Barco de la muerte: exigen al Estado respuestas por vacas rechazadas en Turquía

La presidenta de la Comisión de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados, Verónica Ortiz, explicó a El Explorador los motivos y alcances de las denuncias dirigidas a Presidencia, MGAP, INBA y la OMSA, tras el episodio del barco con casi 3.000 vacas uruguayas rechazadas en Turquía. El caso reavivó el debate sobre la exportación de animales en pie, el control estatal y las responsabilidades internaciones.

«El Barco de la muerte»

El 19 de setiembre, un buque zarpó del puerto de Montevideo con vacas con rumbo al puerto de Bandirma en Turquía. Llegado al territorio, las autoridades competentes detectaron irregularidades en los certificados sanitarios y comerciales lo que impidió la descarga. Debido a esta situación, el ganado permaneció a bordo durante 50 días lo que produjo la muerte de al menos, 48 animales, según informó un reporte de AFP.

Mientras Uruguay y Turquía intercambiaban comunicaciones diplomáticas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca intervenía para intentar destrabar el caso, organizaciones y profesionales especializadas en derecho animal avanzaron por otra línea de acción, la de exigir explicaciones, responsabilidades y sanciones acordes al caso.

El pasado viernes 21 de noviembre, la ONG Trato Ético Animal (APTEHA), junto a Animal Save Movement, abogadas del grupo legal de APTEHA y otras profesionales especializadas entregaron cuatro expedientes dirigidos a Presidencia de la República, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En entrevista con El Explorador, la abogada Verónica Ortiz explicó los argumentos jurídicos, las dudas no resueltas y las razones por las que, para estas organizaciones, el episodio del llamado “barco de la muerte” exige una investigación completa y transparente.

Una acción interdisciplinaria

Ortiz aclara que, si bien APTEHA encabeza formalmente la presentación, se trata de un trabajo colectivo. “La acción en realidad la impulsa formalmente APTEHA, Trato Ético Animal, que es la ONG que pone su nombre en la acción, pero es una acción que se llevó adelante entre APTEHA, Animal State Movement, y una serie de abogadas, el grupo legal de APTEHA, y otras abogadas que no somos de la organización pero que somos especializadas en derecho animal, y por tanto, brindamos nuestro apoyo para realizar estas acciones”.

Los expedientes fueron dirigidos a cuatro organismos distintos porque, según explica, cada uno tiene responsabilidades y competencias específicas dentro del Estado uruguayo.

El expediente dirigido a Presidencia: jerarquía, coordinación y daño a la imagen país

La presentación de uno de los expedientes a Presidencia responde a su rol como órgano superior del Estado. Ortiz explica que se acudió como órgano jerárquico. “Entendemos que Presidencia puede tener una visión más global del tema, no tanto de si faltó un permiso, sino pedir a todas las instituciones involucradas que informen al respecto”.

A su vez, remarca que la dimensión internacional del caso también exige una respuesta estatal ya que el país estuvo dos semanas “en boca de todo el mundo” diciendo “el barco de la muerte que salió de Uruguay”, lo cual considera: “una imagen importante”.

Incluso la Asociación Rural del Uruguay (ARU), recuerda, solicitó información para evitar daños colaterales al sector.

El rol del INBA: maltrato, crueldad y competencias

Uno de los expedientes fue dirigido al Instituto Nacional de Bienestar Animal. Ortiz detalla que “el INBA no tiene competencia en cuanto a procedimientos de producción, pero sí tiene competencia en cuanto a maltrato y crueldad animal, independientemente de la especie del animal”.

La abogada sostiene que, si las situaciones de hacinamiento, estrés extremo y rechazo sanitario que trascendieron de manera internacional derivan de un incumplimiento ocurrido en nuestro país, entonces el INBA si puede investigar y sancionar.

