Entre la urgencia y la esperanza: los cuatro ejes que guiarán la gestión del INAU

El 29 de abril se llevó a cabo la asunción del nuevo directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La Dra. Claudia Romero y el Lic. Mauricio Fuentes son los responsables de esta nueva etapa en uno de los organismos del Estado que mayor atención requiere por la importancia que tiene: el futuro de aquellos niños, niñas y adolescentes que no cuentan con un núcleo familiar propicio para su buen desarrollo en la sociedad. Son más de 106.000 niños, niñas y adolescentes y 52.000 familias en todo el territorio nacional los que son atendidos por la institución.

Al momento de asumir, la presidenta y el vicepresidente llamaron a trabajar “por, para y junto a niñas, niños y adolescentes” desde el cuidado, el respeto y el amor,  al igual que se pidió ponerlos en “el centro de las políticas públicas”. 

En esta ocasión, El Explorador tuvo la oportunidad de entrevistar al vicepresidente de INAU, el licenciado en Ciencias de la Educación Mauricio Fuentes, quien detalló los desafíos y las prioridades de la institución que, día a día, se convierte en el principal refugio y contención para los más pequeños. Durante este encuentro, Fuentes explicó cuál es la situación financiera del organismo, los avances y las dificultades que atraviesa la institución. 

Prioridades

Desde el instituto se está trabajando en cuatro lineamientos estratégicos que guiarán la gestión del organismo en los próximos años pensando en las capacidades que tiene INAU para llevar adelante su tarea.

En primer lugar, se habla de un fortalecimiento institucional, haciendo énfasis en el área de recursos humanos y los sistemas de información. Fuentes recalcó la necesidad de “fortalecer los procesos de formación, de capacitación y de cuidado” del personal, en especial en lo vinculado a salud ocupacional. “Son funcionarios que trabajan en atención directa con situaciones de extrema vulnerabilidad… si no cuidamos a quienes cuidan, las personas se desgastan, y es lógico que así ocurra”.

En paralelo, el vicepresidente planteó modernizar y jerarquizar los sistemas de información para seguir de forma integral la trayectoria de vida de niñas, niños y adolescentes. La meta es que cualquier educador o referente pueda saber, al recibir a un adolescente, si hubo intervenciones previas, qué se hizo y con qué resultados.

El segundo lineamiento estratégico explica que tiene que ver con la atención en tiempo parcial con modelos más flexibles. Este punto busca repensar la atención en Centros CAIF, clubes de niños y centros juveniles, los cuales funcionan en régimen de cuatro, seis u ocho horas diarias. La intención es flexibilizar formatos para adaptarlos a la realidad de cada territorio, evitando que los adolescentes deban ajustarse a esquemas que hoy en día podrían ser vistos como “rígidos”.

Fuentes declaró que en este momento se está “atravesando una situación bastante crítica en lo que tiene que ver con los Centros CAIF”. Problemas actuales como la baja natalidad y otros factores han reducido la asistencia en algunos centros, lo que activa sanciones económicas por parte del INAU y genera desfinanciamiento. “No creemos que la solución sea cerrar instituciones”, afirmó. “Tenerlas es una fortaleza del país. Lo que debemos hacer es cualificar la atención o modificar formatos para que respondan mejor a la población en la que están insertas”.

Para enfrentar esta situación, se conformó un grupo de trabajo con todas las modalidades de convenio en primera infancia, buscando soluciones conjuntas y priorizando, a futuro, a la adolescencia y la infancia antes que la primera infancia.

El fortalecimiento del sistema de protección especial se encuentra en tercer lugar y abarca lo que comúnmente se conoce como hogares 24 horas, pero que incluye también otras alternativas. Fuentes lo divide en tres momentos clave: la prevención primaria, que consiste en desarrollar políticas en territorio que eviten que las familias pierdan capacidad de cuidado; mejora de la atención, enfocándose en fortalecer el trabajo en hogares y la atención en salud mental; y la planificación temprana del egreso. En este último punto, Fuentes explica que desde el primer día se debe pensar en la salida del sistema, priorizando la reintegración familiar, la familia extensa o las familias de acogida antes que la institucionalización prolongada.

“La institucionalización debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible”, subrayó, recordando que muchos jóvenes llegan a la mayoría de edad sin una alternativa clara para consolidar su proyecto de vida.

El último eje, nombrado trabajo interinstitucional, busca consolidar redes de colaboración con otros organismos del Estado, tanto a nivel bilateral como en proyectos que involucren a varias agencias. El INAU ya mantiene mesas de trabajo con ministerios como Interior, Vivienda, Salud Pública y Desarrollo Social, además del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

El vicepresidente enfatizó que esta mirada conjunta “debe incorporar siempre una perspectiva específica de infancia y adolescencia” para que las políticas públicas respondan a las realidades de los territorios.

Una realidad “de extrema gravedad” que no se ve

Para Mauricio Fuentes, describir la situación actual de niñas, niños y adolescentes en Uruguay es caer en una simplificación, ya que existen tantas situaciones como niños. Sin embargo, sí identifica un hilo común preocupante que es la falta de conciencia colectiva sobre la magnitud del problema. Considera que “necesitamos un acuerdo como sociedad de que la situación es de extrema gravedad y no me da la sensación de que se visibilice”.

