Senado respaldó a Lazo tras una extensa interpelación por el caso Cardama
La Cámara de Senadores desarrolló este miércoles una sesión de casi 12 horas para interpelar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, a raíz del anuncio del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, adjudicatario de la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV). La instancia culminó con la aprobación, por mayoría oficialista, de una moción de respaldo a la jerarca y al gobierno.
La oposición presentó dos mociones alternativas: una que consideró “insatisfactorias y peligrosas” las respuestas de la ministra y otra que proponía crear una comisión especial parlamentaria para integrar el equipo negociador con Cardama. Ninguna obtuvo los votos necesarios.
Los cuestionamientos de García
El senador nacionalista Javier García, interpelante y exministro de Defensa cuando se firmó el contrato, centró su intervención en la necesidad de contar con nuevas patrulleras oceánicas para reforzar la vigilancia del mar territorial. Sostuvo que la situación contractual con el astillero español afecta la capacidad del país para enfrentar amenazas como el narcotráfico y la pesca ilegal.
García criticó al actual gobierno, al que acusó de haber “desmantelado” a la Armada Nacional y de actuar con un “plan deliberado” para anular el contrato con Cardama. Recordó que durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio no se concretaron compras de OPV pese a las oportunidades disponibles, y aseguró que intereses empresariales y geopolíticos incidieron en esas decisiones.
Entre sus cuestionamientos, el senador afirmó que el gobierno actual modificó los equipos encargados del seguimiento del contrato y que los nuevos delegados realizaron tareas que calificó como “pesquisas” o “trabajos de inteligencia” sobre la empresa española. También señaló que existieron presiones políticas para impedir la constitución de la garantía contractual, citando un correo del astillero en ese sentido.
García pidió que la versión taquigráfica de la interpelación sea remitida a Fiscalía para incorporar la información a la denuncia penal ya presentada por el gobierno.
La defensa de la ministra Lazo
En su intervención, la ministra Lazo calificó de “fraude inaudito” la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama durante el gobierno anterior, que fue aceptada por la administración de Luis Lacalle Pou. Aseguró que existieron “omisiones inexcusables” en el proceso de verificación de la documentación respaldatoria, en la cual se detectaron inconsistencias, domicilios inexistentes y elementos que, según la jerarca, debieron ser advertidos por los funcionarios actuantes.
Lazo señaló que la investigación posterior en Londres permitió confirmar que la supuesta entidad emisora de la garantía carecía de respaldo real. Añadió que también se constató la falsificación de documentos notariales y que el notario español cuya firma aparece en el expediente negó haber intervenido.
La ministra sostuvo que la denuncia penal presentada por el gobierno es “lo más razonable” frente a las irregularidades observadas. Además, aclaró que no existe, por el momento, una decisión tomada sobre la eventual rescisión del contrato con Cardama, ya que se trata de un proceso jurídico y técnico “complejo”.
La investigación administrativa
En abril, el Ministerio de Defensa dispuso una investigación administrativa sobre el proceso de adjudicación. De acuerdo con un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la recomendación del astillero Cardama fue transmitida en su momento al comandante en jefe de la Armada por parte del entonces ministro García.
El informe concluyó que la decisión política de adjudicar el contrato no fue acompañada por una adecuada evaluación de riesgos operativos, financieros y contractuales, elementos que la auditoría consideró imprescindibles en una contratación directa de excepción. También indicó que existieron “decisiones anticipadas o condicionadas” sin el análisis integral del resto de las propuestas.
Contexto y próximos pasos
El contrato firmado con Cardama asciende a unos 90 millones de dólares, de los cuales el Estado ya pagó cerca de 30 millones. El gobierno sostiene que la irregularidad en la garantía compromete la validez del proceso y mantiene una denuncia penal en curso que fue ampliada con nuevos elementos. Por otra parte, no descarta la conformación de una comisión investigadora. La oposición, por su parte, entiende que el contrato debe renegociarse y no rescindirse, y advierte que una ruptura dejaría al país sin las patrulleras necesarias para reforzar el control marítimo.
El presidente Yamandú Orsi ha insistido en que Uruguay debe construir las OPV “sí o sí”, aunque aún no se ha definido si se continuará con Cardama o se buscará otro proveedor. Con ese telón de fondo, el Senado cerró la interpelación con el respaldo oficialista a la ministra y el debate continuará en el terreno judicial, técnico y político.
Además del Miembro interpelante, senador Javier García y de la ministra de Defensa Sandra Lazo, hicieron uso de la palabra el Asesor Letrado del Ministerio Dr, Alfredo Maeso y los senadores, Bettiana Díaz; Sebastián Da Silva; Martín Lema; Pedro Bordaberry; Nicolás Viera; Graciela Bianchi; Sergio Botana; Felipe Carballo; Andrés Ojeda; Rodrigo Blás; Aníbal Pereyra; José Luis Falero y Daniel Caggiani. Ingresaron a Sala con la Ministra: el Subsecretario, Sr. Joel Rodríguez; el Director General de Secretaría Dr. Álvaro Colotta y el Asesor Letrado Dr. Alfredo Maeso
Declaración final:
Luego de más de once horas de sesión, la Cámara de Senadores aprobó la siguiente moción:
El Senado de la República Oriental del Uruguay, reunido el día de la fecha a los efectos de recibir en régimen de interpelación a la señora Ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo para informar acerca del anuncio del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato de construcción de las patrullas oceánicas, (OPV), que se lleva adelante en España,
DECLARA
1-Su respaldo a la comparecencia de la Sra. Ministra y la conformidad sobre lo expresado en Sala por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional valorando su disposición a brindar información detallada, asumir responsabilidades institucionales y colaborar con total transparencia en el esclarecimiento de los hechos vinculados a las adquisiciones navales. La presencia de la Sra. Ministra y su contundente intervención, constituye un ejercicio pleno de la responsabilidad republicana y del control democrático que corresponde al Poder Legislativo;
2-El apoyo al Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, en las acciones emprendidas para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas en el proceso de adjudicación y ejecución del contrato de construcción de los buques OPV, destacando la importancia de preservar los intereses públicos y de avanzar con firmeza en todas las medidas jurídicas necesarias para proteger los intereses del país. La actuación del gobierno en esta materia refleja el compromiso con la probidad administrativa y la defensa de la soberanía nacional;
3-El Senado de la República ratifica en todos sus términos la declaración de esta Cámara del 19 de agosto de 2014, en especial lo referido a la necesidad estratégica de que nuestro país cuente con los medios navales suficientes, Patrulleros Oceánicos adecuados.
4-Finalmente, la Cámara de Senadores se reserva el derecho y responsabilidad de continuar investigando los hechos referidos a este proceso de compra directa con la empresa CARDAMA, a efectos de que dicho organismo pueda evaluar, con y conforme a sus atribuciones, la posible existencia de responsabilidades adicionales.