“Nosotras entendemos que el incumplimiento podría haberse generado ya desde la salida, y si es así, entonces el Estado uruguayo tiene competencia y tiene potestades para investigar y sancionar. (…) Si hubiera situaciones de maltrato y se comprobara que eso deviene de incumplimientos realizados en Uruguay, el INBA podría sancionar”.

Identifica, a su vez, un problema central. El ganado no regresó a Uruguay, lo que dificulta que el INBA constate la situación. La información actual proviene de medios de comunicación internacionales y un expediente judicial en un juzgado de Turquía.

Información contradictoria y pedidos de claridad

La información sobre el destino final del ganado fue cambiante. Ortiz resume que “se supone que el ganado se descargó en Líbano”, pese a que la información en un momento fue que había sido descargado en Libia.

Por esa falta de claridad, una de las exigencias es que la empresa exportadora —Ganosan Livestock S.A.S.— detalle qué ocurrió realmente. “Las versiones, las entrevistas o los datos que hay en prensa de las explicaciones del exportador son bastante poco claras, muchas veces contradictorias, y que faltan un montón de elementos de lo que él explica”.

Posterior a la entrega de los expedientes, el pasado lunes 24 de noviembre el responsable de exportaciones de la empresa Ganosan, Fernando Fernández, dijo a Telemundo que los animales fueron descargados y “entregados a su nuevo dueño en Libia”. Según lo declarado por el exportador, Eel problema no tuvo que ver con aspectos sanitarios sino del negocio por parte del importador”. Agregó que tanto la empresa como el MGAP intervinieron pensando en el bienestar de los animales.

MGAP: controles, permisos y sanciones

Otro de los expedientes apunta directamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. “Pensamos que cursándose a través de Servicios Ganaderos es el que creemos que tiene mayor probabilidad de llevarse adelante, porque el Ministerio de Ganadería claramente tiene competencia en cuanto a producción, a chequear”, explica Ortiz.

Las organizaciones señalan que hay contradicciones entre lo que sostiene el exportador y lo que dicen autoridades internacionales respecto a los permisos, caravanas y documentación del ganado.

“El propio exportador dice que tenían un pedido por 3.000 vacas, pero se exportaron 3.400, porque se tienen que mandar de más por si se muere alguna, con una liviandad del tema con un manejo bastante inapropiado de lo que son vidas”, lamenta.

El pedido al MGAP incluye la solicitud del informe de situación y sanciones. “Específicamente que se lo sancione suspendiéndole la posibilidad de exportar ganado en pie, por lo menos hasta que se aclare la situación y se vea si la empresa tiene realmente el soporte para cumplir con la normativa”.

Por otro lado, la pregunta que aún no tiene respuesta es, si Uruguay sostiene que el ganado salió con todos los permisos en regla, ¿por qué Turquía afirmó que no? Ortiz considera que esa respuesta debería de brindarla el MGAP el cual deberá “pedirle al exportador las explicaciones de por qué el ganado sale en determinadas condiciones desde Uruguay y cuando llega allá el país que lo recibe dice que esas condiciones cambiaron”.

Ante la consulta sobre si hubo algún contacto con Ganossan, la abogada responde que no y que “independientemente del caso específico, nuestra posición es contraria a la exportación de ganado en pie. Es una práctica que creemos debería ser dejada ya prohibida en nuestro país”.

La presentación ante la OMSA: un informe externo e independiente

Por último, la cuarta denuncia fue elevada a la Organización Mundial de Sanidad Animal donde se solicitó un informe “objetivo y de terceros, externo, que recolecte la información necesaria para elevar un expediente y también brindarnos recomendaciones para que estas situaciones no se repitan”.

 “Seguimos sin saber por qué las vacas no pudieron desembarcar”

A pesar de las intervenciones diplomáticas, declaraciones cruzadas y versiones contradictorias, para Ortiz aún persiste la interrogante principal: “Seguimos sin saber por qué las vacas no pudieron desembarcar en Turquía”.

Los expedientes fueron presentados el viernes 21 de noviembre, y el grupo interdisciplinario espera ahora las respuestas oficiales.