Ley de Empleo Integral: gobierno busca corregir fallas del sistema y apostar a trabajos más duraderos y de calidad
Con el envío al Parlamento del proyecto de Ley de Empleo Integral (LEI), el gobierno busca dar un giro en la política pública de empleo en Uruguay. La iniciativa apunta a corregir limitaciones detectadas en la normativa vigente y a mejorar tanto la cantidad como la calidad de los puestos de trabajo generados.
El texto plantea como eje central “promover el trabajo digno y decente de las personas que enfrentan mayores obstáculos o restricciones para acceder al mercado laboral”, incorporando una mirada más amplia que no se limite únicamente a la edad como criterio de inclusión.
En diálogo con El Explorador, el director de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Federico Araya, sostuvo que el cambio responde a una realidad concreta: “la ley actual queda corta en el sentido de que —por un lado—, no llegó a la cantidad de contrataciones que preveía el gobierno anterior “.
Resultados por debajo de lo esperado
Uno de los principales argumentos del gobierno para impulsar esta reforma es el bajo impacto de la normativa vigente. Según datos oficiales, se registraron alrededor de 4.000 contrataciones anuales, lejos de las 8.000 previstas inicialmente por el gobierno anterior.
Araya resume que “los números nos dan cuenta de que se quedó en la mitad porque estamos por debajo de las 4.000 contrataciones por año”. Considera que, en base a esto, existe un “desafío” para aumentar el número de contrataciones.
A esto se suma otro problema estructural: la corta duración de los vínculos laborales. De acuerdo con los datos analizados por el MTSS, “alrededor de un 30% de las contrataciones por año no llega a los tres meses”, lo que implica que unas 1.200 personas por año pierden su empleo antes de los 90 días.
Desde la perspectiva del gobierno, este fenómeno no solo reduce el impacto de la política, sino que también afecta las trayectorias laborales de los trabajadores. “Si las inserciones son cortas, eso generalmente trae problemas futuros en la trayectoria laboral”, advirtió Araya.
El foco pasa de las modalidades a las personas
Uno de los cambios más importantes del proyecto es el pasaje de un enfoque centrado en modalidades de contratación a otro centrado en los colectivos.
El documento explica que el principal cambio de la propuesta radica en los colectivos de poblaciones que el proyecto de ley incorpora. “Se busca que la mirada ya no esté puesta en las múltiples modalidades y requisitos específicos asociados a cada población, sino que se enfoque en los colectivos en sí mismos”.
De esta forma se espera abandonar la perspectiva de las modalidades de contratación para poner el foco en las personas. Dicha norma busca reconocer las dificultades a las cuales se enfrentan determinados colectivos para acceder a un trabajo “decente y digno”, facilitando su difusión e implementación mediante procesos más sencillos.
En base a ello, Araya explicó que, pese a que los jóvenes son los que enfrentan mayores restricciones de acceso al mercado laboral y mayores barreras para obtener un puesto de trabajo “decente”, “la edad de las personas ya no puede ser la única variable a considerar”, dado que existen múltiples factores que dificultan el acceso al trabajo.
El proyecto incluye, entre otros colectivos, a personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas liberadas, mujeres jefas de hogares monoparentales y personas trans. Todos ellos, según el documento, enfrentan “desigualdades persistentes en el mercado de trabajo”.
Incentivos económicos y mayor inversión estatal
Otro de los pilares de la iniciativa es el fortalecimiento de los incentivos económicos para la contratación y formación. El proyecto establece subsidios que varían según el colectivo y pueden alcanzar hasta el 80% del salario en algunos casos.
Para financiar esta política, el Estado prevé una inversión anual de hasta 407 millones de pesos. Según Araya, esto implica un aumento significativo respecto a los niveles actuales: “hoy lo que estamos viendo es que la inversión ronda en los 250 millones de pesos anuales. Por lo tanto, estamos haciendo un gran incremento en el presupuesto destinado a eso”, aclaró.
