A 179 años de la abolición de la esclavitud

En octubre de 1846, Uruguay dio un paso decisivo hacia su identidad republicana al abolir legalmente la esclavitud. El decreto, firmado en plena Guerra Grande, no fue el resultado de una voluntad política espontánea, sino el fruto de décadas de resistencia y sacrificio de la población africana y afrodescendiente que había sido traída al Río de la Plata como mano de obra esclavizada.

Sin embargo, la libertad jurídica no significó la igualdad real. Los antiguos esclavos pasaron a engrosar las filas del ejército o del servicio doméstico, mientras la sociedad uruguaya —en proceso de consolidarse como Estado— construía su identidad negando buena parte de sus raíces africanas.

Un pasado que persiste

Hoy, a casi dos siglos de aquella fecha, los ecos de ese pasado persisten en la desigualdad estructural, en la invisibilización de los afrodescendientes y en una memoria histórica que aún busca su lugar en la educación, en la cultura y en la política.

Javier Díaz, presidente de la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (Acsun), subrayó la relevancia de mantener viva esta conmemoración.

“La abolición de la esclavitud es un hito en la historia nacional porque simboliza la conquista de derechos de la población afrodescendiente desde su llegada como personas esclavizadas. Los africanos y afrodescendientes regaron con sangre la tierra junto a los pueblos indígenas para constituir lo que hoy conocemos como Uruguay”, señaló.

Diaz lamentó, sin embargo, que esta fecha “pase casi desapercibida” en el calendario oficial y en el sistema educativo. A su juicio, “la historiografía nacional ha invisibilizado el papel de los afrodescendientes en la gesta independentista y en la conformación del Estado”.

Además recordó que Uruguay fue uno de los primeros países del continente en consagrar la libertad, aunque “esa conquista fue producto del esfuerzo de quienes habían sido esclavizados y se sumaron a los ejércitos para obtener su emancipación”.

Memoria, educación y reparación

Desde Acsun se trabaja “en la transmisión de esa memoria a las nuevas generaciones, especialmente a niños, niñas y jóvenes”. Como ejemplo, menciona el mural del artista Rubén Darío Galloza, restaurado recientemente, que “narra el tránsito de los africanos esclavizados hasta su condición de ciudadanos”.

A su vez indicó, que “Hablar de ese pasado esclavista es esencial para entender la identidad uruguaya, compuesta también por aquellos que vinieron de bodega, los que fueron ocultados, prohibidos y despojados de derechos básicos”.

Desigualdad estructural y racismo institucional

Diaz advirtió que las brechas socioeconómicas actuales son herencia directa de ese pasado. Cita datos del Censo de 2023, según los cuales el 46% de los niños y niñas afrodescendientes menores de seis años viven por debajo de la línea de pobreza.

“Son desigualdades estructurales que no se han roto desde la abolición. La pobreza en Uruguay, como en América Latina, tiene rostro de mujer afrodescendiente, jefa de hogar, con menos acceso a educación, vivienda y salud”, señaló.

Pese a los avances legislativos —como la Ley 19.122, que establece cuotas laborales del 8% para afrodescendientes—, Díaz considera que su cumplimiento es escaso debido al “racismo institucional”.

“El marco normativo existe, pero los operadores del Estado no lo aplican. Muchas veces los afrodescendientes solo acceden a puestos de bajo rango, reproduciendo roles históricos”, indicó.

Reconocimiento, justicia y futuro

Para Díaz, el desafío de Uruguay es reconocer su historia en toda su diversidad. “Así como reconocemos que venimos de Europa central, debemos reconocer que también venimos de África subsahariana. Nuestro pasado esclavista no debe verse con vergüenza, sino como un llamado a la reparación y a la justicia”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), declarado por la ONU, plantea la obligación de los Estados de generar políticas públicas con presupuesto propio para reducir las brechas raciales.

“Las políticas de equidad racial deben transformarse en políticas de Estado, con recursos concretos y voluntad política. Solo así podremos hablar de una verdadera libertad, casi dos siglos después de la abolición”, concluyó.

Uruguay abolió las cadenas legales en 1846, aunque las cadenas simbólicas y estructurales continúan presentes en la vida cotidiana de miles de afrodescendientes. Reconocer ese pasado no implica mirar atrás con culpa, sino construir un presente más justo y un futuro verdaderamente igualitario. Mantener viva esta memoria no es un gesto del pasado, es una tarea pendiente de la democracia.