Diputada Leydis Aguilera: “Debe existir total transparencia por parte del gobierno uruguayo ante la posible recepción de deportados”
La posibilidad de que Uruguay reciba personas deportadas desde Estados Unidos comenzó a ocupar un lugar central en la agenda política del país. Al mismo tiempo, abrió interrogantes sobre el alcance de las conversaciones entre ambos gobiernos. El presidente Yamandú Orsi confirmó que Uruguay lleva “muchos meses” dialogando con la administración de Donald Trump sobre esta posibilidad, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo y que la propuesta estadounidense continúa en proceso de definición.
Las declaraciones del mandatario introdujeron, además, una diferencia respecto de las expresiones realizadas días antes por el canciller Mario Lubetkin. Mientras Orsi reconoció que existen conversaciones y una propuesta que se está afinando, Lubetkin había señalado que no había una negociación concreta con Estados Unidos. Posteriormente, el canciller reconoció que se habían recibido distintas sugerencias a lo largo del tiempo, aunque insistió en que estas no habían derivado en una negociación formal.
A las declaraciones de Orsi y Lubetkin se sumó el prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien confirmó que Estados Unidos ha transmitido propuestas a Uruguay sobre la situación de los deportados. Según explicó, algunas fueron comunicadas de manera informal y otras mediante documentos formales, pero remarcó que el gobierno uruguayo todavía no respondió a ninguna de ellas.
Sánchez insistió en que “no existe ningún acuerdo firmado” entre ambos países y señaló que las conversaciones se mantienen “en términos amistosos”. También sostuvo que cualquier eventual avance deberá estar condicionado por “el respeto irrestricto a los derechos humanos” y por el “marco de Naciones Unidas”.
Uruguay analiza distintas alternativas y observa la experiencia de países que ya aceptaron recibir personas deportadas, una experiencia que dentro del Ejecutivo es evaluada con preocupación. Al mismo tiempo, el Gobierno mira a los países que, como Argentina, continúan dialogando sin haber cerrado un acuerdo.
Falta de transparencia
En ese escenario, la diputada del Partido Nacional Leydis Aguilera dialogó con El Explorador donde afirmó que la primera discusión no debería ser solamente si Uruguay está dispuesto o no a recibir personas deportadas de Estados Unidos. Para la legisladora, antes de llegar a esa instancia hay una cuestión básica que debe resolverse y es la transparencia: “Debe existir una total transparencia por parte del gobierno uruguayo”.
Desde su posición como diputada de la oposición y su experiencia vinculada a la migración, Aguilera entiende que la ciudadanía necesita conocer qué se está conversando, bajo qué condiciones y qué consecuencias tendría para el país un eventual entendimiento con Washington. “No se ha hablado de cómo se va a realizar el tema de recibir a estas personas, qué cantidad de personas son, quiénes son los que vienen, en qué condiciones son los que vienen, cuáles son las bases de esos acuerdos bilaterales que se están manejando entre el gobierno de Uruguay y el gobierno de Estados Unidos”, afirmó.
La diputada refirió que la información es escasa, y junto a esto cuestiona la falta de claridad hacia la ciudadanía en cuanto a posibles acuerdos. “Considero que es parte también de una estrategia por parte del gobierno uruguayo de intentar congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos” afirmó Aguilera. Al mismo tiempo añadió que espera que “no sea una más de las tantas improvisaciones a las que lamentablemente nos tiene acostumbrado en este último año y medio de gobierno”.
«Puertas abiertas y las políticas migratorias«
En este contexto, manifiesta que hay un evidente divorcio entre lo que piensa la fuerza política, y lo que está realizando el Poder Ejecutivo. En este aspecto hizo énfasis a la posible deportación de nacionales cubanos hacia Uruguay y la negativa de la fuerza política gobernante al respecto. “Por supuesto que celebro las puertas abiertas y las políticas migratorias inclusivas que siempre ha tenido Uruguay. Lo que espero también es que el gobierno tenga ya diseñado un plan, un programa y acciones concretas y específicas para poder realmente integrar a la población migrante”.
Aguilera pone el foco no solo en los migrantes que ya residen en el país, sino en los que están por llegar dado el flujo migratorio actual y lo que ello implica en la regularización. “En estos momentos no podemos olvidar que tenemos más de 30.000 personas migrantes y solicitantes de refugio que se encuentran en Uruguay. Esas personas están en una especie de limbo migratorio porque no pueden acceder a una residencia permanente”.
Junto a esto hace referencia a que existe un proyecto de ley que ya fue presentado en el Parlamento y que aún no ha resuelto este tema. Aguilera ha defendido en cada oportunidad la regularización migratoria, a la vez que defiende las políticas inclusivas y con un marco normativo fuerte, dirigido al respeto pleno de los derechos y al reconocimiento de la población migrante del país.