El objetivo es incentivar a las empresas a contratar, pero con condiciones que aseguren mayor estabilidad. “Para nosotros va a ser clave revertir esto en la posibilidad del seguimiento y de brindar cursos de formación para que justamente los efectos no sean tan cortoplacistas”, afirmó.
El problema de los empleos de corta duración
Uno de los puntos que se intenta resolver la ley es la alta rotación laboral en los primeros meses. El proyecto establece contratos de entre 6 y 12 meses, con un período de prueba máximo de 45 días.
Además, se busca desalentar prácticas empresariales consideradas oportunistas. Araya señaló que existen casos en los que “contratan a la persona hasta el día 89 y luego van de baja y vuelven a contratar a otra persona también en el periodo de prueba”.
Si bien el gobierno no prevé sanciones directas a empresas que apliquen este tipo de prácticas, apuesta a modificar los incentivos. “Lo que estamos apostando es que la persona se capacite, se forme y eso le da también a la empresa un incentivo a que continúe en el puesto de trabajo”, explicó.
Formación y seguimiento como claves de la reforma
El proyecto pone un fuerte énfasis en la capacitación como herramienta para mejorar la empleabilidad. En ese sentido, establece que las personas contratadas tendrán prioridad para acceder a cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), así como instancias de certificación de competencias.
Araya señaló que uno de los objetivos del gobierno es extender la duración de los vínculos laborales a partir del “seguimiento y el fortalecimiento” de la formación. Para ello, se prevé un acompañamiento durante los primeros meses de inserción, considerado el período más crítico.
“Vamos a hacer un seguimiento especialmente en los primeros tres meses de la contratación, para evaluar cómo evoluciona la persona y también la experiencia de la empresa”, explicó.
En esa línea, agregó que ese proceso permitirá detectar necesidades de capacitación y orientar a los trabajadores hacia cursos de formación profesional, con el objetivo de consolidar su permanencia en el empleo.
Más apoyo a las pequeñas empresas y al interior
Otro de los cambios relevantes es el foco en las micro y pequeñas empresas, especialmente en el interior del país. Según el diagnóstico oficial, el 80% de las contrataciones actuales se concentran en la capital del país.
El proyecto introduce incentivos específicos para este tipo de empresas, incluyendo beneficios fiscales más prolongados y mayores cupos de contratación.
Araya explicó que la intención es corregir la concentración actual: “allí lo que nosotros apostamos es un gran incentivo, sobre todo a las micro y pequeñas empresas del interior del país” a las cuales considera el 99% del tejido empresarial en el interior y que “muchas veces” enfrentan dificultades para formalizar empleo.
El desafío de la calidad del empleo
Más allá de la cantidad de puestos generados, uno de los principales cuestionamientos a la política actual es la calidad del empleo. Informes recientes señalan que muchos de los nuevos trabajos son más precarios.
Consultado sobre este punto, Araya sostuvo que la clave está en la combinación de estabilidad y formación. “Una inserción laboral duradera modifica las probabilidades futuras de conseguir un buen trabajo”, afirmó.
En esa línea, el proyecto también establece que las condiciones laborales deberán ajustarse a la normativa vigente, incluyendo salarios y derechos laborales.
Tecnología, productividad y futuro del trabajo
La iniciativa tiene en cuenta los cambios tecnológicos. El avance de la automatización y la inteligencia artificial aparece como un factor que influirá en las políticas de empleo.
Para Araya, este proceso es inevitable pero también ofrece oportunidades: “entendemos que si bien la inteligencia artificial puede generar reestructuras en los puestos de trabajo también somos conscientes de que muchas veces son fomentadores de incrementos de la productividad”, explicó.
El desafío, según detalló, será aprovechar esos cambios para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Una apuesta a largo plazo
El proyecto de ley de Empleo Integral busca consolidar una política más inclusiva, simple y efectiva. El texto señala que se trata de “consolidar una política de fomento al empleo más simple, inclusiva y efectiva”.
Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación y del comportamiento tanto de empresas como de trabajadores. El gobierno apuesta a que, con mejores incentivos, más formación y un seguimiento más cercano, los empleos no solo aumenten, sino que también sean más estables y de mayor calidad.
