Junta Nacional de Drogas replica al GACH como modelo en su Estrategia Nacional

La Junta Nacional de Drogas puso en marcha su Estrategia Nacional 2026-2030. Con siete lineamientos y más de cien medidas se propone responder a desafíos en el tema ante el escenario actual. Gariel Rossi, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, informó a El Explorador que el objetivo es “lograr un sistema nacional integrado en el área de tratamiento” y poder avanzar construyendo colectivamente, porque entienden que “los usos de drogas no pueden comprenderse exclusivamente como un fenómeno sanitario”.

Pese a que “no nos damos cuenta”, Uruguay es “referencia en la región”. No solo por nuestra regulación de la marihuana, que podría “ser una especie de bandera en relación al exterior”, sino por otros elementos. Sin embargo, aunque recuerda que no se inicia de cero en esta política, no pasa por alto que hay desafíos que enfrentar como la salud mental, desigualdad territorial, uso de psicofármacos de uso no prescrito, nuevas drogas, entre otros. 

Estrategia Nacional

En este contexto, se presentó la Estrategia Nacional 2026-2030, que se conforma en base a dos particularidades: la primera, que en su construcción y presentación participaron todos los viceministros de todas las carteras que integran la junta, “una señal política muy importante del gobierno”, y en segundo lugar, la integración de la consulta ciudadana, abierta hasta el 31 de agosto, en la que todas las personas interesadas, personas usuarias de los servicios, personal técnico, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y sector público pueden participan en la implementación de la política.

Se estructura en torno a siete ejes estratégicos: Rectoría y Gobernanza, Sistema Integral de Prevención y Promoción de Salud, Sistema Integral de Atención y Acompañamiento de Trayectorias, Regulación de Mercados para la Protección de la Salud Pública, Relaciones Internacionales y Cooperación, Control de Mercados Ilícitos e Innovación e Investigación; una de las palabras clave que más se repite en el documento es la palabra “calidad”. Cada lineamiento y estrategia estará regido por estándares nacionales de calidad, que se definirán y consolidarán, en prevención, tratamiento y otras formas de atención de los usos problemáticos de drogas. “Los estándares se establecerán sobre la base de la mejor evidencia científica disponible para que garanticen calidad, equidad y coherencia”, informan.

En ese sentido, Rossi informó que una de las principales metas es “lograr un sistema nacional integrado en el tema de tratamiento. O sea, apuntamos a tener instituciones públicas y privadas avaladas desde el punto de vista de la calidad, de que hace lo que dice que hace”. A su vez, entre los componentes clave, se encuentra la consolidación de un sistema nacional de prevención. “La prevención en este país muchas veces se limita a una charla y eso no cambia mentalidades”. Entonces, “apuntamos a instrumentos que generen cambios y bajo evidencia, asegurando así la calidad”.

Por otra parte habló de la formación: “Pensamos que hay muchas ofertas, tanto en prevención como en tratamiento, de gente muy bien intencionada, pero con muy poca capacitación al respecto. Entonces, estamos haciendo muchas formaciones al respecto, que empezó con la formación del personal del Instituto Nacional de Rehabilitación”, destacó. En ese sentido, anunció que trabajan, a pedido del presidente de la República, Yamandú Orsi, en la elaboración de un sistema de intervención en drogas en privación de libertad y alternativas al encarcelamiento.

“Queremos crear replicadores, formamos una tanda y ellos transmiten la información, creando así una pata unificada en la gente que trabaja en este tema, porque hay una variabilidad muy grande en la formación y queremos tener conceptos unificados”, explicó.

Respecto a la situación carcelaria, entiende que “lo que hay no es suficiente”, e informó que se trabaja en ciertos aspectos como la reincidencia y en un plan que viene del gobierno anterior, específicamente en el tema de salud mental y drogas.

Evidencia, aporte académico y regulaciones

“El tránsito del GACH  (Grupo Asesor Científico Honorario) es totalmente coincidente con lo que estamos pensando. El lugar de la evidencia científica y su aporte en la pandemia fue fundamental. Nosotros venimos haciendo lo mismo, juntar grupos de profesionales para que trabajen específicamente cada sustancia”, destacó.