Al respecto, resaltó el rol del país rioplatense en materia migratoria, que ha «vivido un aumento constante en los últimos diez años». Del mismo modo afirmó que esto ha llegado a ser un factor clave para asegurar la estabilidad del número de habitantes de Uruguay. Según el censo más reciente, el 3,5% de los habitantes de Uruguay tienen origen en el extranjero, lo que representa un total de 120.000 extranjeros residentes.
Ante las evidencias, es necesario fomentar el diálogo, explicó. “El gobierno debe interiorizarse y hacer un análisis crítico respecto de las cosas que no están funcionando en estas conversaciones, el divorcio entre el gobierno uruguayo y su fuerza política es evidente”.
Derechos humanos
Según organizaciones de derechos humanos, a partir de febrero de 2025, Estados Unidos ha incrementado notablemente su política de deportar personas a naciones con las que no tienen vínculos y de las cuales no son originarios. Esta regulación vulnera las protecciones legales que los individuos poseen antes de ser deportados. Asimismo, en numerosas ocasiones, está exponiendo a miles de individuos al riesgo de experimentar abusos de derechos humanos en el destino al que son conducidos.
“Hay países donde las personas corren riesgo en su integridad física, donde también puede estar en riesgo su familia, y donde existe represión y una situación de vulneración de los derechos humanos. Es bastante controversial que intenten deportar personas a sus países de origen cuando se conoce cuál es la situación política y económica que se está viviendo”.
Consultada sobre por qué se estaría considerando a Uruguay y qué debería garantizar el gobierno uruguayo, la legisladora remarcó que “este tema ha traído mucha controversia y opiniones divididas al respecto. Es un tema bastante complejo porque hay que tocar aristas como el derecho internacional, la soberanía nacional y las consideraciones humanitarias”.
También enfatizó que hay que tener presente que si hoy existe un diálogo sobre una posible recepción por parte de Uruguay es porque ya fueron objeto de conversaciones entre el gobierno estadounidense y sus países de origen para concretar su devolución, y en algunos casos esas gestiones no prosperaron.
Uruguay como receptor
En ese aspecto destacó la posición de Uruguay como receptor. “El hecho de que Estados Unidos pueda estar negociando con Uruguay muestra también una solidez democrática, un respeto por la libertad que existe en Uruguay, ese respeto a los derechos humanos, la integración y la inclusión. Para el mundo, Uruguay se vería como un país seguro y capaz de recibir personas de otros países”.
Teniendo en cuenta esto, subraya, que en estas negociaciones Uruguay debería verificar cuáles son los procesos de deportación, que se hayan respetado esos procesos, y verificar que no estemos ante una especie de deportaciones o expulsiones colectivas arbitrarias. “Esto no es solamente un tema de migrantes; es un tema de la sociedad uruguaya en sentido general, de todos los que vivimos en Uruguay, de todos los que aportamos, de todos los que trabajamos y de todos los que avanzamos”, manifestó.
Una oportunidad estratégica
Para Aguilera, la migración es una oportunidad estratégica para Uruguay, además de un tema de solidaridad e integración. “Uruguay es un país envejecido, con una tasa de fecundidad muy baja. En unos años, la carga de la seguridad social va a estar sobre los hombros de unos pocos, y la migración, en este sentido, aporta muchísimo”, señaló, aunque remarcó que siempre debe tratarse de una migración ordenada e integrada.
Uruguay fue construido desde su génesis por migrantes y hoy vive otra oleada migratoria: casi el 4% de la población actual no nació en el país y, según el Censo de 2023, el 51% de quienes nacieron fuera de Uruguay ingresaron entre 2012 y 2023. Aguilera insistió en que hablar de integración implica ir más allá de la cantidad de documentos entregados o solicitudes de refugio recibidas, y requiere medidas y planes concretos.
Un estudio de CERES de 2020 destacó dos aportes clave: el aumento de la productividad, ya que el 75% de los migrantes llega en edad laboral (frente al 57% del promedio mundial), y el impacto fiscal positivo, dado que la recaudación por sus aportes supera los beneficios sociales que reciben. El Banco de Previsión Social informó que, por primera vez en más de 100 años, más de 104.000 migrantes aportan al mercado laboral, representando el 6,5% de los cotizantes. La comunidad cubana es una de las que más creció en formalización: solo en 2025 se entregaron casi 14.000 cédulas a ciudadanos de origen cubano.
La diputada recordó, además, que Uruguay firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que compromete a los Estados a coordinar sus políticas fronterizas y de desarrollo para proteger la dignidad de los migrantes y canalizar la migración laboral de forma legal.
