políticas hacia el Poder Judicial

Tras conocerse la información, Madres y Familiares reaccionó con un comunicado en el que afirma que “resulta llamativa e improcedente toda “consulta” o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como sugerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado. La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”.

La organización remarca que la sola realización de una reunión de este tipo transmite un mensaje problemático hacia la sociedad. “La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”, señalaron.

En Domingo Arena cumplen pena una treintena de militares, policías y civiles condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1985. Para Madres y Familiares, es esencial subrayar que “las personas recluidas en Domingo Arena no están privadas de libertad por delitos comunes”, sino por secuestros, desapariciones forzadas, torturas y homicidios, delitos que califican como “crímenes inamnistiables”.

Debido proceso y verdad pendiente

El comunicado insiste en recordar que los condenados accedieron a todas las instancias del sistema judicial. “Todos los procesados y condenados han gozado de todas las garantías del debido proceso: instancias de apelación, recursos de inconstitucionalidad, pedidos de prescripción, recursos de casación y múltiples mecanismos de defensa.” En contraste, recuerdan que “garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares ni los presos y presas políticas de la dictadura”.

La organización también retoma un reclamo histórico: la negativa sistemática de los represores a aportar información sobre el destino de los desaparecidos. “Cada día sin información es una reiteración del crimen”, afirman.

Rechazo al “trato excepcional”

Por otro lado, Madres y Familiares señala que “no corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil”, ya que se encuentran en un establecimiento “con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión”.

Por eso consideran “aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional”.

El mensaje concluye: “La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en este camino es inaceptable.” Y remata: “Ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia. Nunca más Terrorismo de Estado”.

La versión de Orsi: “solo una consulta”

Consultado por Búsqueda, Orsi negó cualquier intento de intromisión. Aseguró que se trató de “solo una consulta”, y que acudió a la reunión porque la ministra de Defensa, Sandra Lazo, hizo llegar a Presidencia “14 informes del Hospital Militar sobre prisioneros de Domingo Arena en los que ellos alegan problemas de salud importantes”. Dijo además que no sabe si finalmente Defensa remitió los documentos a los juzgados.

Pérez, por su parte, describió el encuentro como uno de “cortesía”, y reiteró que el tratamiento de estos casos corresponde exclusivamente a los jueces.