Recientemente, la Secretaría Nacional de Drogas organizó una jornada académica respecto a las “mal llamadas” bebidas energizantes. En esta oportunidad, se presentaron datos y conclusiones respecto a este elemento. “La idea es ir armando estos grupos de especialistas y vamos a trabajar en conjunto”, informó. En ese sentido aclaró que “Uruguay tiene distintos mercados regulados. Algunos muy bien, como el tabaco y la marihuana, otros no tanto y otros mal como el alcohol, que más allá de estar mal regulado, tampoco se cumple”. En cuanto al mercado de bebidas energizantes “no está regulado y queremos empezar a hacerlo”, informó, pero analiza que “hay que salir de la idea de que para todas las sustancias tenemos que regular de la misma manera. La regulación del cannabis no tiene nada que ver con la regulación del tabaco”.

Actualmente el paso que dan es entender que “se puede regular también sugiriendo situaciones que nos preocupan desde el punto de vista de la salud e ir interviniendo desde otros lugares”, y sobre todo en el porcentaje de personas que no tienen graves problemas pero consumen. Por ejemplo, entrevistando a las personas en los centros de salud, para obtener un “screening rápido” y “sugerirle que consuma menos, en base a los datos e información que respalden ese consejo”.

Cannabis

Este año la Junta discutió la presentación de la segunda evaluación de la implementación y resultados de la Ley 19.172 de Regulación del mercado de cannabis. A 11 años de su promulgación en diciembre de 2013, el mercado regulado alcanzó en 2024 al 40% de los usuarios de cannabis, se cuenta con 42 farmacias habilitadas para la venta de cannabis, 77.531 adquirentes, 481 clubes cannábicos con casi 17.000 miembros, y 11.240 cultivadores domésticos.

“Hoy no llegamos a abarcar toda la demanda y ese es nuestro norte en esta línea”, expresó Rossi. Sin embargo, destacó que en la anterior administración se aprobó la habilitación a cuatro empresas para que cultiven en el predio del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). “Esto tiende a una situación en la cual la producción, que actualmente produce seis toneladas, en aproximadamente 18 meses, va a ser mayor y, por ende, se colme el mercado y se continúe quitando este elemento al narcotráfico”, destacó. A su vez, aclaró que la principal característica que permite competir con el mercado ilegal es la calidad.

Por otra parte, informó que se encuentra en discusión su acceso a los turistas y la existencia del registro o no, así como también apuntan a que cada vez sean más las farmacias habilitadas a su venta, sobre todo en el interior del país.

De acuerdo con la información relevada, los principales indicadores de consumo se mantienen estables desde 2018 para la población general y, en población adolescente, desde 2016. “En su momento se planteó que regularizar el cannabis iba a disparar su consumo y eso no pasó”, expresó. En ese contexto, admitió que este comportamiento del mercado sucede “aun sin hacer un plan de prevención, que es a lo que apuntamos incorporar ahora”.

Construcción colectiva

“Este país tiene una particularidad histórica por la cual las instituciones terminan siendo instituciones totalitarias”, analizó. Ante esto, recordó que durante su pasaje por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la institución contaba con todos los servicios. Entonces “nunca salís de su circuito”, algo que Rossi considera “un desgaste para el Estado”. En conclusión, estudia que “tenemos que ser más inteligentes en la utilización de los recursos del Estado y que esto tenga que ver con lo territorial y no con la institución en sí. En el territorio tenemos recursos de la Intendencia, recursos de ASSE, del Mides y de la Secretaría Nacional de Drogas. Es un gastadero de recursos y de visiones enorme”, informó.

Ante esto, analiza que “hay que salir de la lógica de que todo lo solucionamos en nuestra institución. Creo que hay muchas cosas que se tienen que solucionar desde el territorio. Entonces, tenemos que regionalizar y ser más prácticos”, porque “no nos ha beneficiado como país”. Rossi considera que, tal vez, al final “el tema no es tanto de plata, sino de organización”.

Vaporizadores

El Ministerio de Salud Pública anunció, en el mes de junio, la derogación de los decretos 87/021 y 282/022, que flexibilizaban la normativa de control de tabaco. La derogación del decreto 87/021 implica que “ninguna empresa podrá importar, solicitar  registro, ni vender productos electrónicos de tabaco calentado”, así como se abarque a “todos los dispositivos electrónicos por igual en Uruguay”, y que “no se hacen distinciones en la normativa de los vapeos de tabaco calentado respecto a los de vapeo de líquidos”.

Consultado al respecto, Rossi expresó que “hay un lobby muy importante de los fabricantes. Los vuelven muy atractivos y desde allí se genera una presión clara en relación a que se legalicen. Se plantea que hay reducción de daños con el uso de los vaporizadores, pero no hay mucha evidencia de que sean menos nocivos. No es igual, pero genera otros riesgos y genera problemas del punto de vista pulmonar. O sea, lo mejor para el pulmón es respirar aire”, analizó.