Los datos que maneja el instituto reflejan ese deterioro: mientras en 2020 el INAU recibió alrededor de 2.500 oficios judiciales, en 2024 esa cifra ascendió a 9.500. Detrás de cada número hay una historia de vulneración de derechos y, como subraya Fuentes, los casos judicializados son solo “la punta del iceberg”, porque muchos otros nunca llegan a esa instancia.

El vicepresidente alerta que el sistema de protección especial ha crecido de forma “exponencial” y que el organismo se encuentra “colapsado” ante una demanda creciente que no es acompañada con el aumento de recursos. Para Fuentes, “esa es una realidad innegable”. Pero más allá de las limitaciones institucionales, insiste en que el problema es estructural, ya que se empiezan a “naturalizar situaciones que no pueden ser legitimadas, como la violencia, maltrato, negligencia. Y nuestra forma de intervenir tiende cada vez más a la judicialización y la institucionalización”.

Fuentes plantea un cambio de enfoque “contracíclico”, trabajar en territorio y fortalecer comunidades para que ellas mismas sean “protectoras de los derechos de las gurisas y gurises”, reservando las intervenciones judiciales para los casos en que no haya otras salidas.

Desigualdades territoriales y focos de preocupación

Si bien no quiere “estigmatizar” a departamentos concretos, Fuentes reconoce que las realidades urbanas presentan problemáticas distintas a las zonas rurales. Montevideo, por ejemplo, concentra una alta densidad de casos que requieren amparo y recibe, además, población derivada de otros puntos del país. También preocupa la situación de las fronteras secas, como es el caso de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, donde se registran vulneraciones asociadas a la dinámica limítrofe con Brasil.

A su vez, se profundiza en “situaciones puntuales” que han despertado especial atención, como las ocurridas en Colonia y en departamentos de frontera como Rivera. Pero aclara que no todo es negativo: hay experiencias valiosas de las que aprender, como en Flores y Durazno, donde se desarrollan modelos de atención que podrían replicarse en otras regiones.

Entre los episodios recientes que marcaron la agenda, Fuentes alude a casos de explotación sexual como los registrados en Rivera y explica que, frente a esto, el INAU trabaja en un grupo estable con el Ministerio del Interior para prevenir y atender estas situaciones, así como para abordar la participación de adolescentes en redes delictivas. 

Durante la última visita a Rivera, Fuentes detectó deficiencias en hogares del sistema de protección especial, algunas de resolución simple pero simbólicamente relevantes: “Nos encontramos con hogares sin puertas en baños o habitaciones… eso no implica grandes procesos ni gastos, pero sí marca cómo respetamos o no la privacidad de un adolescente”.

En paralelo, el directorio del INAU aprobó la creación de dispositivos de atención directa para víctimas de explotación sexual, sumándose a los proyectos en ruta que ya gestionaban organizaciones, como Gurises Unidos y El Paso. “Son pasos que hemos dado de inmediato y que no invalidan que obviamente hay que trabajar mucho más a fondo en cuestiones que son más de medio y largo plazo. En este tiempo estamos ya avanzando con los pasos que sentimos que están a nuestro alcance”, explica.

Un diagnóstico duro y un desafío financiero sin precedentes

El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, no esquivó la realidad que heredó la actual administración. Tras las declaraciones de la presidenta de INAU sobre una “institución quebrada” y un déficit estimado en 2.400 millones de pesos, Fuentes explicó que el origen del problema estuvo en “una apertura de centros, especialmente en el último tiempo, que se había hecho sin el respaldo presupuestal correspondiente”. Esto dejó a la institución en una situación crítica: “Para llegar a fin de año pagando lo que estaba comprometido, sin abrir nuevos proyectos, necesitábamos 2.400 millones de pesos más de lo que teníamos, es decir, unos 60 millones de dólares”.

El Ministerio de Economía y Finanzas otorgó un refuerzo de 1.900 millones de pesos, al que se sumaron 190 millones del Fondo de Infancia. Con austeridad administrativa y un control más estricto de gastos, el organismo logró estabilizar temporalmente sus cuentas. “Hemos intentado normalizar la cadena de pagos, que INAU hoy por hoy no tenga deudas y generar un sistema financiero sostenible”, señaló Fuentes, destacando que se logró pagar a tiempo los proyectos y servicios, algo que antes no ocurría.

Sin embargo, el desafío trasciende lo económico. Fuentes describió un escenario humano igualmente delicado: “Nos encontramos con una institución muy deteriorada en los vínculos, en la salud mental de funcionarias y funcionarios, con mucho daño y tristeza, y miedo a resolver cosas”. A su llegada, el directorio acumulaba más de 400 expedientes sin resolución. Hoy, el promedio ronda los 80 a 100 asuntos por sesión.

Detrás de esos expedientes, recordó, “hay situaciones que involucran a seres humanos de carne y hueso”. La demora en las resoluciones no era un mero trámite burocrático: organizaciones debieron endeudarse, mandar personal al seguro de paro o posponer licencias. “Ahí sí hay elementos que hacen a una institución quebrada, en el sentido de que no podía seguir funcionando de esa manera”, subrayó.

Pese a reconocer que no hay “recetas mágicas” y que el margen de error es inevitable, Fuentes sostuvo que el compromiso actual es claro: “Estamos intentando dar respuesta a las situaciones que nos llegan, no dejarlas pasar, sino tomar cartas en el asunto y resolver la mayor cantidad de cuestiones de acuerdo a la urgencia que tienen”.