Celulares en las aulas: ¿Prohibir o regular?
La discusión sobre el uso de celulares en los centros educativos volvió a instalarse formalmente en la agenda política nacional debido a Un proyecto de ley impulsado por el diputado del Partido Colorado, Maximiliano Campo donde propone restringir el uso de dispositivos electrónicos personales en educación inicial, primaria y media dentro de la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
La iniciativa plantea prohibir el uso de celulares durante clases, recreos e intervalos, aunque prevé excepciones vinculadas a necesidades pedagógicas, de accesibilidad o de salud. Además, encomienda a la ANEP la elaboración de protocolos de implementación y campañas de sensibilización sobre los efectos del uso excesivo de pantallas.
La propuesta —presentada en febrero de este año— llega en un momento en que las autoridades educativas, docentes y especialistas discuten cómo equilibrar las oportunidades que ofrece la tecnología con los riesgos asociados a su uso intensivo entre niños y adolescentes.
En entrevista con El Explorador, Campo explicó las razones que lo llevaron a impulsar el proyecto y defendió la necesidad de una política nacional sobre el tema.
Origen de la iniciativa
Campo sostiene que Uruguay llegó tarde a una discusión que ya ocupa a numerosos países. “Los países de primer mundo están trabajando en este tema, con distintas regulaciones, con distintas maneras de encararlo, pero todos están trabajando, sabiendo las afecciones que trae el mal uso de la pantalla”, afirmó.
Según explicó, la iniciativa busca responder a preocupaciones vinculadas al aprendizaje, la salud mental y la convivencia escolar. A su vez, recordó que Uruguay se ubica entre los países con mayores niveles de desatención en clase asociados al uso del celular, según datos surgidos de la evaluación PISA 2022.
Para el diputado, el problema trasciende el rendimiento académico ya que “uno no va solo a la escuela a aprender español y matemáticas, sino también va a aprender a vivir en comunidad, relacionarse”.
Por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ha manifestado su preferencia por modelos de regulación antes que por una prohibición generalizada. Entendiendo que las realidades de los centros educativos son diversas y requieren respuestas adaptadas a cada contexto.
El ministro de José Carlos Mahía, manifestó que “desde el punto de vista personal o del ministerio, el camino hoy debería de ser la regulación porque lo prohibicionista podría ir más a lo que es inicial y primaria”. Además, sostuvo que aquellos estudiantes mayores a 12 años deberían de tener una regulación pedagógica definida por sus docentes.
Campo rechaza esa postura y considera que desde el MEC quieren “lavarse las manos con el tema”. Según explicó, el modelo actual deja las decisiones en manos de cada institución educativa sin brindar herramientas comunes para abordar la problemática.
“No hay protocolos, no hay formación para los docentes, no hay formación para la sala de dirección, no hay formación para la familia”, sostuvo.
Aun así, el legislador asegura estar dispuesto a discutir modificaciones. “Si la palabra prohibir es el problema, yo no tengo problema de cambiarla”, afirmó y remarcó que considera “innegociable” la existencia de una política nacional clara sobre el tema.
Estudio en el Colegio Santa Elena
Mientras el debate avanza en el Parlamento, una experiencia desarrollada en nuestro país aporta elementos para analizar los posibles efectos de una medida de este tipo.
Desde 2025, el Colegio Santa Elena implementó una política de restricción del uso de celulares durante toda la jornada educativa en séptimo, octavo y noveno año. Los estudiantes deben depositar sus dispositivos al ingresar al centro y los recuperan al finalizar la jornada.
A pedido de la institución, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) realizó un estudio para conocer las percepciones de estudiantes, docentes, familias y equipos técnicos sobre la medida. El trabajo combinó encuestas, entrevistas y grupos focales.
Antes de la implementación, los docentes describían al celular como un elemento de distracción permanente. El 57% reportaba que los estudiantes lo utilizaban muchas veces en clase y otro 12% afirmaba que lo hacían siempre. Además, el 83% identificaba la distracción como el principal efecto negativo y el 77% mencionaba dificultades de atención.
Más atención y más interacción, con dificultades
Dentro de los hallazgos que revela el estudio, se identifica que la mayoría de los adultos percibió mejoras en la convivencia y en la atención de los estudiantes. Según la encuesta realizada a docentes, el 87% observó mejoras en la atención y participación en clase, mientras que el 83% señaló una mayor socialización entre los alumnos.
Entre las familias, los resultados fueron mayores: el 95% consideró que mejoró la concentración en clase y el 91% percibió mejoras en la convivencia.
Los recreos también cambiaron. Los entrevistados describieron una recuperación de espacios de interacción que antes estaban ocupados por las pantallas. Una de las profesionales consultadas durante el estudio agregó que los jóvenes se veían más motivados a realizar juegos y que la socialización mejoró.
Por otro lado, la principal crítica planteada por estudiantes y algunos docentes estuvo relacionada con las limitaciones tecnológicas que surgen cuando el celular deja de estar disponible como herramienta educativa.
Muchos docentes señalaron dificultades para acceder a computadoras, problemas de conectividad y obstáculos para realizar actividades que antes resolvían rápidamente mediante el teléfono móvil.
Los estudiantes también manifestaron incomodidades. El 76% afirmó que en ocasiones quiere comunicarse con su familia y no puede hacerlo, mientras que el 70% dijo extrañar la posibilidad de hablar con amigos que no concurren al centro educativo.
Las percepciones también variaron según la edad. Mientras los estudiantes de séptimo mostraron una valoración relativamente positiva de la medida, los de noveno fueron considerablemente más críticos y la describieron como: molesta, innecesaria, repentina y extrema.
Los principales puntos del proyecto
El texto presentado por el diputado Campo en el Parlamento establece que los estudiantes no podrán utilizar dispositivos electrónicos personales durante las clases, recreos o intervalos en los centros educativos dependientes de ANEP.
La iniciativa contempla excepciones cuando el uso tenga fines pedagógicos y esté supervisado por docentes, así como en situaciones vinculadas a la accesibilidad, la inclusión o condiciones de salud.
Además, propone que ANEP elabore protocolos de aplicación para todos los centros educativos, impulse campañas de sensibilización sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y genere mecanismos de apoyo para atender situaciones de afectación psíquica relacionadas con la sobreexposición digital.
En la exposición de motivos se argumenta que diversos estudios internacionales han advertido sobre posibles impactos negativos del uso intensivo de dispositivos electrónicos en aspectos como la concentración, el sueño, la convivencia y la salud mental.
También se plantea que la interacción presencial sigue siendo un componente central del proceso educativo y que el exceso de tiempo frente a pantallas puede afectar habilidades como la comunicación, la empatía y el pensamiento crítico.
Un tema en agenda
El proyecto impulsado por Campo continúa su tratamiento en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. Según confirmó el legislador, ya comparecieron autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y de la ANEP, y próximamente serán convocados especialistas y representantes de instituciones que han aplicado restricciones similares. Entre ellos, representantes del INEEd y autoridades del Colegio Santa Elena.
Campo aseguró que se encuentran trabajando con diferentes fuerzas políticas: “Estamos trabajando con el Frente Amplio”, afirmó. Y agregó: “Si podemos mejorar el proyecto entre todos, obviamente que el Frente Amplio tiene que ser parte”.
Más allá de cuál sea el resultado legislativo, la discusión parece haber superado el terreno de las opiniones para ingresar en una etapa donde la evidencia comienza a ocupar un lugar central.
Para Campo, el principal logro alcanzado hasta ahora es haber instalado la discusión en la agenda pública. “Estoy contento porque hemos logrado poner el tema en agenda”, sostuvo.
Los datos muestran beneficios percibidos en la atención, la convivencia y la interacción social, pero también revelan tensiones vinculadas a la comunicación familiar, la infraestructura tecnológica y la adaptación de las prácticas pedagógicas.
La pregunta ya no parece ser únicamente si los celulares deben estar o no dentro de las aulas. El desafío que enfrentan el sistema educativo y las familias es definir qué lugar tiene que ocupar la tecnología en la formación de las nuevas generaciones y bajo qué reglas integrarla a la vida escolar.
